Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).– La calle de Santa Cruz podría no ser más que un angosto pasaje empedrado, apenas suficiente para el paso de un automóvil mediano, franqueado por fachadas blancas y ocre. Pero se trata de la entrada principal al barrio homónimo, uno de los siete que forman parte de la delegación Iztacalco y que son considerados Áreas de Conservación Patrimonial, como lo indica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la demarcación.

Esa distinción les confiere la aplicación de normas y restricciones específicas para salvaguardar su fisonomía y conservar el patrimonio arquitectónico y sus sitios históricos o típicos, de acuerdo con dicho mandato.

Los vecinos del barrio Santa Cruz refieren que las casas de la calle Santa Cruz datan de finales del siglo XIX. Pintadas con colores que simbolizan la blancura de la sal y la oxidación cuando ésta entra en contacto con el agua –en una delegación cuyo topónimo significa, precisamente “En la casa de la sal”– las fachadas de las antiguas construcciones mantendrían una uniformidad completa si no fuera porque en la vieja casona del número 1, que en otro tiempo fungió como residencia y forrajería, la mitad de su muro bicolor fue derribado y en su lugar comienza a erigirse una nueva construcción.

Justo ahí, donde la representativa calle de Santa Cruz hace esquina con la bulliciosa avenida de La Viga, una triada de albañiles trabajan afanosos en una obra de la que apenas se adivinan la planta baja y un primer nivel.

Para vecinos del barrio de Santa Cruz como Tonatiuh Tufiño González, Gloria González Espinosa y María Guadalupe Coria Viveros, cuando advirtieron los trabajos de construcción, hace dos o tres meses, el asombro fue doble: no sólo se había derribado la fachada de un inmueble ubicado en una zona patrimonial, sino que además la Manifestación de Construcción que amparaba la obra había sido otorgado por otra delegación.

En una fotografía que tomaron de la lona donde se daba aviso de la Manifestación de Obra, se lee que ésta tenía el registro número RBJB-0190-09, clave que corresponde a la delegación Benito Juárez.

Al percatarse de ello, un grupo de vecinos acudió a las oficinas de la delegación Iztacalco para averiguar por qué se había autorizado la construcción y por qué tenia un registro correspondiente a otra demarcación, relata a SinEmbargo Tufiño González. Tras presentar su queja, a mediados de agosto, por lo que consideraban una edificación irregular, la obra se suspendió…por tres días.

Tras ese lapso, los trabajos de construcción se reanudaron, y desde entonces, dicen los vecinos, incluso se aceleraron, pues los albañiles trabajaban hasta los días domingo o llegaban hasta 20 trabajadores. Desde entonces, además, el aviso de la Manifestación de Obra se sustituyó, y en su lugar apareció uno con un registro correspondiente a la delegación Iztacalco.

Habitantes del barrio Santa Cruz inconformes con la construcción acusan que se trata de un acto de corrupción y colusión entre autoridades de la delegación, la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi), y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), instancia que les dijo que no tenia conocimiento de la obra.

PATRIMONIO EN RIESGO

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztacalco, publicado en 2008, refiere que el barrio de Santa Cruz, junto con el de La Asunción, es uno de los mejor conservados de la delegación y que se encuentra en la zona patrimonial del pueblo de Iztacalco. Dichos sitios “conservan vestigios históricos como su traza, pequeñas plazas, callejones y viviendas que ejemplifican la arquitectura histórica-vernácula”, consigna el documento, que es donde se estipula la ordenación territorial de la demarcación.

El mismo programa señala que los siete barrios del pueblo de Iztacalco se consideran zona patrimonial y por tanto están bajo la figura catastral de Áreas de Conservación Patrimonial.

Estar dentro de dicha figura implica, entre otras disposiciones, que la construcción de obra nueva “se deberá realizar respetando las características del entorno y de las edificaciones que dieron origen al área patrimonial”, se lee en el Programa. Dichas características pueden referirse a la altura, aspecto y acabado de las fachadas, alineamiento y desplante de las construcciones.

Asimismo establece que “no se autorizarán cambios de uso o aprovechamiento de inmuebles construidos, cuando se ponga en peligro o modifique la estructura y forma de las edificaciones originales y/o de su entorno patrimonial urbano”.

El pasado 21 de agosto, los vecinos de los barrios Santa Cruz, San Pedro y Santiago Sur enviaron un escrito a la delegación solicitando información sobre la obra en Santa Cruz 1. En respuesta, el director de Desarrollo Urbano y Licencias de la delegación Iztacalco, Alberto Trejo Villafuerte, les informó que el 23 de mayo de 2014 se había tramitado ante esta instancia un Registro de Manifestación de Construcción Tipo B.

De acuerdo con el Catálogo Único de Trámites y Servicios del gobierno capitalino, una Manifestación de Construcción Tipo B se expide para usos no habitacionales o mixtos de hasta 5 mil metros cuadrados o de hasta 10 mil metros cuadrados para uso habitacional o vivienda habitacional en zona de riesgo.

En su contestación, cuya copia tiene SinEmbargo, Trejo Villafuerte refirió también que el predio contaba con un Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, otorgado por la Seduvi el 17 de abril de 2013. Conforme con dicho certificado, a la obra se le había concedido la Norma de Ordenación sobre Vialidad para la Calzada de La Viga, tramo d-e, que comprende de Viaducto Río de la Piedad a Playa Pie de la Cuesta (Eje 6 Sur).

