Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).– Legisladores, activistas y académicos pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar una investigación exhaustiva para determinar qué pasó realmente en Tlatlaya, Estado de México, donde 22 personas fueron asesinadas, presuntamente ejecutadas por militares, al tiempo que reprobaron la actuación de Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por “su tibieza” para atender la investigación de forma imparcial.

Sostuvieron que el caso Tlatlaya será un “prueba de fuego” para diversas dependencias del Estado mexicano y particularmente para que el Ombudsman nacional demuestre que es capaz de defender los derechos de las víctimas.

“Es desafortunado el rol que hay tenido la CNDH hasta este momento en este caso, está a tiempo de recomponer el camino, de hacer una investigación exhaustiva y que no deje lugar a dudas. Tiene la oportunidad de jugar el rol de órgano defensor y protector de derechos humanos que está llamado a hacer conforme a la Constitución y conforme a las leyes mexicanas”, planteó Perseo Quiroz Rendón, director de Amnistía Internacional México, en entrevista para SinEmbargo.

El pasado 30 de junio, la Defensa Nacional informó que se registró en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, un enfrentamiento entre elementos del Ejército y presuntos integrantes del crimen organizado, con saldo de 22 civiles muertos.

No obstante, informes de medios de comunicación, que citan a una testigo, así como las inconsistencias del caso, hacen suponer que se habría tratado de una ejecución.

El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, anunció que el informe final sobre este caso será presentado a finales de octubre, pero adelantó que podría ser absolutorio la presunta ejecución de las 22 personas.

“Desde mi punto de vista, Plascencia se adelantó, pero se adelantó mal, porque no permitió un tiempo justo para llevar a cabo siquiera una mínima investigación, que sea creíble para los ciudadanos”, afirmó el doctor Gilberto Santa Rita Tamés, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.

Aún no está claro cuál ha sido el papel de la CNDH para atender a “Julia”, nombre por el que se conoce a la madre de Erika Gómez González, la menor de edad muerta en estos hechos, ni tampoco si ha dado seguimiento a los casos de “Patricia” y “Cynthia”, dos mujeres que en un principio se dijo que habían sido secuestradas por “el grupo criminal” y posteriormente fueron recluidas en un penal de máxima seguridad en Nayarit.

El doctor Gilberto Santa Rita Tamés, experto en derecho procesal penal, sostuvo que el desempeño de Plascencia en este caso demostrará cuál es su compromiso real con la defensa de los derechos humanos, porque hasta ahora “ha sido deficiente y decepcionante” su actuación.

“No ha actuado realmente como un Ombudsman, como un protector de los derechos humanos, como un defensor afiebrado y contundente en este caso tan grave. Derechos Humanos debería actuar como un órgano que presionase, siempre en el ejercicio de sus funciones, para la defensa de las víctimas”, detalló en entrevista.

Por su parte, el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Alonso Raya, recordó que pende de un hilo la posibilidad de impulsar un juicio político contra Plascencia, por su tibia actuación en diversos casos de interés nacional, como la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas o el asesinato de un niño en Chalchihuapan, Puebla.

“El presidente de la CNDH o se mete al fondo de la investigación, cuando menos para lavarse un poquito la cara, porque si sigue comportándose como se comporta, no va a poder seguir al frente de la CNDH, es más se le procederá a hacer juicio político si continúa comportándose como hasta ahora”, expresó el líder parlamentario a Sin Embargo.

INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA

Amnistía Internacional México celebró que con la detención de ocho militares que participaron en los hechos de Tlatlaya, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mande el mensaje a todos los militares de que no se tolerará ninguna violación a derechos humanos. Sin embargo, advirtió que en casos de esta importancia no cuentan las palabras, sino las acciones.

Por lo que su director, Perseo Quiroz, sostuvo que la PGR debe investigar de forma exhaustiva los acontecimientos que ocurrieron el 30 de junio, por que “muchos indicios parecen indicar que sí hubo esta ejecución extrajudicial”.

“Esta es la gran oportunidad que tiene la Procuraduría General de la República y que tiene esta administración para demostrar su compromiso con temas de derechos humanos. Ha dejado pasar varias oportunidades en tema de abolir el arraigo, de aceptar recomendaciones del Periodo Universal respecto a desaparición forzada, ésta no la puede dejar pasar”, dijo.

Agregó que la sociedad mexicana debe conocer con claridad que pasó en una bodega de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio pasado.

“Aquí tiene que haber una verdad bien definida, necesitamos saber como sociedad qué pasó en Tlatlaya. Por lo que tendrá que haber un proceso penal en contra de los responsables, un castigo ejemplar sobre todo una reparación del daño a las personas y a los familiares de esas personas que estuvieron involucradas”, detalló Perseo Quiroz Rendón, director de Amnistía Internacional México.

En tanto, el vicecoordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Cofiño, pidió que la PGR esclarezca los hechos. Sin embargo, consideró riesgoso adelantarse y hacer señalamientos, porque es una investigación que corresponde realizar a la PGR.

“Hay que sancionar a quienes hayan incurrido en un ilícito, pero antes hay que agotar todas las instancias del proceso, dijo el panista.

Por otra parte, el Senador perredista Alejandro Encinas, consideró que debe quedar perfectamente claro si existió manipulación de la escena del crimen por parte de elementos castrenses, si se sembraron armas y se disimuló la ejecución sumaria y quiénes fueron los responsables.

