El 31 de diciembre de 2015 deben concluir, por ley, las transmisiones analógicas de la televisión en México, pero el presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga, se opone.

“Estamos claros que el mandato constitucional habla del 31 de diciembre, pero lo que nos preocupa con los números arrojados en la ciudad de Monterrey es que miles de personas se quedaron sin televisión”, dijo el empresario en entrevista a Grupo Fórmula (21 de octubre 2015). “No queremos boicotear esto, sino defender el derecho de tener la televisión abierta”, agregó.

Previamente, el lunes 19 de octubre, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (la CIRT, que dominan las televisoras) dio a conocer un estudio realizado por Nielsen-Ibope en el que se asegura que el 16 por ciento de los hogares en Monterrey se quedó sin señales de televisión abierta. A su vez, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó el domingo 18 que no es el 16 por ciento, sino sólo el 10 por ciento. En todo caso las cifras son elevadas porque se habla de entre 472 mil y 645 mil personas afectadas.

Paralelamente, legisladores afines y no afines a la televisión comercial se pronunciaron sobre el asunto apoyando la petición de Azcárraga. El senador del PAN, Javier Lozano, presentó una iniciativa para postergar el apagón analógico un año más, hasta el 31 de diciembre de 2016. Por su parte, el senador del PRD, Zoé Robledo, hizo lo propio y propone retrasar el apagón analógico hasta el 30 de junio de 2016.

La “mano que mece la cuna” logró su propósito y colocó el tema en la agenda pública. Es un hecho que se postergará el apagón analógico, seis meses, un año o -ya con todo el “aparato político-comunicacional” a su favor- el tiempo que se desee. Televisoras y en general la clase política están de acuerdo en modificar la ley. Y próximamente lo estará el gobierno federal (por obvias razones) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

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Es cierto: Azcárraga movió los hilos para lograr su propósito, pero tiene razón. El caso de Monterrey demostró que la entrega de televisores digitales ha sido insuficiente para lograr que el mayor porcentaje de las familias esté preparada para el cambio tecnológico. Y el mismo problema se reproduce en el resto del país.

De acuerdo con datos del INEGI, a fines del 2014 más del 48 por ciento de los hogares no contaban con un televisor digital ni con servicio de televisión de paga. Es decir, 15 millones de hogares sólo recibían las señales de la televisión analógica. Si de estos 15 millones se descuentan los 9.4 millones de televisores que se han regalado y algunos miles de nuevos suscriptores de televisión de paga, de todas maneras quedan a la deriva  alrededor de cuatro millones de familias.

Los primeros responsables del desastre son los propios legisladores que aprobaron en la reforma de telecomunicaciones que fuese el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones (SCT), y no el IFT, la dependencia que adquiriera y distribuyera los equipos para abatir el rezago digital en los hogares.

Apoyado en una endeble justificación de ahorro de energía e impulso a la conectividad a internet, la dependencia a cargo de Gerardo Ruíz Esparza decidió otorgar televisores digitales en lugar de decodificadores. Primer gran error por el elevado gasto que implicaría: al menos 26 mil millones de pesos. Un gasto que sin embargo se recompensaría por la rentabilidad política para el partido en el gobierno, en vísperas de las elecciones de este año.

También decidió entregar los equipos sólo a los beneficiarios de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Segundo gran error porque excluyó a quienes no forman del padrón de esta dependencia y dejó a miles de familias también vulnerables con la responsabilidad de hacer la transición con sus propios recursos.

Al principio, se dijo que se entregarían 12.6 millones de televisores, cifra que representaba el 100 por ciento de los hogares en el padrón de la Sedesol. Luego, por los ajustes presupuestales, bajó la cifra a 9.4 millones de equipos, sin buscar otras alternativas para mantener el mismo porcentaje de penetración. Tercer gran error.

Al bajar a 9.4 millones de televisores, sólo se lograría entregar a 74.6 por ciento de los beneficiarios incluidos en el padrón. Con un porcentaje así se sabía de antemano que sería imposible cumplir con la obligación legal de alcanzar el 90 por ciento o más de los hogares de escasos recursos definidos por la Sedesol y con la fecha límite (agosto 2015) incluida en el programa respectivo de la SCT.

