La semana pasada la periodista Carmen Aristegui, conductora del noticiario radiofónico matutino de mayor audiencia en la radio mexicana, mostró un trabajo de investigación –basado en una denuncia particular– que nos recuerda la función social del periodismo: dar voz pública a quienes no la tienen y sufren atropellos de quienes sí tienen el poder suficiente para afectar vidas y haciendas; esto a fin de contribuir a frenar los atropellos al ponerles encima todos los reflectores. Cuando el propósito no es el escándalo sino poner en evidencia el tráfico de influencias y la injusticia, el resultado trasciende a los protagonistas de la historia y aporta beneficios a la sociedad.
Una mujer en la cárcel, madre de dos niños con autismo cuyo padre es un reconocido jurista que, entre otros cargos, ha sido presidente de la Suprema Corte de Justicia, denunció los abusos de poder que la llevaron a prisión y que la han separaron de sus hijos durante casi un año. El ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel procreó a esos niños, hoy día de cuatro y seis años de edad, con Ana María Orozco Castillo. Según el relato de ella y de su familia, después de que ambos niños fueron diagnosticados con autismo, uno leve y otro severo, Ana María decidió renunciar a su trabajo en la Corte, como asistente de David Góngora, para dedicarse a atenderlos.
El ex ministro no estuvo de acuerdo con esa decisión y ahí habrían comenzado los problemas. Se entiende que él respondió a sus obligaciones como padre en un principio comprando una casa para los niños y su mamá, así como una aportación mensual para la manutención. Sin embargo, Ana María señala que tenía dificultades para pedir y recibir ese dinero de parte de Góngora, quien no se lo daba puntualmente, lo hacía de forma indigna y rechazaba la convivencia con los menores. La madre señaló también que él no consideraba los gastos extraordinarios de los estudios médicos y atención terapéutica de los niños con autismo, por lo que la cuestión de hacer que él pagara esos gastos se volvía cada vez más difícil.
Harta de recibir malos tratos y humillaciones, exigió legalmente el pago de la pensión alimenticia lo que desató el enojo del ex ministro porque la demanda fue del conocimiento de las instancias de donde él recibe ingresos, la Suprema Corte, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Editorial Porrúa. Esto, a su entender, lo puso en evidencia.
Hasta ahí el asunto podía quedarse en el ámbito de lo privado y doméstico, pero la historia se vuelve relevante para la vida pública cuando Góngora decide acabar con las quejas de su ex pareja y responder a la demanda de pensión alimenticia haciendo uso de su poder e influencias en los juzgados para acusarla de fraude y llevarla a prisión. Ana María relató que antes de esto fue amenazada por el abogado de Góngora de que podían meterla a la cárcel y quitarle a los niños acusándola de maltrato infantil para darlos en adopción y con ello “acabar con el problema de raíz”, según los dichos de ella y su madre. Y ¿cuál era el problema de raíz? Pues la constante exigencia de que se encargara de mantener económicamente a sus hijos. Él prefería quitarlos de su madre y darlos en adopción que atender la demanda.
En su respuesta a la periodista, Genaro Góngora dijo en una carta que nunca había faltado a su compromiso como padre. Y así parecía demostrarlo al comprar la casa que pidió la mujer, adaptada a las necesidades de los menores, según se dijo, de unos dos millones de pesos. Tal vez consideró que con eso ella se podía dar por bien servida y él saldaba su responsabilidad. Sin embargo, después usó el asunto de la compra de la casa para denunciarla por fraude y hacerla encarcelar (los detalles están en aristeguionline.com). Pero el costo de criar a un hijo es constante y no tiene un plazo fijo. Además, si son dos y tienen necesidades especiales por su condición de discapacidad, las demandas de atención y cuidados se multiplican.
Miles de mujeres divorciadas o separadas de los padres de sus hijos se pueden identificar con esta historia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, declaró que la Sala Familiar del tribunal recibió 101 mil expedientes en 2012, entre los que abundan las demandas de pensión alimenticia. Además de que la justica es lenta e ineficiente, reconoció, son casos plagados de demandas y contra demandas entre los implicados.
