El sábado por la noche, los padres de los 43 fueron agredidos cuando viajaban a bordo de un autobús de pasajeros en Cuernavaca, con rumbo a la Ciudad de México, por al menos dos sujetos que se trasladaban en un automóvil particular. Los padres denunciaron el intento de interceptar la unidad en la que viajaban y el posterior ataque con piedras. Además responsabilizaron de la agresión al Gobierno federal, pues dijeron, «ha omitido adoptar medidas de protección» dictadas por la CIDH.
Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo/El Sur).- Antes del ataque al autobús del servicio público que usan los padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, cuando se trasladaban a la acción global que realizan los días 26 de cada mes en la Ciudad de México, varios recibieron amenazas telefónicas de que serán atacados en uno de sus traslados y que el hecho pasará como un accidente carretero, denunció el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica sobre la agresión que se denunció en redes sociales la tarde del sábado, indicó que hace dos meses han recibido amenazas verbales y de texto, en el sentido de que se van a matar, y aún valoran si presentan un demanda penal.
Sin embargo, informó que presentarán el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en función de las medidas cautelares que el organismo otorgó a los 43 estudiantes desaparecidos y los heridos, que debía extenderse a los padres de familia.
Según la información difundida en internet y el recuento de los hechos, el sábado, entre 7 y 8 de la noche, cuando los padres transitaban por el bulevar que atraviesa Cuernavaca, rumbo a la Ciudad de México, en el autobús de la empresa Estrella de Oro, número 1506, un coche de modelo reciente, tipo Sentra, con placas de la capital del país, intentó cerrarles el paso. No lo logró porque el conductor aumentó la velocidad.
Sin embargo, antes de salir de la ciudad, sobre la misma vía, estas mismas personas (dos o tres) se adelantaron por otra vía y ya los esperaban. De frente, comenzaron a lanzar piedras al autobús en movimiento, y le quebraron dos cristales de lado izquierdo. Vidulfo Rosales explicó que por la velocidad a la que iba el autobús los cristales se estrellan por el impacto de los objetos que lanzaron los agresores.
En ese momento, el camión paró y los padres bajaron para intentar encarar a los agresores pero que éstos huyeron en su automóvil.
Ayer, los padres denunciaron a través de sus redes sociales que han sido víctimas de diversas amenazas, sin embargo no les habían dado importancia.
«Cabe destacar que en días pasados los padres recibimos mensajes anónimos en el que nos advertían que seríamos agredidos cuando estuviéramos viajando y aparentarían un accidente. Información que no se le dio mayor importancia», escribieron a través de sus redes sociales.
Por su parte, el abogado Vidulfo Rosales confirmó que en días pasados (dos meses en promedio) los padres recibieron mensajes anónimos donde les advierten que serían agredidos cuando vayan viajando y que todo parecerá un accidente. “Básicamente les dicen que los van a matar”, subrayó.
Rosales Sierra aclaró que al principio no le dieron importancia porque desde los crímenes y la desaparición forzada de los normalistas en Iguala, padres, dirigentes y alumnos han recibido llamadas para inhibir sus protestas por la presentación de los 43.
También son vigiladas sus conversaciones telefónicas, algunas de las cuales se han difundidas en medios nacionales, para intentar desacreditar el movimiento.
Responsabilizaron de esta agresión al autobús al gobierno federal, que omitió dar protección a los padres y estudiantes aún cuando existen medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Parte de estas garantías es que la Procuraduría General de la República realice una investigación pronta e imparcial para dar con los responsables de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y que adopten medidas de protección concretas para los padres.
Señaló que a partir de estos hechos, las alarmas están encendidas y hay preocupación. No obstante, ratificó que no los van a detener, los padres continuarán demando en diferentes lugares la presentación con vida de sus hijos.
Por su parte, los padres exigieron una investigación «pronta e imparcial» para dar con los responsables. «Responsabilizamos de la misma [agresión] al Gobierno federal, ya que ha omitido adoptar medidas de protección, aún cuando tenemos medidas cautelares de la CIDH», recriminaron.
Ayer, los padres de los 43 encabezaron una marcha en la Ciudad de México a 21 meses de la desaparición de sus hijos en Iguala, Guerrero.
Los padres y madres de los estudiantes se alinearon ayer por la tarde frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) con las fotos de sus hijos de frente, donde exigieron la destitución de Tomás Zerón de Lucio, Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por ser señalado en la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Además, denunciaron la falta de resultados en la investigación.
“A la fecha no hay justicia, pero hay dignidad de la lucha de los padres de familia que nos han enseñado cómo luchar cuando se mancillan los derechos”, comentó su abogado Vidulfo Rosales.
“A otro mes, ya 21 meses, no hemos tenido respuesta. Parece que no les interesa darnos respuestas. No hay nada”, dijo Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González.
Los padres de los 43 también hicieron hincapié en el hartazgo que sienten por la incapacidad del Gobierno para atender sus peticiones.
“No nos dan respuestas, sólo nos llevan en puras reuniones y no ha habido un avance, verdad, nada. Estamos también con los maestros. Donde perdieron la vida unos compañeros de forma tan lamentable. Entonces, nosotros les pedimos seguir adelante. Nosotros también vamos a seguir mientras haya la posibilidad de ver a nuestros hijos con vida”, agregó Navarrete.
-Con información de Lourdes Chávez de El Sur
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