Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).– Organismos de la sociedad civil pidieron que el Congreso llame a rendir cuentas a los funcionarios encargados del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas para tratar la “profunda crisis que vive esa instancia”.
De acuerdo con los representantes de la sociedad civil, a casi dos años de la creación de este órgano no ha sido capaz de salvaguardar al 100 por ciento la integridad de los defensores y comunicadores mexicanos amenazados por su labor.
Por medio de un comunicado de prensa conjunto, Artículo 19, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otros organismos, respaldaron la decisión de los representantes civiles y de periodistas que se retiraron de las sesiones de trabajo de esta comisión.
Los organismo civiles denunciaron el rezago del 70% de los casos que llegan al Mecanismo, así como la falta de ejecución de 263.9 millones de pesos que no se han gastado desde su creación. Recordaron que este Mecanismo surgió con facultades para “decretar, evaluar, suspender” y, de ser necesario, “modificar” las medidas preventivas y de protección que el Estado brinda a defensores y periodistas.
Por ello exigieron una audiencia con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. También pidieron que en la elección del próximo Coordinador Ejecutivo del Mecanismo se asegure que la persona designada tenga probada experiencia en derechos humanos.
Solicitaron al gobierno federal una política laboral para quienes trabajan en el Mecanismo que sea respetuosa de sus derechos, e instaron que de manera urgente trabaje en la elaboración de un programa de atención prioritaria a los problemas del mecanismo con acciones definidas, plazos y resultados a obtener.
Los organismos de la sociedad civil precisaron que en junio de 2013 presentaron a la Secretaria de Gobernación (Segob) un diagnóstico sobre la situación del Mecanismo, donde se detectaron una serie de problemas que se siguen presentando actualmente.
Denunciaron la incorrecta ingeniería administrativa que desarrolla el personal dentro del Mecanismo, porque de las 18 plazas con las que debería contar sólo cuatro funcionarios realizan análisis de riesgo. Estos análisis son analizados por cinco funcionarios de mayor jerarquía, lo que evidentemente demora el proceso hasta por tres meses”
Indicaron que en la reunión que el 24 de febrero de 2014 que sostuvieron integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo (otra de las instancias que conforma este órgano), la Segob notificó que el Mecanismo había recibido 152 solicitudes de protección, de las cuales 22 no fueron aceptadas y 130 se aceptaron.
De estas últimas 41 solicitudes dijeron que fueron atendidas y 89 continúan pendientes.
“En otras palabras, casi 70% de las solicitudes aceptadas no habían sido atendidas, lo que significa que un gran número de defensores y/o periodistas continúen en riesgo. A ello cabe añadir que desconocemos cuántas personas han recibido totalmente las medidas dictadas por la Junta de Gobierno”, dijeron en el pronunciamiento.
La asociaciones civiles también mostraron su preocupación porque en el el último año diez funcionarios y funcionarias desertaron del Mecanismo. Dijeron que esto deja sin efecto las capacitaciones que han recibido por parte de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Protección Internacional y las que actualmente están recibiendo por parte de un equipo de expertos y expertas colombianas con financiamiento de la organización Freedom House.
