Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- La administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha asumido un nivel de compromiso inferior al que han tomado diversas organizaciones de la sociedad civil, para cumplir los objetivos de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) que pretende establecer una nueva relación entre gobierno y sociedad, sostuvieron representantes de grupos civiles.

El objetivo principal del Acuerdo es promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia de los miembros que componen el Estado mexicano, combatir la corrupción institucional  y utilizar las nuevas tecnologías como mecanismo de apertura para lograr las metas planteadas.

No obstante que se han realizado avances en los objetivos antes descritos, estos han sido principalmente gracias al esfuerzo de diversas organizaciones civiles, por lo que éstas hicieron un llamado al gobierno federal y al Instituto Federal de Acceso a la Información y protección de Datos (IFAI), para reorientar los trabajos de la Alianza en México.

“El compromiso y la voluntad política en estos temas de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción no alcanza para el nivel de retos que estamos viviendo”, afirmó Haydeé Pérez, coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar.

La Presidencia de la República y el Congreso de la Unión han impulsado durante los últimos dos años reformas estructurales que pretenden fomentar el desarrollo nacional. Sin embargo se han quedado cortos en generar las normas legales que permitan cumplir gran parte de los 26 compromisos asumidos por el estado mexicano en la Alianza para el Gobierno Abierto.

Estos compromisos están contenidos en el Plan de Acción 2013 – 2015, agrupados en cinco ejes prioritarios:

Gobierno centrado en la ciudadanía.

Presupuesto abierto y participativo.

Datos abiertos para el desarrollo.

Empoderamiento y participación ciudadana.

Gobernanza de recursos naturales.

Organizaciones de sociedad civil que participan en la Alianza para el Gobierno Abierto explicaron a SinEmbargo que los avances en estas materias han sido a cuentagotas y aunque algunas dependencias y servidores públicos han entendido la importancia de impulsar estos temas, todavía existen otros funcionarios que se resisten a modificar la relación con la ciudadanía.

“Ahora toca la evaluación del impacto de los compromisos. Hay muchos temas que se están discutiendo ahorita, el sistema anticorrupción que parece que no va muy bien y que no muestra un verdadero compromiso [del Gobierno federal], la Ley General de Transparencia que puede ir bien pero tiene estas preocupaciones que son muy amplias”, comentó Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19.

En términos generales coincidieron en que el proceso va por buen camino en los tres años que lleva en funciones. Sin embargo, también reconocieron que existen áreas en donde los avances no han sido los esperados.

“Para decirlo con toda franqueza yo no veo todavía resultados significativos del tamaño del esfuerzo que hemos invertido, pero hay que poner siempre matices”, explicó Haydeé Pérez.

No obstante, las OSC consideraron que el cumplimiento completo de los compromisos implica un proceso de largo plazo.

REPLANTEAR ALIANZA PARA GOBIERNO ABIERTO

Las organizaciones de la sociedad civil presentaron al Secretariado Técnico Tripartita, integrado también por el IFAI y la Presidencia de la República, una propuesta para incorporar a los 26 compromisos pactados nuevas acciones que son de particular urgencia en respuesta al contexto político y social por el que atraviesa el país.

Los nuevos compromisos deberán ser cumplidos, junto con los acuerdos originales a más tardar en octubre de 2015, fecha en que México será anfitrión del encuentro global de Gobierno Abierto.

“En el planteamiento que estamos haciendo se incorporan a estos 26 alrededor de 36 compromisos adicionales que se van a incorporar en una sola herramienta o un solo plan de acción para noviembre de 2015 u octubre, en el caso de que así se convenga”, explicó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

El nuevo contexto se refiere a que se incluyan esfuerzos para fortalecer objetivos hacia seguridad, justicia y energía; sin descuidar el fortalecimiento del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.

La propuesta presentada ante el Secretariado Técnico Tripartita el pasado 15 de diciembre consta de los siguientes puntos:

• Incorporar al Plan de Acción 2015, que se encuentra vigente, los compromisos adquiridos en el Plan de Acción 2012 que requieren actualización o cumplimiento.
• Asegurar el estricto cumplimiento de los compromisos del Plan de Acción 2015 relativos a seguridad, justicia, energía y minería.
• Convocar a otras organizaciones para que se sumen al núcleo de sociedad civil de la Alianza para el Gobierno Abierto.
• Iniciar inmediatamente la integración de nuevas acciones y compromisos orientados a cambiar significativamente la vida de las personas y el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales.

Fuente: AGA

“Tenemos un dialogo fluido, hemos tenido avances significativos, relevantes, pero no todas las dependencias  han mostrado la misma disposición para lograr avances y esa es justamente la razón por la cual estamos haciendo este replanteamiento y porque creemos que hay condiciones, porque el contexto lo demanda, para que estas dependencias estos funcionarios se pongan a la par de otros que sí lo han hecho”,  explicó Alejandro González, director de Gestión Social y Cooperación (Gesoc).