El Certificado Único de Zonificación deUso de Suelo se expide a petición de quien lo solicita y no implica una autorización de obra, sino que sólo describe el tipo de suelo que tiene un predio determinado, de acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano.

La Norma de Ordenación sobre Vialidad que se le concedió al predio avala una construcción de hasta cinco pisos de uso habitacional, mientras que en el resto de la zona el nivel máximo permitido es de tres, conforme con el Plano de Divulgación de la delegación Iztacalco.

Sin embargo, en el mismo plano se ubica a ese predio dentro de una zona patrimonial.

A pesar de eso, la Seduvi expidió el Certificado de Zonificación basado en esa norma.

Aunque la delegación Iztacalco resaltó en su respuesta a los vecinos que dicho certificado fue entregado por la Seduvi, no subrayó que, de acuerdo con el artículo 53 del Reglamento de Construcción para el Distrito Federal, para expedir una Manifestación de Construcción en Áreas de Conservación Patrimonial se requiere un dictamen técnico de la Seduvi, así como una licencia del INAH.

Los vecinos del barrio Santa Cruz aseguran que el área en que se encuentra el predio de Santa Cruz 1 fue catalogada en 1995 como zona patrimonial por el INAH.

Asimismo señalan que al acercarse al INAH para saber si había autorizado el derribo de la fachada de Santa Cruz 1 y la construcción de un inmueble de cinco pisos de altura, el Coordinador Nacional de Monumentos Históricos del INAH, Arturo Balandrano, les dijo que la instancia a su cargo no sabía de dicha obra. No obstante, se comprometió a revisar el caso y envió una supervisión ocular, relatan los vecinos.

“Esta supervisión nada más nos comentó que había dos posibilidades: seguir la construcción, hacerla nada más de tres pisos y venderla entre los habitantes, pero nadie quiere una construcción. Otra opción sería la demolición total y dejar como antes, pero nos dijo que era un proceso muy largo…Teníamos que conseguir abogados para que se fuera tratando de forma minuciosamente”, relata Tufiño González.

SinEmbargo buscó al arquitecto Balandrano, pero el área de Comunicación Social del INAH informó que el funcionario se encontraba de comisión fuera de la ciudad y no era posible contactarlo. Tampoco fue posible localizar en su oficina a Trejo Villafuerte.

Tufiño González refiere que los vecinos inconformes con la construcción de Santa Cruz 1 también han denunciado las irregularidades en la autorización de la obra ante la Seduvi, el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Invea) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Ninguna de esas instancias les ha respondido.

“Es una corrupción tanto de delegaciones, como del Invea, de todo mundo, porque todo mundo se echa la bolita. Seduvi, delegación, y nadie sabe, nadie supo, pero la construcción se está haciendo”, critica Gloria González Espinosa, nativa del barrio Santa Cruz.

De parte de la delegación Iztacalco lo que han recibido son evasivas sobre su responsabilidad, consideran. Al igual que el INAH, una de las primeras respuestas que las autoridades delegaciones les dieron fue que no tenían conocimiento de la obra.

María Guadalupe Coria Viveros, una de las vecinas inconformes y quien forma parte del Consejo de los Pueblos y los Barrios Originarios del Distrito Federal, expone así su enojo sobre esa postura omisa: “Si tú quieres hacer un arreglo en tu banqueta, ya está la patrulla, el albañil y todo mundo, porque estás dañando la banqueta. Aquí hubo demolición, hubo excavación, cerraron La Viga para sacar el escombro, ¿y nadie sabe nada?”, cuestiona.

“Y la delegación te dice: ‘Ah sí, ya sabemos que está esa construcción. ¿Así te responde?’”, expresa indignada.

EL TEMOR DE UN PUEBLO ORIGINARIO

Gloria González Espinosa, al igual que Coria Viveros, son integrantes del Consejo de los Pueblos y los Barrios Originarios del Distrito Federal, la instancia oficial del gobierno local para representar a los pueblos y barrios originarios de la capital del país. Pero ambas acusan que dicho organismo ha sido omiso ante las problemáticas de las comunidades originarias provocadas por el desarrollo inmobiliario.

El pueblo de Iztacalco, fundado en 1309, antes que la ciudad de Tenochtitlán, ha quedado enclavado en la urbe, pero habitantes como Ángel González Espinosa, hermano de Gloria, así como Coria Viveros y Tufiño González dicen que la comunidad ha conseguido mantener su identidad y el arraigo a sus tradiciones.

La construcción de un inmueble en la zona patrimonial del barrio que habitan es una preocupación no sólo por las posibles irregularidades que advierten en su autorización, sino porque consideran que la eventual llegada de inquilinos foráneos, que no conocen ni comparten su cultura, puede ser un riesgo a su forma de vida. También les inquieta que la llegada de más habitantes a la zona derive en el desbasto de agua o conlleve problemas de inseguridad.

Coria Viveros agrega otra preocupación: que les pase lo mismo que le ocurrió a los habitantes del pueblo de Xoco, que quedaron reducidos por una obra inmobiliaria de gran envergadura, la Torre Mitikah.

“Les hicieron un emporio de habitaciones donde estaba Banamex, porque nadie hubo quien lo defendiera. Eso es lo que no queremos nosotros que al rato nos pase”, expresa.