Con la llegada del PAN a la Presidencia en el 2000, el Estado perdió el monopolio de la coerción que ejercía sobre las organizaciones criminales y esto no sólo permitió que esos grupos ganaran control territorial, sino que se fortalecieron, afirman especialistas en seguridad. Luego, desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, la violencia transformó la vida del país; el Presidente panista dictó políticas restrictivas porque, a falta de legitimidad, tenía miedo, afirman. Hoy, a 16 años de la alternancia, México es una suma de corrupción, muerte y violaciones a los derechos humanos que, para colmo, tiene a las instituciones del Estado como protagonistas.
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Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– Si la delincuencia se organiza, dijo el General Rafael Macedo de la Concha en un discurso oficial, “el Estado debe cohesionarse en todos sus niveles para combatirla frontalmente”.
Era 19 de enero de 2001 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde el militar y entonces recién nombrado Procurador General de la República firmaba un convenio de colaboración con la Procuraduría General del Justicia del Gobernador priista Tomás Yárrington Ruvalcaba.
El objetivo, dijo Macedo de la Concha en un evento encabezado por el Presidente también recién llegado al cargo, el panista Vicente Fox Quesada, era “reforzar la lucha contra el crimen organizado” y “colaborar conjuntamente para atacar con todos los recursos la gama de delitos que erosionan la estructura de seguridad pública y que tanto irritan a la sociedad”.
Yárrington Ruvalcaba, por su parte, dijo en la conferencia posterior al encuentro que debían “reforzar, todos, nuestra responsabilidad, reforzar nuestro deseo, nuestra capacidad para enfrentar de manera más eficaz a la delincuencia y, sobre todo, al crimen organizado”.
Estos pronunciamientos no sólo no se convirtieron en resultados, sino que, aun entonces, no podían tener menos respaldo en los hechos: de acuerdo con una acusación del Gobierno de Estados Unidos, el Gobernador Yárrington llevaba ya al menos tres años participando en una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero entre Tamaulipas y Texas, por lo que hoy se encuentra prófugo.
Ese mismo 19 de enero, además, en el penal de Puente Grande, Jalisco, se concretaba la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, presunto narcotraficante convertido a partir de entonces en uno de los hombres más famosos del mundo y reaprehendido apenas este año, después de una segunda fuga.
Y, en todo México, de acuerdo con analistas, en lugar de cohesión, colaboración y organización entre los diferentes niveles de Gobierno para enfrentar al crimen organizado, ocurría lo contrario: en ese momento de supuesta “transición política”, la salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Poder Ejecutivo “resquebrajaba” el control que, por décadas, ejerció de manera hegemónica sobre los diferentes grupos del narcotráfico.
Por lo que, una vez sin este sistema, explica el criminólogo Héctor Chincoya Teutli, lo que se generó en México fue un “modelo atomizado multidireccional” de liderazgos y de relaciones entre diferentes niveles de Gobierno y de organizaciones delincuenciales.
“Ocurre un resquebrajamiento de la estructura central de poder, anteriormente basado en un régimen presidencialista fuerte y centralizado, lo que provoca una fragmentación de los vínculos de contubernio entre autoridades y delincuentes”, dice a SinEmbargo el también autor del análisis “De la seguridad pública a la política criminológica en México: 2000-2012”, publicado en diciembre de 2014 por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.
“El Estado perdió el monopolio de la coerción que ejercía sobre las organizaciones criminales y ello no solamente permitió que las organizaciones criminales ganaran control territorial, sino que se fortalecieron”, agrega.
En este contexto, de acuerdo con este análisis, empezó a fortalecerse también, por ejemplo, el protagonismo de los Gobernadores en la relación con el narcotráfico.
“No se trataba de un control vertical sobre las organizaciones criminales, pero sí de acuerdos que se lograban por medio de personajes claves respecto del movimiento de la droga, el control que las organizaciones criminales mantendrían de la delincuencia convencional”, dice Chincoya, también ex académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
“En ocasiones, el control lo ejercen los funcionarios públicos y en otras los criminales. No existe una tendencia clara, sobre el predominio de unos y otros. Estos vínculos los vemos en forma muy clara en determinados Gobiernos de Chihuahua y Tamaulipas”, agrega.
CONTINUIDAD “AUTORITARIA”
La violencia homicida que años después fue atribuida a la disputa de los diferentes grupos del narcotráfico no estaba entre las principales noticias que se reportaban desde México a inicios de este siglo XXI.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos meses del control del PRI sobre la Presidencia de la República, la cifra nacional de homicidios iba incluso a la baja, con 13 mil 849 asesinatos en toda la república registrados en 2000 contra 14 mil 619 contados el año anterior.
Pero el cambio de partido en el poder, dice en entrevista el investigador Raúl Benítez Manaut, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, provocó una reconfiguración política, fracturas de pactos no escritos y la debilidad de grupos criminales frente a otros.