COMPROMISOS A MEDIAS

Las organizaciones de la sociedad civil explicaron algunos casos en los cuales dependencias del Gobierno federal cumplen a medias o no cumplen con los acuerdos formulados.

Por ejemplo, uno de los compromisos es crear un “sistema de registro, búsqueda y localización de personas detenidas y aseguradas”, para que la población en general tuviera acceso a todos los datos estadísticos de los detenidos y asegurados en el país.

Asimismo, el registro debía contener información sobre las personas legitimadas, circunstancias y causas para realizar la detención. Todo esto en tiempo real con la participación de las policías estatales y municipales; la PGR y las procuradurías estatales; el Instituto Nacional de Migración; las secretarías de Gobernación, Marina y Defensa Nacional, entre otros.

“El compromiso inicial fue: un sistema de búsqueda en tiempo real, es decir en el momento en que te detiene la autoridad tendría que notificar al Ministerio Público que detuvo a alguien y después en el registro tendría que aparecer la hora en que el detenido es puesto a disposición de Ministerio Público”, detalló Ana Cristina Ruelas.

Sin embargo, este compromiso ha encontrado trabas en su definición.

“La única autoridad que se comprometió fue la PGR, entonces ellos dicen: nosotros solamente podemos dar cuenta del momento en el que el detenido se pone a disposición”, explicó la especialista de Artículo 19.

“Entonces tendríamos que ampliar este compromiso, que es una de las razones por las cuales creemos que hay que replantear el Acuerdo, a todas las fuerzas de tención: Policías, la Semar, la Sedena, etcétera”, agregó Ana Cristina Ruelas.

Otro compromiso cumplido a medias es “mejorar la base de datos de personas desaparecidas”, con base en el Reglamento de la Ley de Registro de Personas Desaparecidas.

Se acordó que con la participación de la sociedad civil se elaborara una base de datos estadísticos sobre número de casos, lugar de desaparición, información sociodemográfica, lugar de origen; estado del caso actualizado; y fotografías de las víctimas.

No obstante, tuvo que pasar un año desde que se anunció el tema para que las autoridades firmaran su compromiso para mejorar la Base de Datos de Desaparecidos.

“Ahora estamos en un proceso en el que necesitamos que cambien la metodología para los registros de la base de datos, porque hay más de un registro, no sabes quién es la autoridad investigadora, etcétera”, expuso.

Y es que la base que se tiene actualmente carece de información fundamenta como es saber qué agencia es la encargada de dar seguimiento a un caso o los  criterios para que se retire a un desparecido de la base de datos.

NUEVO DIÁLOGO SOCIEDAD-GOBIERNO

La construcción de una nueva relación entre sociedad y gobierno requiere la consolidación del Estado de derecho y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Por ello, consideramos que si bien los planes de acción 2012 y 2015 son vigentes, ya no son suficientes en un contexto como el que está viviendo el país.

Las organizaciones de la sociedad civil impulsoras de la Alianza para el Gobierno Abierto en México creemos necesario fortalecer la Alianza para responder a las exigencias y necesidades de las y los ciudadanos. Es importante reafirmar que la sociedad requiere transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana con perspectiva de derechos humanos y la Alianza debe ser un vehículo para conseguir estos objetivos.

“Estas son las nuevas formas de la construcción de la gobernanza en el mundo, es decir no estábamos acostumbrados a mecanismos multiactor en donde se sientan sociedad civil, gobierno y otros actores a construir compromisos planes y programas de trabajo”,

El Plan de Acción incorpora acciones y compromisos que, además de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, garanticen los derechos humanos, la verdad, el acceso a la justicia y el cumplimiento de la ley.

“Es necesario que pongamos el énfasis en la implementación de esos marcos normativos y que además apuremos al formación de otros que se tienen que articular con el sistema de transparencia y acceso a la información para que realmente pasemos a sistemas articulados e integrales que incluyan el combate a la corrupción, la rendición de cuentas”, reiteró Haydeé Pérez.

Otros compromisos alcanzados por el Secretariado Técnico Tripartita del 15 de diciembre es que se integrará en un solo Plan de Acción vigente el conjunto de los compromisos de Planes de Acción anteriores. El análisis de la vigencia de los compromisos del Plan de Acción 2012 será realizado por el IFAI y las organizaciones de la sociedad civil.

En el Plan de Acción 2015 se consideró especialmente relevante incluir el cumplimiento de los compromisos relativos con el sistema de acceso a la información para víctimas, el sistema de búsqueda y localización de detenidos, la base de datos de personas desaparecidas, así como los relativos a energía e industrias extractivas.

Se pidió ampliar el número de organizaciones de la sociedad civil que participan en la Alianza para el Gobierno Abierto. Para ello habrá una convocatoria abierta para incrementar el número de organizaciones que participan en el Secretariado Técnico Tripartita, en el seguimiento de los compromisos y en la construcción de las nuevas acciones.