San Diego. Este miércoles, agentes federales detuvieron a 119 personas vinculadas con la Mafia Mexicana o “La Eme”, en tres operaciones contra el crimen organizado en el sur de California.
Los Ángeles. Se reveló la identidad de un descuartizado del que día a día iban apareciendo sus piernas, las manos, el torso en un parque de Hollywood. Era Harvey Medellín, un ex piloto de la línea aérea mexicana. Se abrió como línea de investigación el narcotráfico.
Chicago. Se pospuso el juicio al capo mexicano del cártel de Sinaloa, Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”. El juicio estaba originalmente previsto para el 13 de febrero, pero Zambada Niebla, aliado de Joaquin “El Chapo” Guzmán, afirma que el proceso debe anularse porque se le ofreció inmunidad a cambio de brindar información a la DEA sobre otros cárteles. Zambada Niebla, extraditado a Chicago en febrero de 2010, enfrentaría la próxima audiencia el 18 de abril.
Washington, DC. Un juez federal negó un juicio rápido a Julián Zapata Espinosa “El Piolín”, presunto asesino del agente estadounidense Jaime Zapata, y advirtió que lo devolverá a México si no hay cooperación expedita del gobierno de ese país. En una audiencia en la Corte de Distrito de Washington, el magistrado Royce Lambert emplazó al gobierno de Estados Unidos a que solicite a México celeridad en la entrega de documentos y evidencias.
Son sólo cuatro ciudades, pero son cuatro retratos de la expansión del narcotráfico.
Esta semana San Diego, Washington, Los Ángeles, Chicago y Arizona reflejaron la presencia de los cárteles mexicanos en el país vecino y la fuerte conexión que existe entre ambas naciones. No necesariamente en materia de combate al tráfico de drogas, sino de distribución y mercado. Todo esto en un contexto en el que los operativos hechos por nuestro vecino parecieran más apoyar a los grupos de narcotraficantes que a la seguridad de los mexicanos.
Primero fue “Rápido y Furioso”, después se supo de la operación “Receptor abierto” y en últimos días resulta que también hubo un operativo hermano llamado “Arma blanca”. En todos ellos, se permitió y facilitó el tráfico ilegal de 2 mil 500 armas de fuego que terminaron en manos de narcotraficantes.
Tanto México como Estados Unidos mantienen silencio. No hay reclamos ni versiones oficiales.
Al mismo tiempo, nos hemos enterado que como parte de las investigaciones de la DEA, se lavó dinero de los cárteles de la droga. Todo esto, nuevamente, en nombre de la lucha bilateral contra las drogas.
En su momento, el presidente Felipe Calderón dijo en entrevista al New York Times que se enteró por la prensa del operativo “Rápido y Furioso” y que no haría reclamo alguno porque ahora es una batalla política dentro de Estados Unidos.
Sin embargo, el silencio no es una cuestión que ocurra sólo en nuestro país, Estados Unidos no ha querido hacer ningún comentario de manera oficial. Aún cuando al filtrarse información sobre estos tres operativos ya suena a estrategia y/o a práctica constante.
A pesar de que los republicanos, por mero interés electoral, han presionado para que se explique la operación de “Rápido y Furioso”, el silencio oficial prevalece y la ley permite salidas como la de Patrick Cunningham, fiscal federal de Arizona.
Esta semana, cercana ya la fecha para que declarara Cunningham, recurrió a su derecho constitucional de no hablar para evitar incriminarse. De acuerdo con la Quinta Enmienda, el fiscal queda libre de ser cuestionado.
Eric Holder, el secretario de Justicia de Estados Unidos, ha dicho en sus comparecencias que no sabía nada de la operación y la consideró una “táctica inaceptable” que “nunca debe volver a suceder”. En síntesis, no aportó más a las investigaciones sobre el tema.
Los operativos no han funcionado, el dinero de la Iniciativa Mérida no ha sido suficiente, los entrenamientos han sido inadecuados y la soberanía ha sido trastocada con agentes federales de Estados Unidos en nuestro territorio.
Incluso el organismo defensor de los derechos Humanos, Human Rights Watch, señaló que las fuerzas de seguridad mexicanas han cometido abusos a los derechos ciudadanos en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Al final de su reporte recomienda cambiar de estrategia. Por supuesto que ahí sí hubo voz del gobierno mexicano defendiendo su punto. Pero no es suficiente para los ciudadanos.
En este sentido, pareciera que no importa cuanto hayamos hecho o cedido en este periodo. Nos levantamos todos los días haciendo un recuento de muertos en una zona o en otra, aparecen colgados en los puentes, quemados o apilados como muñecos de trapo. Pareciera no tener sentido la violencia y aparecen muertos en narcofosas, migrantes explotados utilizados como mulas o jovencitas prostituyéndose a manos de grupos que han “diversificado” sus mercados con ganancias millonarias que en este periodo no se han visto mermadas.
En aras de abatir el tráfico de drogas, la violencia se extiende hacia el sur y norte de México. Pareciera que ante los errores o estrategias mal aplicadas no hay responsables y sólo hay un silencio esperando que pase la tormenta en ambos lados de la frontera.
Es importante que se esclarezcan las estrategias para que los operativos sean firmes, contundentes, efectivos. Destinar armas o dinero para seguirlo, puede funcionar para combatir mafias pequeñas, pero no redes internacionales de narcotráfico que, como ha quedado evidente, están en ambos lados de la frontera.
Si un operativo, en voz de uno de los inculpados en el tema de “Rapido y Furioso” podría haber “armado a todo un ejército”, ¿qué ocurre cuando son tres operativos que se han descubierto? ¿Se triplica el armamento? ¿Cuántos operativos similares quedan aún por descubrir para que haya tanta muerte en México?
En los dos países hay intereses… pronto habrá elecciones. Entre los responsables o inculpados se podrán cubrir personajes y guardar silencio, pero ante nuestros 60 mil muertos durante el último sexenio no se puede guardar ni un minuto de silencio. Hay que despertarnos, no sea que estemos durmiendo con el enemigo.