“Si empezamos a analizar el conjunto de fotografías que han dado a conocer distintos medios de comunicación, es evidente que la escena del crimen fue absolutamente alterada, como es el haberle sembrado armas a los cadáveres”, sostuvo.

“Todos los cuerpos tienen balazos en el pecho y cómo las manchas de sangre aparecen justamente al fondo de las paredes de la bodega, no se necesita ser un perito en la materia para ver este tipo de problemas y ver que se trató de una ejecución”, afirmó el Senador Encinas.

Asimismo, exigió que la PGR de a conocer, con toda precisión, la información plena sobre la identidad de las víctimas y de las personas detenidas para no seguir ahondando en la especulación.

“Debe de darse a conocer a qué organización criminal dicen que pertenecían, o si pertenecían a alguna organización política o a alguna organización social, o tenían vínculos con otro tipo de movimientos sociales”, apuntó el legislador.

CREAN GRUPO PARA INVESTIGAR

Entre tanto, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, anunció que el próximo martes 30 de septiembre se creará un grupo plural de trabajo para acompañar las investigaciones de las autoridades federales.

El líder parlamentario informó a SinEmbargo que el punto de acuerdo por el cual se solicita a la PGR que lleve las investigaciones hasta el fondo del asunto, se exige a la CNDH mayor participación en la defensa de las víctimas de este caso y la creación de este grupo plural de trabajo, fue aprobado en la Junta de Coordinación Política, y solo falta la firma del coordinador priista Manlio Fabio Beltrones para que se suba al pleno.

El Diputado Miguel Alonso Raya confió en que ninguna fuerza política tendrá excusas para que salga adelante este punto de acuerdo, debido a que este caso ha rebasado las fronteras porque fue denunciado por medios de comunicación internacionales y por la organización Human Rights Watch (HRW), por lo que consideró que se pretende dar más evasivas a la investigación, dejaría expuesta la falta de compromiso del Gobierno federal con los derechos humanos.

“No sé si [el Partido Revolucionario Institucional (PRI)] tenga voluntad política [de sacar adelante el punto de acuerdo] o no, pero no es un caso que puedan evitar que se investigue. No hay manera de que puedan evitar el asunto, puede ser que si estuviera en el ámbito estrictamente nacional  se hicieran ‘guajes’, pero como está ya es un escándalo internacional, por los organismos internacionales involucrados en la investigación, no veo cómo puedan evitar eso”, afirmó el líder parlamentario perredista.

Este tema debió haberse resuelto en la pasada sesión del jueves 25 de septiembre, sin embargo, el tema fue pospuesto para la sesión del próximo martes, aparentemente, sin un ánimo de frenar su presentación ante el pleno.

“A mí la explicación que me dan es que los compañeros del PRI, tanto Manlio como Añorve estaban en el sepelio del Diputado de Jalisco, entonces no habían firmado el acuerdo para pasarlo al Pleno, porque además consideraban que seguramente habría debate y era su intención estar para cuando menos dirigir a los compañeros, porque es un asunto delicado. Esa es la información que yo tengo”, explicó Alonso Raya.

En la otra Cámara, el Senador por el Estado de México, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció que varios legisladores analizan la posibilidad de crear una comisión que haga el seguimiento de la investigación, para que al menos pueda entrevistarse con “Patricia” y “Cinthia”, las dos mujeres detenidas en el penal de alta seguridad, para tener una información más apegada a la verdad.

MILITARES A TRIBUNAL CIVIL

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que este jueves fueron presentados 25 elementos del Ejército Mexicano, de los cuales ocho, siete soldados de tropa y un oficial fueron puesto a disposición del Juzgado Sexto Militar por su participación en los hechos ocurridos en Tlatlaya.

Los militares quedaron internos en la prisión adscrita a la Primera Región Militar, del Campo Militar 1-A , en espera de que la propia autoridad judicial militar sea la que defina su situación jurídica de acuerdo a la versión difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional.

No obstante, el Senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, demandó que sea la autoridad civil quien realice esta investigación, por lo cual la Procuraduría Militar debe poner de inmediato a disposición del Ministerio Público Civil a los ocho militares detenidos.

De la información proporcionada se desprende que la acusación que ha elaborado la Procuraduría Militar se refiere fundamentalmente a la alteración de la escena del crimen, no a la comisión de los homicidios.

“Pongo un ejemplo, una vez ocurridos e identificados los hechos, la autoridad militar debió haber puesto la escena del crimen a disposición del Ministerio Público Civil, para deslindar la jurisdicción correspondiente a la que debería de hacer el proceso de investigación”, dijo.

Detalló que al momento que la patrulla militar abandonó el lugar, éste quedó sin resguardo y no se pudo a disposición del Ministerio Público.

Y esto indudablemente es un hecho grave, recalcó, porque la escena del crimen se pudo haber alterado, porque estuvo sin resguardo alguno durante varias horas, según lo que ha registrado la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

Lo que llevó a suponer que en realidad se trató de una ejecución sumaria.

“Ninguna persona que haya participado en una confrontación a tiros y haya sido ultimada puede mantener el rifle en esa posición una vez muerto, como lo podemos encontrar en todas y cada una de las fotografías que hasta ahora se han venido haciendo públicas”, expuso.