Álvaro Delgado Gómez
27/09/2022 - 12:05 am
Las manos sucias de Peña
"La manipulación del caso desde la noche misma en que sucedió, cuando el Gobierno de Peña tardó 10 días en comenzar la búsqueda de los jóvenes; la fabricación de la 'verdad histórica' con torturas para ocultar la participación de las Fuerzas Armadas, cuyo responsable confeso es Jesús Murillo Karam"
A ocho años de la Noche de Iguala ya se sabe a detalle lo que sucedió con los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa y lo que pretendió ocultarse desde la cúpula del Estado, pero la demanda debe ser que no queden sin castigo los crueles perpetradores ni los cínicos encubridores, civiles y militares, cuyo responsable principal es Enrique Peña Nieto.
La manipulación del caso desde la noche misma en que sucedió, cuando el Gobierno de Peña tardó 10 días en comenzar la búsqueda de los jóvenes; la fabricación de la “verdad histórica” con torturas para ocultar la participación de las Fuerzas Armadas, cuyo responsable confeso es Jesús Murillo Karam; la liberación de 120 perpetradores por parte de un mismo Juez; las filtraciones interesadas durante ocho años, y el desestimiento de las órdenes de aprehensión que obtuvo la Fiscalía General de la República (FGR) sólo exhiben la podredumbre de instituciones para que no haya justicia verdadera.
El informe de la Comisión de la Verdad difundido el 18 de agosto sobre la noche de Iguala, cuya lectura de sus ocho anexos también es fundamental para emitir una opinión documentada sobre lo ocurrido hace ocho años, lo ha documentado de manera inequívoca: Fue un crimen perpetrado por miembros del cártel de Guerreros Unidos coludidos con autoridades de los tres niveles de Gobierno y miembros del Ejército, cuya participación directa ocultó deliberadamente el General Salvador Cienfuegos y su jefe, el Presidente Peña Nieto.
El autor intelectual de la desaparición y asesinato de los 43 se sabe que es José Luis Abarca, Presidente municipal perredista de Iguala, y los parpetradores materiales pertenecen al cártel de Guerreros Unidos, cuyos vínculos con jefes del Ejército Mexicano en el negocio de las drogas motivaron que los criminales pudieran actuar no sólo con la pasividad, sino con la colaboración de los propios militares.
Este involucramiento directo de la institución castrense fue lo que ocultó Murillo Karam con su “verdad histórica” y que, como toda operación de Estado, tuvo el aval de Peña Nieto, el multimillonario expresidente que disfruta en España de su fortuna.
Si después de que ha sido exhibida todo la fabricación para el ocultamiento y de identificarse a los responsables sólo queda en tentativa la aplicación de la justicia y apenas se toca a Murillo Karam y a Tomás Zerón, habrá elementos para concluir que esta enfermedad nacional llamada impunidad nos seguirá matando como nación.
Por más relevante que sea la detención del General José Rodríguez Pérez, quien como coronel estuvo como comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y la del capitán José Martínez Crespo, si no se llega al General Secretario Cienfuegos, el jefe del Ejército en el sexenio pasado, habrá también un signo ominoso de impunidad.
Y si no se llega a Peña Nieto, quien fue el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y jefe del Procurador Murillo Karam, entonces el compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador de esclarecer y sancionar a los responsables del atroz crimen contra jóvenes mexicanos quedará quebrantado como Jefe del Estado.
Por ello, el Presidente López Obrador debe también identificar con nombres y apellidos a quienes están entorpeciendo y saboteando la justicia, así sea al fiscal Alejandro Gertz Manero y toda la estructura de la extinta PGR que dejó intocada para proteger a Peña Nieto en el caso Ayotzinapa y, además, en todos los caso de corrupción que lo involucran.
A Peña Nieto y a sus cómplices, ni perdón ni olvido.
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