La mitad de las víctimas de ataques con ácido son mujeres de entre 20 y 30 años de edad. Además, el 59 por ciento tenía o había tenido una relación sentimental con su victimario.
Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).– Carmen Sánchez luchó por años para que detuvieran al hombre que intentó matarla arrojándole ácido en 2015. Después de siete años de presionar y exigir que las autoridades cumplieran su trabajo, Efrén “N” finalmente fue capturado y el próximo 8 de julio se realizará la audiencia intermedia que podría dar pie a la apertura del juicio en su contra, en el cual, la ahora activista espera que se le dé pena máxima y así sentar un precedente en el país.
Su caso no es el único. En México, al menos 22 mujeres han sido víctimas de agresiones con un agente químico corrosivo desde el año 2001, según datos documentados por la organización civil Fundación Carmen Sánchez e información hemerográfica consultada por SinEmbargo. Tan sólo en lo que va del año se han registrado cuatro ataques de este tipo —dos en Coahuila, uno de Puebla y otro en Veracruz—, un 33.33 por ciento más que los registrados en todo el 2020.
Ante esta situación, activistas y víctimas luchan por que estas agresiones —que aún siguen “invisibilizadas” a pesar que los casos van en aumento— sean tipificadas en el Código Nacional Federal como un delito único con penas severas y que se homologue en todos los estados del país.
De acuerdo con los datos analizados por la Fundación Carmen Sánchez, la mitad de las víctimas mujeres tenían entre 20 y 30 años de edad al momento del ataque. Además, el 59 por ciento tenían o habían tenido una relación sentimental con su victimario. Otro dato es que, en al menos cuatro casos, los ataques fueron tumultuarios, es decir perpetrados por más de dos personas.
Estas cifras provienen de la información recopilada de los ataques que trascendieron en los medios de comunicación y principalmente de los que la organización ha documentado, sin embargo, las activistas no descartan que la cifra de mujeres víctimas sea mucho mayor y que exista una alta cifra negra, sobre todo en años anteriores.
“Desafortunadamente en México no hay cifras oficiales del número de víctimas atacadas con ácido, ni el sector salud, ni las autoridades judiciales tienen cifras”, explicó Ximena Canseco, investigadora de la Fundación Carmen Sánchez en entrevista con SinEmbargo.
Un nuevo testimonio que llegó a la Fundación Carmen Sánchez da cuenta de ataques que se registraron en el Sistema Colectivo Metro hace al menos 20 años y que, de acuerdo al relato de la víctima, establece que pudieron ser varios, de los cuales no hay registro.
Se trata de Marina, quien fue atacada con ácido hace casi 20 años por un hombre desconocido que, de acuerdo con su testimonio, era una persona que rociaba la sustancia corrosiva a los glúteos de algunas mujeres.
La joven mujer relató que ella se encontraba en el Metro Tasqueña y cuando iba por las escaleras para transbordar a la Línea 1 sintió un picor y que algo le quemaba en los glúteos y parte de la pierna. Luego volteó y vio a un hombre escapar a toda prisa. Marina narró que cuando ella fue agredida y después se acercó a los policías para notificar el ataque, la anotaron en una libreta en la que, al parecer registraban o escribían reportes similares, pero de los cuales jamás se informó.
VIOLENCIA EXTREMA
Carmen Sánchez, víctima y activista, explicó que los ataques con ácido son una muestra de violencia extrema y devastadora. “Un ataque con ácido es una muerte en vida, es una violencia terrible que no debe de existir”, detalló.
La mayoría de los ataques van dirigidos al rostro, debido a los roles y estereotipos de género que consideran que el valor de las mujeres depende de su belleza y de su aspecto físico.
“Eso habla de las situaciones relacionadas con misoginia, desprecio hacia los cuerpos y a la vida de las mujeres”, explicó la investigadora Ximena Canseco.
María Elena Ríos, la joven saxofonista que fue atacada con ácido en septiembre de 2019, señaló en entrevista que estas agresiones son sinónimo de odio y buscan acabar con la vida de la mujer.
