Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) denunció la falta de investigación por parte de las autoridades de San Luis Potosí y el acceso a la justicia que ha enfrentado la activista identificada como Diana, luego de haber interpuesto una denuncia por abuso sexual en contra de Ramón Ortiz García, actual Presidente del Comité para la Prevención y Seguimiento de los Feminicidios en la entidad.
El Comité para la Prevención y Seguimiento de los Feminicidio fue instalado en diciembre de 2013 por parte de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso de San Luis Potosí. En éste fueron incluidos representantes de instituciones gubernamentales, civiles y académicas con el objetivo de dar seguimiento a los casos de feminidicio en la entidad.
De acuerdo con la organización no gubernamental conformada por 135 activistas de todo el país, la defensora de derechos humanos potosina fue abusada sexualmente el 3 de junio de 2012, por Ortiz García quien ese entonces era Presidente de Enfoque de Igualdad, asociación en la que también trabajaba Diana. En la organización se brindaba capacitación a favor de los derechos de las mujeres.
Fue el pasado 21 de junio de 2013 que la defensora de derechos humanos ratificó su denuncia contra Ortiz García, la cual está asentada bajo la averiguación 369/2013 en la Subprocuraduría Especializada para la Atención de Delitos Sexuales, Contra la Familia y Derechos Humanos, de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí (PGJE).
La red de activistas denunció por medio de un comunicado de prensa que tras la denuncia presentada, Diana se vio obligada a salir de la ciudad de San Luis Potosí a causa del hostigamiento del que fue víctima por parte de su abusador y de integrantes de la misma organización. Aunado a la violencia institucional por parte de las autoridades, quienes además de revictimizarla, cuestionan la persistencia de su demanda.
Recordó que a pesar de las visitas constantes para conocer el avance de las investigaciones, la defensora no recibió ningún citatorio ni avances del expediente. Fue hasta 8 meses después que, por su continúa insistencia, recibió los resultados del peritaje dictaminador en el ámbito psicológico. Sin embargo, al leer los resultados, Diana y su abogada se percataron que había declaraciones que ella nunca había realizado, además de que no sé habían realizado bajo los protocolos periciales correspondientes. No tenía firma de consentimiento informado por parte de la defensora y había sido expedida meses después del tiempo establecido.
“Ante ello, quienes conformamos la RNDDHM exigimos a las autoridades competentes del gobierno del estado de San Luis Potosí que de manera pronta realicen las investigaciones necesarias a fin de esclarecer los hechos y se garantice a la defensora acceder a la justicia y la debida reparación del daño. Exigimos a las autoridades competentes, que dichas investigaciones sean realizadas con imparcialidad; estén apegadas a los más altos estándares internacionales a favor de los derechos de las mujeres y tengan como fin último conocer la verdad y sancionar a quienes resulten responsables”, denunció la ONG.
Precisó que si bien Ramón Ortiz García cuenta con una trayectoria de trabajo a favor de los derechos humanos en San Luis Potosí, “desde la RNDDHM reiteramos que el abuso sexual no puede ser tolerado en ninguna institución, organización o espacio, sin importar la persona de quien se trate. Nos manifestamos a favor de una vida libre de violencia para las mujeres y que las defensoras de derechos humanos ejerzamos nuestra labor en condiciones de seguridad e igualdad”.
La red instó de igual forma a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí a estar atenta y vigilante de que durante dicho proceso los derechos humamos de las personas involucradas sean garantizados y que inicie las investigaciones necesarias para coadyuvar en el esclarecimiento del caso y el acceso a la justicia para la defensora.
