En una cosa coincidían los partidos de oposición sentados en la mesa del Pacto por México con el gobierno federal: había que quitarle poder a los gobernadores. Así, en todas las grandes reformas del Pacto le dieron un llegue al poder omnímodo de los nuevos señores feudales. En la educativa les quitaron el fondo para el pago a maestros federalizados, que en la práctica era una caja chica con amplios márgenes de discrecionalidad. En la hacendaría le pegaron a los fondos petroleros, en la electoral les quitaron el control de los órganos estatales electorales. El poder regresó al centro y regresó compacto a una presidencia revitalizada. Simultáneamente el secretario de Hacienda endureció los criterios y las reglas de operación de todos los fondos y el secretario de gobernación hizo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) algo tan triste y débil que nadie ha vuelto a hablar de ella en año y medio.
Pero parece que el momento de la venganza de los gobernadores ha llegado, y el que va a pagar los platos rotos será en Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo con el calendario aprobado por la reforma político electoral el lunes vence el plazo para que los 32 estados hagan las adecuaciones constitucionales para que estas sean válidas para el proceso electoral 2015, que formalmente arranca en el mes de octubre (estas deben ser aprobadas con 90 días de anticipación para que sean aplicables). A diez días de que venza el plazo solo tres estados ya terminaron la tarea.
Con la maravillosa reforma que idearon desde el centro los dirigentes de partidos políticos y gobierno federal, los gobernadores y los congresos locales ya no podrán meter las manos en la elección de consejeros de los organismos locales, pero sí tendrán que pagar la nóminas. Podemos, en principio, estar de acuerdo en que es muy sano sacar a los poderes locales de la organización de las elecciones. A los grandes ideólogos de las reformas se les ocurrió, además, cambiar las fechas de las elecciones a un mes antes y homologarlas en todo el país, un asunto con el cual también en principio podemos estar de acuerdo. Pero, lo que al parecer no calcularon los operadores es que ese tipo de reformas implica que se hagan cambios en las 32 constituciones y que ello implica no solo el voto de dos terceras partes de Congresos locales, sino que cada una de las reformas estatales debe ser aprobada por la mitad más uno de los cabildos municipales de cada estado, poco más de mil sesiones de cabildo en los próximos diez días.
La política tarde o temprano regresa la bola a tu cancha. Por primera vez en lo que va del sexenio la sartén del mango la traen los gobernadores, y lo está haciendo sentir.
