Jorge Alberto Gudiño Hernández
27/07/2019 - 12:05 am
Peor que una reelección
El posible precedente de Baja California lesiona la democracia justo por eso: porque abre la puerta a ampliaciones por doquier.
No se me ocurre ningún argumento a favor de la ampliación de mandato en Baja California. Salvo que, claro está, considere el deseo de poder de quien gobernará el estado. Se sabía que el periodo sería de dos años, de eso no hay duda. Se podrá decir que es un periodo muy corto, que apenas daría tiempo de tomar las riendas de la entidad cuando ya tendría que estarse entregando el puesto, que es un sinsentido hacer elecciones tan sólo por dos años con miras a igualar los procesos electorales. Algo hay de razón en ello. Sin embargo, desde antes de las votaciones se sabía que esa gubernatura sólo duraría dos años. Y eso es importante. Los electores votaron por eso. No se puede ampliar el plazo sólo por un capricho. Ni siquiera si los legisladores, coludidos o no, reforman esas leyes pues es un acto que no sólo atenta contra la Constitución sino contra la democracia.
Se dice que Salinas quiso reelegirse, que sondeó el terreno para ver si era posible. Se dice, también, que López Obrador pretende lo mismo, pese a sus múltiples declaraciones. Como asunto anecdótico, quedará su compromiso notariado. Sólo que, al igual que muchos de estos compromisos de sus antecesores, el documento dará fe de lo que dijo, pero no es vinculante a la hora de llevarlo a proceso. Confío en que la reelección es algo casi imposible en este país. Pese a ello, lo que está sucediendo en Baja California es incluso más grave. Me explico.
Para reelegirse, serían necesarios procesos electorales. En otras palabras, que se convocare a nuevas elecciones en las que, por medio de algún artilugio legaloide, uno de los candidatos fuera el propio Gobernador o Presidente en turno. Algo similar (si se quitan los artilugios) a lo que sucede en otros países, donde el gobernante se postula para un nuevo periodo. Entonces, el electorado tendría la posibilidad de otorgar otro periodo al mandatario en turno. Eso, aunque lesionaría el espíritu antirreeleccionista de nuestro país, implicaría que se volviere a votar por él y, en las urnas, bien podría perder quien ya ha gobernado.
El asunto de la ampliación de mandato es mucho más grave. Bastaría con que el Congreso (local o federal), bajo argumentos varios, decidiera que el periodo de gobierno se ampliare. No se requiere del voto de los electores, tampoco de nuevas campañas o del refrendo de un mandato (seamos optimistas) exitoso. Bastaría con convencer a unos cuantos para que la mayoría se diere. Entonces, el periodo se podría ampliar dos, tres, diez o veinte años, sin importar por qué se votó originalmente.
El posible precedente de Baja California lesiona la democracia justo por eso: porque abre la puerta a ampliaciones por doquier. No pensemos sólo en presidentes sino en todos los cargos de elección popular. Basta un gobernante con poder, con una bancada a su favor o con la suficiente capacidad de operación política, para perpetuarse en el cargo. Sin la necesidad de nuevas elecciones. Tan sólo por un decreto o un mandato. Eso es lo verdaderamente grave.
Confío en que pronto lleguen las controversias constitucionales a la Suprema Corte. Confío en que ésta haga bien su trabajo y eche para atrás este intento por lesionar a la democracia o por perpetuar en el poder a quien consigue convencer (por las buenas o por las malas) a unos cuantos. Confío en ello porque, de lo contrario, nos enfrentaríamos a algo mucho peor que la reelección. Algo que podría traducirse como la simple y llana perpetuación en el poder. Y ya que estoy en el campo de la confianza, me parece que, más allá de declaraciones sin profundidad, sea el propio ejecutivo federal quien sume fuerzas con los inconformes. ¿A poco no sería una buena idea que la controversia constitucional la interpusiera en propio Presidente?
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