“En mi caso fue por un acto misógino por no querer continuar en una relación en la que me humillaban y me violentaban tanto física como psicológicamente […] Son heridas que ponen en riesgo a tu vida, que te queman por dentro y fuera”, compartió.
Ximena Canseco y Carmen Sánchez proponen una conceptualización de los ataques con ácido como un tipo específico de violencia feminicida porque, según explicaron, no solamente pone en riesgo la vida de las mujeres en el momento del ataque, sino en los meses y años posteriores por el tipo de secuelas tanto físicas emocionales y también económicas a las que se enfrentan.
Además, porque estas agresiones no representan casos aislados ni excepcionales, sino una expresión extrema de violencia de género y el resultado de un cúmulo de violencias que las mujeres experimentan a lo largo de su vida.
La mayoría de los ataques documentados por la Fundación Carmen Sánchez fueron realizados por exparejas o parejas de las víctimas que previamente padecían violencias físicas, emocionales, económicas, sexuales. Uno de los aspectos que más ha alertado esta organización es que gran parte de estos crímenes se efectuaron cuando las mujeres rompían con esas relaciones.
“Estos ataques son la punta del iceberg. La violencia ácida expresión más visible de la violencia extrema, de misoginia, de odio y de control sobre los cuerpos, las vidas y las decisiones de las mujeres. Los hombres violentos sienten que son dueños de ellas”, explicó Canseco.
¿Y LA JUSTICIA?
Las víctimas no solamente tienen que enfrentar la violencia machista y padecer el indescriptible dolor físico, el daño psicológico y la carga económica que dejan estos ataques, sino que también tienen que lidiar y sufrir la violencia institucional.
El 90 por ciento de los casos de ataques con ácido en México están en la impunidad y en los pocos casos con procesos abiertos, las investigaciones están paradas.
El ataque de Elena Ríos fue mediático y con seguimiento por la prensa, sin embargo, a la fecha hay un quinto implicado en el crimen—el hijo de su ex pareja sentimental, un exdiputado y político del PRI— el cual no ha sido detenido a pesar de contar con una orden de aprehensión. Elena no se explica por qué no lo han capturado si el agresor anda en la calle sin pena.
“Yo lo he visto en carretera y anda como si nada, sin cubrebocas. ¿Hasta dónde es el poder o el compromiso con quién para que él ande así? Es tan injusto y a mí me da mucha pena e impotencia porque no soy la única”, explicó Elena.
Y añadió: “Me da mucha impotencia porque todos los días que me levanto lo primero que hago es mirar al celular y ver si tengo un mensaje o llamada de la Fiscalía donde me digan que ya lo detuvieron, pero no. Tengo un pésimo y amargo sabor de boca con el exfiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, porque a lo único que se dedicó fue a encubrir y ser un cómplice de mis agresores y no solamente de los míos. Dejó muchísimas cosas impunes”.
Carmen Sánchez detalló que a la fecha sólo se ha emitido una sentencia contra un agresor, pero fue un fallo insuficiente porque la carpeta se integró como intento de homicidio y el hombre al declararse culpable en un juicio abreviado recibió una pena menor. Se trata del agresor de Martha Avila, exyerno de la víctima que recibió una condena de siete años de prisión, misma que en tres años va a cumplir.
“Martha está muy preocupada. Teme por la vida de su hija, quien era el blanco inicial del agresor, el cual, al no encontrar a su expareja atacó a Martha”, relató Carmen.
Elena Ríos añadió: “Las leyes no están organizadas de una manera idónea para nosotros las víctimas”.
Ximena Canseco detalla que Elena no es la única decepcionada de una deficiente procuración de la justicia. “Las víctimas se topan con procesos larguísimos y dolosos. Tienen que estar tocando puertas, buscar alianzas, exigir justicia, buscar los servicios médicos. Todo eso ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de salud y judiciales ante una violencia tan devastadora”.