En el plano institucional, observó Benítez Manaut desde 2008, se generó también un gran reacomodo, “tanto en la definición de las amenazas, riesgos y problemas de seguridad nacional como en las políticas gubernamentales para hacerles frente”.
Una de estos primeros cambios fue la creación, en diciembre de 2000, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que separó este tipo de decisiones de la Secretaría de Gobernación e incorporó a la para entonces también nueva Policía Federal Preventiva.
El Ejército, plantea Benítez Manaut en “La seguridad nacional en la indefinida transición: mitos y realidades del sexenio de Vicente Fox”, continuó mientras su estructura tradicional y, aun cuando el panista nombró a un coordinador de su gabinete de seguridad –o de “Orden y Respeto”, a cargo del fallecido abogado Adolfo Aguilar Zínzer– éste pronto se enfrentó al resto de los secretarios, entre otros motivos, por la creación de la Fiscalía que, se suponía, debía investigar los denominados delitos del pasado.
Pero al final, agrega el autor, Fox se inclinó por la opinión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y por “reproducir el statu quo en materia de información histórica o actual, relacionada con la seguridad nacional”, lo cual impidió también avanzar “hacia modalidades democráticas de toma de decisiones en relación con la seguridad nacional”.
Así, dice Benítez en el texto, pese al impulso reformista con el que inició el Gobierno de Vicente Fox, se continuó con el sistema “híbrido” que ya tenía México desde la era priísta: “un Estado reformado en algunas estructuras vitales y paralizado en otras, que conviven entre sí”.
Fue a finales de este sexenio que el entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, planteó que el narcotráfico, globalizado en México desde la década de los años 90, amenazaba las estructuras de seguridad del Estado a nivel estatal y municipal.
Y ya desde el foxismo, la Presidencia empezó a enviar tropas federales a diferentes regiones, como Tamaulipas, donde en 2005 empezó el programa “México Seguro”, que trató de remover a cientos de policías locales por presunta colusión con el Cartel del Golfo y lo que entonces era su brazo armado, Los Zetas.
CALDERÓN Y LA VIOLENCIA
El sexenio de Vicente Fox terminó con la contienda electoral más cerrada en la historia reciente de México, con una ventaja de menos de 300 mil votos, o una diferencia de 0.56 por ciento, a favor del candidato panista Felipe Calderón Hinojosa.
Esta falta de contundencia en el triunfo electoral ha aparecido entre los probables motivos por los que Calderón, en búsqueda de legitimidad para su mandato, lanzó en el primer mes de su sexenio una “estrategia frontal” contra el crimen organizado que no había anunciado durante su campaña.
En marzo siguiente, después de una gira por Centroamérica del entonces Presidente norteamericano George Bush, éste se encontró con Calderón en la ciudad de Mérida y acordaron el paquete de ayuda, de más de dos mil millones de dólares, que apoyarían la decisión de desplegar al Ejército para, supuestamente, enfrentar al crimen organizado.
El resultado, casi diez años después, fue un aumento exponencial de los homicidios, de 11 mil 806 contabilizados en 2006 a 21 mil 736 en 2012, y la transformación de la vida en diferentes regiones de México que quedaron cercadas por la delincuencia y la impunidad con la que, aún ahora, ocurren masacres, balaceras, secuestros, miles de “levantones” y todo tipo de delitos.
“Hasta antes de Fox había siete grandes cárteles. Después, con Felipe Calderón, hay una desestructuración de estos grupos; se habla de 89 subgrupos, amén de las grandes cabezas. Esto nos habla de que, en 12 años de Gobiernos del PAN, en lugar de ir en camino de abatir el delito, realmente lo que sucedió fue lo contrario: se disgregó la delincuencia organizada y esto ha generado un clima de violencia”, explica el historiador y criminólogo Martín Gabriel Barrón Cruz.
“Todavía con el periodo de transición, los grupos vinculados a la delincuencia organizada siguieron manejándose como venían haciéndolo; es decir, con estas lógicas de protección que ya existían, pero a final del sexenio de Fox empiezan los proyectos de México Seguro y esto empieza a desestructurar a los grupos”, agrega el también autor de la investigación “Gobernar con el miedo. La lucha contra el narcotráfico (2006-2012)”.
Barrón es uno de los observadores académicos en materia de crimen organizado que considera que la estrategia decidida por Calderón estuvo motivada por su falta de legitimidad en las urnas.
“Me he dedicado a estudiar el sexenio de Calderón y no hallo una lógica de un cambio democrático sino que, en realidad, lo que se hizo en la administración de Calderón fue gobernar con el miedo; esto, porque Calderón tenía miedo, porque era un Presidente ilegítimo; la diferencia con la siguiente fuerza política era de menos de 500 mil votos y esto significó un ‘debo generar políticas más represivas’”, dice.
