La titular de la DEA es señalada por gastar casi cinco millones de dólares en “planificación estratégica y comunicación” y otros contratos sin licitación.
Ciudad de México/Washington, 27 de abril (SinEmbargo/AP).- Anne Milgram, directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), aseguró que perseguirá la corrupción gubernamental que existe en México al proteger a traficantes de fentanilo, a pesar de que actualmente enfrenta una investigación por contratos millonarios irregulares.
Durante una comparecencia ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Milgram fue cuestionada sobre si hay actores en el Gobierno mexicano con los que la Agencia no desea tratar ante su conocimiento de que se tratan de personas corruptas.
“Hablamos de la corrupción que alimenta el tráfico de drogas en México y en el mundo. Así que de nuevo le digo: iremos hasta donde sea nos lleven las evidencias y los hechos”, contestó la titular de la DEA.
Como ejemplo a lo dicho, mencionó el caso del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien fue investigado para posteriormente llevarse a cabo su arresto y extradición.
“La corrupción fue parte de esa investigación. Seguimos esa evidencia”, agregó, también añadiendo indagatorias contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.
Anne Milgram fue interrogada el día de hoy por legisladores estadounidenses en torno a contratos de millones de dólares que no fueron objeto de licitación y que forman parte de una pesquisa sobre si la agencia contrató indebidamente a algunos de sus antiguos allegados.
Milgram enfrentó una lluvia de críticas, en su mayoría de los miembros republicanos de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, por una investigación de The Associated Press sobre que la DEA gastó 4.7 millones de dólares en contratos para “planeación y comunicación estratégica” y de otro tipo, sin licitación, para contratar a personas que Milgram conocía de su época como fiscal general de Nueva Jersey y como profesora de derecho de la Universidad de Nueva York, a precios que superan por mucho el sueldo de funcionarios gubernamentales.
“Todo el mundo goza de presunción de inocencia hasta que se le declare culpable. Pero estos reportes son muy duros”, comentó el representante Andrew Clyde.
“Afirmar que están haciendo bien su trabajo, o haciendo el trabajo, es francamente vergonzoso y ofensivo. No creo que estén haciendo un buen trabajo”, añadió el representante Mike Garcia.
Milgram dijo que le parece bien que la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia investigue algunos de los contratos que se firmaron desde que asumió el mando de la DEA hace casi dos años. Pero se negó a discutir las acusaciones que se incluyen en el reporte de la AP, o si fue objeto de la investigación del inspector general.
“El inspector general está realizando una revisión administrativa de algunos contratos de la DEA, lo cual me parece bien, y no voy a adelantarme al inspector general ni a hablar más del tema mientras continúe esa revisión”, dijo.
”¿Eso significa que se acoge a la Quinta Enmienda?”, replicó Clyde.
“No, señor”, respondió ella.
Entre los contratos que analiza el inspector general se encuentra uno por 1.4 millones de dólares a un despacho de abogados en Washington para una revisión reciente de las operaciones en el extranjero de la DEA, la cual fue sumamente criticada por dejar en segundo plano comportamientos indebidos de agentes y la manera de evitarlos.
Dicha revisión fue coescrita por Boyd Johnson, quien fuera la mano derecha de uno de los amigos más cercanos de Milgram, Preet Bharara, cuando él se desempeñaba como fiscal federal en Manhattan. El mismo Bharara terminó en el despacho, WilmerHale, incluso mientras se llevaba a cabo la investigación.
Cuestionada por Clyde sobre las “muy perturbadoras” acusaciones que contravienen la misión de la DEA, Milgram dijo que conoció a Johnson hasta después de que la Casa Blanca la nominó al frente de la agencia.
También admitió haber trabajado en Nueva Jersey con Jose Cordero, quien —menos de tres semanas después de que Milgram fuera confirmada por el Senado— obtuviera lo que se convirtió en un contrato de casi 400 mil dólares para llevar a cabo un análisis de datos de las estadísticas delictivas.
“El señor Cordero trabajó previamente conmigo en labores de reducción de violencia”, declaró.
Milgram acudió al Capitolio para buscar ayuda del Congreso para un incremento presupuestario de casi el cuatro por ciento para combatir la crisis de fentanilo que provocó más de 107.000 muertes por sobredosis el año pasado.