Aunado a la violencia institucional también padecen de una exclusión social y discriminación laboral.
“Es muy difícil para ellas poder volver a retomar el proyecto de vida que tenían antes de sus ataques; la mayoría de ellas no tienen trabajo, como es el caso de Esmeralda Millán, que ya no pudo conseguir un trabajo desde que fue atacada con ácido hace tres años. No solamente su situación de salud es crítica sino su situación económica porque de ella dependen dos niñas”, explicó Sánchez.
“Nosotras como agredidas perdemos nuestros trabajos, muestras fuentes de empleo. Pedir justicia implica un esfuerzo económico y físico que muchas veces no lo tenemos”, abundó Elena Ríos.
LA INVISIBILIZACIÓN
María Elena y Carmen Sánchez explicaron que los ataques con ácido no han sido visibilizados y al día de hoy no hay una ley que proteja a las víctimas.
“ No tenemos una legislación que nos ampare de este tipo de intentos de feminicidio, porque eso son. No son agresiones cualquiera no son lesiones que se curan en 15 o 20 días, eso no es cierto”, dijo Ríos. “Los ataques están en aumento y a las autoridades es importa nada”, sentenció Sánchez.
La mayoría de las entidades federativas no cuentan con una tipificación específica para las agresiones con sustancias corrosivas y/o ácidos.
Ximena Canseco explicó que cuando una mujer sufre este tipo de violencia, la clasificación se deja a consideración del Ministerio Público, lo que ha provocado que en la mayoría de las carpetas estén llenas de omisiones que atrasan u obstaculizan los procesos de acceder justicia, pues los agentes del Ministerio Público, en algunos casos, integraban las carpetas de investigación como violencia doméstica e incluso llegaron hasta integrarlas como lesiones simples, delitos que son catalogados como no graves.
“Por ejemplo, en el caso de Carmen, en su momento el médico legista asentó en la carpeta de investigación que eran lesiones simples que no tardan en sanar más de 15 días menos y no ponía en peligro su vida; cuando ella fue quemada y ha tenido más de 61 cirugías. El caso de Carmen no es un caso excepcional: las demás carpetas de investigación tienen más o menos las mismas inconsistencias”, dijo.
En el mejor de los casos los catalogaron como intentos de homicidio, pero las penas para este delito son muy bajas. “Los tipos pueden salir hasta en ocho años y regresa tu intranquilidad. ¿Dónde está la justicia, dónde está la reparación del daño del que tanto hablan?”, explicó Elena Ríos.
Hoy en día sólo en los estados de Baja California Sur, Oaxaca y San Luis Potosí el ataque con ácido está tipificado como agravante del delito de lesiones a mujeres en razón de género; mientras que, en Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Aguascalientes son sólo agravantes del delito de lesiones en general.
Las activistas buscan que estos crímenes se tipifiquen como un delito autónomo en los códigos estatales y el Código Federal, lo que implicaría que tenga sus propias penalidades y agravantes.
“Es importante que dentro de todos los vacíos y en la legislación se reconozca la figura jurídica del delito con sus propias agravantes, que una de esas agravantes sea mujer, que el ataque vaya dirigido al rostro, que se pierda la función de alguna parte del cuerpo o algún órgano, que esté embarazada, que sea una persona menor de edad, que haya sido un ataque tumultuario y que haya sido en presencia de otras personas”, Ximena.
El exigir justicia y visibilizar la violencia con ataques de ácido también implica un temor extra para las víctimas, quienes de pronto tienen miedo que “les den ideas a otros agresores” para hacer este tipo crímenes que en su mayoría están impunes.
Es por ese motivo que la principal demanda de las víctimas es que las autoridades combatan y castiguen ejemplarmente, porque señalan que la violencia es pedagógica para los violentadores.
“Las fiscalías, al no detener a los agresores ni hacer juicio con una perspectiva de género también están lanzando un mensaje a todos los hombres que están allá afuera de que pueden violentar”, abundó Ximena Canseco.
