Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo/ Pulso).– Tres indígenas tenek del municipio de Tanquián, San Luis Potosí, que estuvieron en prisión 11 meses tras un juicio en el que no contaron con un traductor de su lengua y bajo una autoridad estatal, en lugar de una autoridad comunitaria, fueron liberados una vez que se determinó la falla en el proceso legal.
Los condenados estuvieron bajo proceso de un juez mixto del Poder Judicial del Estado que no era competente para intervenir en el proceso, ya que el caso debió ser conocido y resuelto por autoridades comunitarias con base en la Ley de Administración y Justicia Indígena.
La serie de violaciones a los derechos humanos de los tres indígenas inició cuando un agente del Ministerio Público recibió una denuncia por el robo de una becerra, pero en lugar de canalizar a los afectados, miembros de la misma comunidad indígena, ante las autoridades comunitarias, integró la averiguación previa y la remitió a un juzgado mixto de primera instancia.
Además los indígenas hablantes de la lengua tenek (huasteco) ni siquiera fueron informados adecuadamente sobre la acusación en su contra porque el juez mixto les proveyó un traductor que sólo traducía la lengua náhuatl.
Esas y otras anomalías fueron documentadas por la magistrada Martha Patricia Torres Osorio, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), quien propuso revocar el auto de formal prisión dictado en julio de 2013 en contra de los tres indígenas originarios de la comunidad El Cerrito, en Tanquián, y ordenar la liberación inmediata de los afectados.
La liberación ocurrió una vez que la propuesta de la magistrada fue aprobada por unanimidad por la sala auxiliar del STJE, integrada además por los magistrados Bulmaro Corral Rodríguez y José Abelardo Herrera Tobías, según consta en el expediente Toca 1042/2013.
ABUSOS CONTRA INDÍGENAS
El caso no es aislado, los encarcelamientos a indígenas que no reciben el debido proceso, así como protección jurídica adecuada y en ocasiones son procesados sin contar con un traductor que en su idioma les explique las acusaciones de que son objeto se repite a menudo en el país.
Son muchos los casos de personas que pasan años en la cárcel hasta que organizaciones no gubernamentales y protectores de derechos humanos les brindan la ayuda necesaria para pedir una revisión de su caso y conseguir su libertad, como pasó con Jacinta, caso que ha trascendido a nivel internacional, ya que incluso la Procuraduría General de la República (PGR) debe indemnizarla y ofrecerle disculpas públicas, aunque hasta el momento ambas cosas no han ocurrido.
Jacinta es una de las tres mujeres otomíes que fueron detenidas en Santiago Mexquititlán, Querétaro, el 3 de agosto de 2006, acusadas de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
El 16 de septiembre de 2009 fue liberada debido a que la PGR no pudo sostener las pruebas que, aseguró, poseía en su contra y debido a irregularidades en su proceso derivadas de su condición indígena; como el no contar con un traductor cuando fue aprehendida.
Jacinta esperó tres años en prisión a que los agentes, a los que supuestamente secuestró, se presentaran a ratificar su denuncia. Nunca lo hicieron. Con los años se supo que uno de los agentes fue asesinado en Oaxaca en un enfrentamiento de la Policía Federal, mientras que de los otros cinco ya no se supo nada.
“Jacinta sufrió daños por actividad irregular del Estado y procede la reparación. ¡Hay jurisprudencia!!!”, escribió en su cuenta de Twitter el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organismo que acompañó a Jacinta en su batalla legal
“‘Jacinta tienes razón. La PGR hizo mal su trabajo por lo que se te va a indemnizar’, establece el fallo de la #TFJFA”, agregó en un segundo tuit la Organización No Gubernamental (ONG).
Los representantes legales de la mujer indígena informaron a la prensa que la PGR puede aún impugnar la decisión.
CHIAPAS LIBERA A 17 INDÍGENAS
El pasado 24 de diciembre, el gobierno del Estado de Chiapas dio a conocer la liberación de Antonio Estrada Estrada y Miguel Demeza Jiménez, ambos indígenas tzeltales y recluidos injustamente en cárceles de la entidad.
En un comunicado, el Gobernador Manuel Velasco expuso que con esas liberaciones “la administración actual finaliza un año de distensión que en coordinación con la Federación sumó la liberación de 17 presos”.
Lo anterior, planteó, sumado a la resolución de algunos conflictos como el de “San Marcos Avilés”, lo que “es muestra de la voluntad política y el respeto que el actual gobierno comprometió desde su inicio”.
La administración estatal, agregó el mandatario, “ha sido en todo momento cuidadosa y respetuosa del quehacer de las comunidades indígenas zapatistas, valorando que tal contribución enriquece la pluralidad del estado. Nos hemos conducido y conduciremos siempre, con el lenguaje humano, político y respetuoso que merecen”.
Reiteró que “crear o contribuir a la construcción de un clima político favorable a todo esfuerzo que mira por Chiapas es y seguirá siendo su compromiso, así como las contribuciones políticas, que en su momento sean necesarias, para una solución definitiva del conflicto”.