Una diferencia importante, evidente, que todos los involucrados conocían, pero que ignorarían hasta que llegase el momento más oportuno para actuar. Por eso, esta nueva historia de los medios no es producto de la falta de planeación, sino todo lleva a una acción premeditada.

El guión ya estaba escrito. Una abogada del sector, Fabiola Peña, me comentó en Twitter: “Estaba claro desde su inicio que iba a fracasar (se refiere al programa de entrega de televisores). Ahora actúan con la inocencia de quien no se lo esperaba”.

Independientemente de la calidad de nuestra televisión o si estemos o no de acuerdo con la posición de Televisa o Televisión Azteca, el Estado debe garantizar el derecho constitucional de acceso a los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones. Interrumpir estas transmisiones implicaría una afectación a las audiencias (por eso coincido en la necesidad de atrasar algunos meses el apagón) y paralelamente, obvio, a los intereses de las televisoras (cobertura, ratings y, como se precisará a continuación, extensión de los plazos para digitalizarse).

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Lo que no dice Azcárraga es que más allá de defender los derechos de la audiencia hay otra razón de muchos pesos para retrasar el apagón.

Televisa como Televisión Azteca han digitalizado sus transmisiones en la mayor parte de los canales ubicados en las grandes ciudades. Tan es así que el 86.31 por ciento de los hogares con televisión ya reciben al menos una señal de televisión digital y 76.05 por ciento al menos cuatro señales digitales, según el más reciente informe del IFT.

Es una cobertura amplia que ha implicado inversiones millonarias de las televisoras. No obstante, según el mismo reporte, 466 estaciones para señales complementarias (estaciones de baja potencia para cobertura social en regiones aisladas o marginadas) ni siquiera han iniciado el procedimiento administrativo ante el órgano regulador para digitalizarse. Es una cantidad muy elevada que pone en duda la “preocupación” del señor Azcárraga por sus audiencias, sobre todo las de menores recursos.

Según la Política para la Transición a la Televisión Digital (Diario Oficial de la Federación, 11 de septiembre de 2015), “todos los concesionarios de televisión y permisionarios de televisión en el país deberán realizar transmisiones digitales… a más tardar el 15 de agosto de 2015” (artículo 6). Esto no ha ocurrido en cientos de canales, a más de dos meses de la fecha establecida. Concesionarios y permisionarios (televisoras estatales) han violado la ley. Es también un tema relevante, aunque de éste poco se habla.

A lo anterior se suma el hecho de que no todas las televisoras públicas, sobre todo sistemas estatales, tendrían los recursos para transitar a nueva tecnología, pero tampoco nada hicieron para denunciarlo y evitarlo durante todos estos años (recuérdese que México inició su transición hacia la TDT desde julio de 2004).

Ya que se está por cumplir el plazo del apagón, la presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Culturales y Educativas, Susana Solís, denunció que no todas las televisoras estatales están listas para el cambio tecnológico, demandó más recursos para transitar a la televisión digital y, como Televisa, solicitó postergar el apagón analógico. Solís es la directora del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, estado que domina el PVEM, y excorresponsal de Televisa en la entidad. ¿Casualidad?

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Si se pospone el apagón analógico, habría repercusiones adversas en el proyecto de la red compartida en banda de 700 MHz, el lanzamiento de la nueva cadena de televisión (Cadena 3) y las próximas licitaciones de canales de televisión, pero, como decíamos, todo está decidido.

Lo que no queda claro es cuál podría ser la nueva fecha del apagón, cuánto dinero más nos costará a los mexicanos (¿más recursos? ¿en serio?) y si debe seguir la SCT como responsable del programa de equipamiento, pese a incumplir sus objetivos y gastar discrecionalmente tanto dinero. Son definiciones importantes que los legisladores tomarán en los próximos días, a partir de la influencia del presidente de Televisa y de otros actores, sobre todo de la industria mediática.

@telecomymedios

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