El Comisionado Renato Sales Heredia informó la semana pasada sobre la detención de Mauro Taboada Salgado a quien involucró con el asesinato de Julio César Mondragón. La familia del joven normalista niega que Salgado sea el responsable ya que no se encuentra legalmente recluido por homicidio, sino por portación de arma de fuego.
Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– Marisa Mendoza Cahuantzi, viuda de Julio César Mondragón Fontes, uno de lo jóvenes asesinados en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, rechazó que Mauro Taboada Salgado sea el responsable del homicidio de su esposo como ha asegurado la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
Julio César Mondragón Fontes fue asesinado la noche en que desaparecieron 43 de sus compañeros de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”. Desde hace tres meses, cuando fue exhumado para una autopsia, su cadáver está en un congelador de la Procuraduría General de la República (PGR) a la espera de una prueba de ADN que no se ha realizado por asuntos burocráticos.
Ayer, en la marcha con motivo de los 16 meses del caso Iguala, se realizó un mitin en la PGR donde sus familiares pidieron a las autoridades que les entreguen el cuerpo del estudiante normalista.
Junto a un ataúd vacío, Marisa Mendoza, viuda de Julio César, comentó que existen “trabas burocráticas”, las cuales han impedido que el joven tenga “una sepultura digna”. Además aseguró que Mauro Taboada Salgado, detenido hace unos días junto con otras dos personas presuntamente por el asesinato del normalista, no se encuentra legalmente recluido por homicidio.
El Comisionado Renato Sales Heredia informó la semana pasada, en conferencia de prensa, sobre la detención de Bernabé Sotelo Salinas, Cruz Sotelo Salinas, y Mauro Taboada Salgado. A los primeros dos los relacionó con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, mientras que al tercero lo involucró con el asesinato de Julio César Mondragón.
Sin embargo, para la familia del normalista, Mauro Taboada Salgado no fue arrestado por el homicidio de Julio César, “fue detenido porque supuestamente se le encontró en las calles de Iguala, portando un arma de fuego”. Asimismo aseguró que la Procuraduría no cuenta con otra prueba que señale la relación del presunto homicida ” que “un par de líneas” en la declaración de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, sujeto a proceso por su participación en la desaparición.
“Lo que queda en evidencia con esta detención [la de Mauro Taboada Salgado] es que la PGR sigue reforzando la mentira histórica, y no sólo eso, que la PGR no cuenta con una línea de investigación sobre la ejecución de Julio César Mondragón, si así fuera, habría obtenido los elementos y pruebas suficientes como para solicitar una orden de aprehensión a un juez competente y efectivamente habría logrado la detención de presuntos responsables por este crimen”, dijo Mendoza Cahuantzi en un posicionamiento suscrito y difundido por el Colectivo el Rostro de Julio.
Sayuri Herrera, abogada de la familia del estudiante, aseguró a la agencia The Associated Press que lo único que relaciona a Taboada Salgado con Mondragón son dos líneas en la declaración de otro detenido, el presunto miembro del cártel Guerreros Unidos que sustentó la tesis oficial de que los 43 desaparecidos habían sido quemados en un basurero.
“No hay nada más”, añadió Herrera. “Un par de líneas en un testimonio plagado de mentiras”. Por eso, continuó la abogada, la Procuraduría no lo ha acusado formalmente de asesinato.
La falta de pruebas en el asesinato de Mondragón y de otras tres personas que perdieron la vida esa misma noche llevó a que un juez amparara a finales del año pasado a 22 policías en una sentencia que, además, ponía de manifiesto errores e inconsistencias cometidas por los primeros investigadores que se acercaron al lugar de los hechos, y cuyo trabajo es la base de la mayoría de los procesos penales del caso.
Los agentes no fueron liberados porque la sentencia está en revisión y porque también son procesados por la desaparición de los 43.
La familia de Julio César afirmó que la ropa del normalista no fue analizada “como un elemento importantísimo” para esclarecer las condiciones de su muerte. Dijo además que no existe registro de que fuese asegurada y nunca fue vista por su familia o le fue devuelta.
Acusó que tampoco existe en el expediente ningún registro de qué ocurrió con el globo ocular izquierdo de Julio: “este ojo le fue arrancado y debía quedar registrado tanto su transporte como su embalaje y su destino final. Tampoco se hizo”.
“Por eso preguntamos a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Guerrero ¿Dónde está la ropa de Julio César, su playera roja, su pantalón negro, su bufanda, sus tenis? ¿Dónde está su globo ocular izquierdo? ¿Quiénes lo ejecutaron y qué pruebas tienen de ello? Y sobre todo ¿Cuándo nos será devuelto su cuerpo?”, cuestionó la familia.
Denunció el que se anuncie sin pruebas que Taboada Salgado esté relacionado con la muerte de Julio: “Es una burla para su familia y para los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa. Más aún cuando el cuerpo de Julio César no ha sido devuelto a su madre, esposa e hija para realizar su funeral, esto debido al dolo y la negligencia de todas las autoridades involucradas con la procuración e impartición de justicia en este asunto”.
En el escrito dirigido al Presidente Enrique Peña Nieto, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Marisa Mendoza aclaró que Julio César fue víctima de tortura y ejecución extrajudicial “en un ataque tumultuario” por lo que que “por ningún motivo aceptamos la teoría del asesino solitario”.
Detalló que las múltiples fracturas que sufrió Julio en tórax y cráneo, las marcas de arrastre que se observan en su cuerpo y el desollamiento de su rostro, “no son ni pueden ser cometidas por un solo individuo”.
“Fuimos nosotros los que decidimos la exhumación de Julio César para saber qué fue lo que ocurrió con él esa noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y es ahora a nosotros a quienes castiga el Estado por esta osadía. […] Están haciendo tiempo para desgastarnos, tensarnos. Están haciendo tiempo para que se agote el mandato del GIEI sin que hayamos logrado avanzar lo suficiente en la producción de pruebas que nos lleve a la verdad y a la justicia. Para que nos quedemos solas”, se lee en el posicionamiento.
La familia denunció la nula sensibilidad y falta de compromiso con la justicia y con la verdad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, de la Procuraduría General de la República y del presidente Enrique Peña Nieto.