Hay que recordar que en años recientes se ha legislado, al menos en la capital del país, para poner freno a las artimañas de los padres para evadir su responsabilidad económica antes los hijos después de un divorcio o una separación. Hoy día, en cuanto se presenta la demanda el juez debe girar la orden de retener el 30 por ciento del ingreso del demandado mientras se desarrolla el juicio y se determina el monto definitivo. También se les obliga a dejar una fianza que se aplica en caso de que dejen de pagar.
Pero hay señores que prefieren renunciar a su trabajo y declararse desempleados permanentes para que no haya forma de cobrarles la pensión para sus hijos; otros cambian la propiedad de sus bienes para que tampoco se les pueda embargar nada en garantía del pago. Y muchos otros, como el ex ministro, consideran que pueden librarse de la pensión mensual haciendo un pago único, comprando una casa, por ejemplo, entregando un cheque para que no les vuelvan a pedir dinero. También hay mujeres que pretender abusar de los derechos que la ley les ha conferido y presionan en tribunales con demandas injustas.
Otro caso, también común, es el jaloneo por la guarda y custodia de los hijos para que uno de los dos se quede con ellos, aunque no les pueda dar la atención que requieren, para hacer que el otro esté obligado a pagar la pensión.
Sin embargo, que un hombre que fue presidente del máximo tribunal del país, que se ha declarado simpatizante de las causas democráticas y de ideología izquierdista, sea capaz de mover sus influencias para arremeter contra la madre de sus propios hijos, alejarla de ellos sin considerar la condición de discapacidad de los menores, amenazarla con quitarle la Patria Potestad para darlos en adopción, acusarla de maltrato infantil y pretender demostrarlo con peritajes viciados, pretender sobornar a la abuela de los menores para que respalde la acusación de maltrato, decir en la demanda por la pensión alimenticia que debe considerarse que sus hijos son “de clase media baja” cuando él es de los jueces jubilados mejor pagados del país, con ingreso que pueden superar los 350 mil pesos mensuales (unos 27 mil dólares), y que use el autismo de sus hijos para argumentar que no se requiere gastar en diversión y recreación para ellos, es único e indignante.
Esto último es lo que más me ha impactado. En el juicio por la pensión, Góngora presentó un escrito, dado a conocer en el noticiario, que textualmente dice: “Por su edad y su propia enfermedad, mis dos menores hijos se ven imposibilitados para divertirse, de ahí que este rubro no debe considerarse como parte de los gastos de manutención”. Un ministro que discrimina a sus hijos con discapacidad. Para él son dos niños enfermos. O simplemente usó el argumento para reducir el monto de la pensión alimenticia. Deplorable en cualquier caso.
Si algún despistado considera que al juez le asiste la razón, vale recordar que la Convención de los Derechos del Niño reconoce en su artículo 31 el derecho del niño “al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad (…)”. Mientras que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dedica su artículo 7 al reconocimiento de que las niñas y niños con discapacidad deben gozar plenamente “de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas”. El artículo 30 detalla el derecho a “la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte”.
Una vez que todo esto fue puesto en evidencia y gracias al periodismo incisivo de Aristegui (dedicó al tema tres emisiones con una hora diaria en promedio), el final de la historia se avizora. Genaro Góngora respondió a esta exhibición en radio nacional con una carta en la que si bien reiteró que siempre ha visto por las necesidades físicas, materiales y emocionales de sus hijos declaró: “En un acto de sinceridad y de conciencia, yo, Genaro David Góngora Pimentel ofrezco disculpas a la madre de mis hijos, a su familia, a mis pequeños Ulises y David (si en algo les he fallado)” (sic). Y promete: “Apoyaré a la autoridad ministerial para que en el momento procesal oportuno, Ana María se reincorpore al hogar con nuestros hijos (…)”.
El momento procesal que está en puerta es que se dicte sentencia a Ana María. El hecho de haber puesto los reflectores sobre esta historia que está en los linderos entre la vida pública y privada de un personaje público de gran peso político en la vida nacional, será determinante en el desenlace. Un fallo que tome en cuenta el bien superior de los niños –como lo recomienda la Suprema Corte– tendrá que ser a favor de la libertad de la madre. Y ojalá que Góngora Pimentel, arrepentido o al menos exhibido, se decida a enterarse de que sus hijos con autismo merecen también divertirse, como cualquier otro niño, y merecen también que su padre no los discrimine.
