Melina Ramírez, investigadora del IMCO, dijo que para combatir la brecha de competitividad entre los estados, se deben asignar adecuadamente los recursos federales.
En materia de salud, el IMCO instó a generar estadísticas para mejorar los estándares de calidad. Los datos actuales tienen rezago de tres altos o simplemente no existen.
Las brechas de acceso también son claras porque definen los años que vamos a vivir: en Nuevo León, la esperanza de vida es de 77 años, como en Europa Central. En Chiapas, es de 73 años, como en el norte de África.
Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- La opacidad de las funciones, de la asignación de los recursos y de la información general, impacta de manera directa en la competitividad de los estados y eso, en el desarrollo de las personas.
De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal y Urbana, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que evalúa a las entidades a través de 98 indicadores, las ciudades más competitivas son las de Mexico, Querétaro, Nuevo León y Aguascalientes; las menos competitivas son Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
Los del grupo uno tienen una inversión calculada en 131 mil pesos, un Producto Interno Bruto (PIB) per capita de 259 mil pesos y el 30.1 por ciento de las personas de 25 años o más, tienen estudios universitarios o técnicos. Los del grupo dos tienen un PIB per capita de 81 mil pesos, una inversión de 46 mil pesos y sólo el 14.6 por ciento de quienes tienen 25 años o más, tienen estudios.
Melina Ramírez, investigadora del IMCO, dijo que para combatir esta brecha se deben asignar adecuadamente los recursos federales. Mencionó el caso del Ramo 23 que se utiliza para hacer transferencias a estados y municipios, pero ya no se ocupa para las revisiones salariales únicamente, sino qué hay recursos que se asignan sin reglas de operación. Tan sólo en 2017 el gasto se triplicó y con ese presupuesto alcanzaba para el programa de vacunación hasta el año 2146.
Otro ejemplo que aborda el informe es el de la información sobre la empleabilidad de los egresados, ya que la planeación educativa requiere de datos duros sobre las condiciones de empleo de los egresados y del mercado laboral.
“No hay información sobre cuánto gana un profesionista y eso tampoco permite tomar decisiones, además, la opacidad sirve a los intereses de las instituciones educativas y no al futuro de los jóvenes. La consecuencias son los salarios. El de los jóvenes graduados ha ido perdiendo su poder adquisitivo”, señaló Ramírez.
El que los egresados tengan un empleo con un salario redituable, permitiría un retorno de la inversión y ampliar la matrícula con base en habilidades productivas y sociales.
En materia de salud, también se instó a generar estadísticas para mejorar los estándares de calidad. Los datos actuales tienen rezago de tres altos o simplemente no existen.
Con base en los datos de 2015, se puede decir que no hubo médicos generales en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en Nuevo León, 25 por ciento del personal de salud de primer nivel se certificó, es decir, sólo uno de cada cuatro.
Las brechas de acceso también son claras porque definen los años que vamos a vivir: en Nuevo León, la esperanza de vida es de 77 años, como en Europa Central. En Chiapas, es de 73 años, como en el norte de África.
Ante este panorama, el estudio también señala que los ciudadanos no tienen una figura en donde recaigan las quejas y por lo tanto los problemas sean atendidos.
“No hay un ente único al que se pueda etiquetar con el concepto “Gobierno”. Hay facultades, en donde los tres órdenes colaboran. Los municipios, estados y el Ejecutivo son los que reconocemos, pero tienen a la vez un exceso y falta de claridad en las responsabilidades de los ayuntamientos y eso impide saber qué es lo que tiene qué hacer y qué no. Eso define el talento y la inversión en la competencia de las ciudades y la competitividad es la que atrae la inversión”, comentó Fátima Masse, Coordinadora de proyectos del IMCO.
Esta falta de claridad ha provocado que la ciudadanía no sepa en dónde pedir apoyo o reposar sus demandas. Por ejemplo, a nivel municipal, Chilpancingo tiene 17 funciones establecidas en la Constitución, mientras que Villa Durango, tiene 34, que se derivan de las leyes locales del Estado.
