Transformar la indignación en reformas

26/11/2014 - 12:03 am

Por más definidas que pueda uno tener sus ideas políticas o incluso ideológicas, la mejor actitud frente a los acontecimientos y actores públicos es el escepticismo. De lo contrario uno se vuelve presa de las pasiones que son naturales a esta actividad y especialmente ante liderazgos carismáticos, vengan del flanco que vengan. Seguir por ese camino lleva a que renunciemos a nuestra calidad de ciudadanos y pasemos a ser simples seguidores de alguien más: la condición del súbdito.

La indignación que nos invade frente a los escándalos públicos que hemos vivido en las últimas semanas está justificada. Sin embargo, si somos incapaces de canalizarla en demandas concretas al Estado los gobernantes nos darán cualquier cosa para simular preocupación o que están haciendo algo; terminando en reformas cosméticas. O el otro escenario: todos de la mano, gritando consignas y compitiendo por el mejor meme o el video viral acabaremos colapsando las instituciones.

Es necesario pensar que ningún político va a proponer cambios de fondo si éstos afectan sus márgenes de discrecionalidad. En cambio su tendencia es a presentar propuestas de forma. O postergar el debate público indefinidamente a través de grandes iniciativas como un nuevo constituyente.

Como se ha dicho en este espacio, una nueva constitución sería muy similar a la actual con el actual equilibrio de intereses; a menos que definamos que unos son más “pueblo” que otros y deberían ser escuchados por encima de los demás: la solución “bolivariana”. En todo caso, creer que una nueva constitución arreglaría nuestros problemas sería caer una vez más en la tara de nuestro pensamiento jurídico: creer que una norma decreta un cambio en la realidad.

Al contrario, es poco lo que se puede modificar en estos momentos; aunque esos cambios llevarán por dinámica a otros. Enfrentamos un deterioro institucional que lleva décadas, por lo que tener instituciones sólidas puede tomarnos lustros si sabemos qué pedir. De esa forma, entre más concretas sean las demandas más posible será arrancárselas a los tomadores de decisiones.

Si hemos avanzado con sus matices en hacia una democracia procedimental, la agenda debería ser dotarla de contenido: combate a la impunidad y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. A reserva de las propuestas que presente el gobierno federal en los próximos días, que sugiero se tomen con escepticismo y se analicen detenidamente antes de aplaudirlas o descreditarlas, quisiera poner sobre la mesa una agenda de nueve puntos: cinco de acción inmediata y cuatro para llevar a cabo nuevas reformas a nuestras leyes.

Acciones inmediatas

A continuación se presentarán cinco propuestas, las cuales requerirán tanto de la iniciativa y la constante presión de la sociedad civil organizada.

Vigilancia en la implementación de las reformas energética y de telecomunicaciones– de nada sirve la aprobación de reformas de tan alto calado como las recientes sin una vigilancia en su instrumentación. Debemos asumir que reconocer a un grupo de académicos o analistas implica empoderarlos por encima de los otros, exponiéndonos a decisiones parciales para alguno u otro interés. ¿Dónde están los observatorios y analistas que llevan el pulso del tema?

Reformas anticorrupción– en estos momentos el Congreso decide un tema que había quedado pendientes desde noviembre de 2012: los órganos encargados del combate al a corrupción. Se tienen dos grandes modelos, uno promovido por el PRI y otro por el PAN. A partir de esto se podrían tener o no mejores herramientas para combatir este problema. ¿El debate dónde está?

Nombramiento del fiscal general– las reformas políticas recién aprobadas nombraron un ministerio público autónomo, quien tendrá un mandato de nueve años. Si bien el tema de la procuración de justicia no se agota en un órgano autónomo, la elección será relevante al convertir al funcionario en un actor político o en un funcionario lo más alejado de esa esfera posible. ¿Dónde están los partidos o la sociedad civil en la presentación y socialización de figuras idóneas?

Candidatos y crimen organizado– a partir de estos días comienzan a sonar nombre de quienes pueden ser candidatos a los diversos cargos de elección popular. Por otra parte los partidos parecieron dispuestos a instrumentar algún mecanismo que ayude reducir el problema de la infiltración de intereses ilegales en las candidaturas. Sin embargo de poco servirá si la sociedad civil no se organiza para instrumentar observatorios, bases de datos abiertas y vínculos con medios que ayuden a ventilar cualquier duda que se tenga sobre cualquier político.

Investigación al posible conflicto de interés en torno a la “casa blanca”– más allá de cualquier explicación que pudiera haber, el escándalo es de tal magnitud que podría minar la credibilidad del ejecutivo por el resto del sexenio. Si no se hace algo al respecto podríamos terminar con un presidente débil y cuestionado que no podría mucho poder de maniobra al finalizar su mandato. Los instrumentos que se tienen hasta el momento, fiscalía o comisión especial en el congreso, no tienen mucha fuerza institucional al estar en el aire las reformas para combatir la corrupción. Sin embargo se debe hacer algo ya.

Agenda de reformas

A la par de lo anterior, es necesario tener claro un paquete de reformas que combatan eficazmente las conductas ilícitas y fortalezcan la rendición de cuentas:

Transparencia– hay mucho por hacer en este tema, aunque no todo se puede resolver desde la federación. Por ejemplo, el tema del ejercicio presupuestal, donde la vigilancia sobre muchos rubros cae en manos de los estados. Sin embargo se puede iniciar por aquellos temas que quedaron pendientes en las últimas reformas. ¿Dónde están los think tank socializando los pendientes en esta materia?

“Fuero Constitucional”– como se ha dicho en este espacio, no hay tal cosa como un fuero, sino una serie de garantías que deberían ser exclusivas a los legisladores. En cambio tanto el artículo 61 como el Título Cuarto de la Constitución Política son un tratado sobre impunidad. ¿Se debe eliminar la declaración de procedencia? No, pues llegaríamos al problema de origen: la posibilidad de que el gobierno usa los instrumentos jurisdiccionales para afectar el quórum o la imagen del poder legislativo como herramienta de presión.

La agenda incluiría estos puntos: la libertad de palabra sólo protege a los legisladores durante los trabajos que tienen lugar en el pleno o comisiones, aunque se puede también ampliar la protección a quienes comparezcan ante el órgano legislativo para brindar evidencias o dar testimonio de actos. La inmunidad procesal debe aplicar como una medida de protección al quórum de las cámaras federales, no a los individuos, por lo que sólo opera durante los periodos de sesiones. Y el juicio político es un instrumento de control a manos del legislativo frente a los titulares de los poderes ejecutivo y judicial. No tiene por qué gozar otra persona de estos privilegios o verse afectada por estos procedimientos.

Reforma judicial– la reciente reforma, aunque importante, sólo retiró al ministerio público de la esfera del ejecutivo. ¿Es suficiente? ¿Qué debería seguir?

Reforma electoral– las normas electorales están hechas para generar condiciones de competencia para partidos y candidatos que no tienen por qué competir para ganar. Si lo vemos de esa forma, ninguno de nuestros políticos ganaría en un país con normas más libres que la nuestra. Esto es, casi todas las democracias. El tema aquí no es tanto regular al absurdo, sino liberalizar.

La agenda es amplia. Un sistema de financiamiento sujeto a participación de los ciudadanos en elecciones y quizás adoptar algún esquema mixto. Validez jurídica al voto nulo. Doble boleta para legisladores de mayoría y representación proporcional. Reglas de comunicación que hagan que los candidatos compitan, como levantar la prohibición a las campañas negativas: la denigración, real o no, debe ser tema de tribunales civiles, no de leyes electorales.

Hay mucho por hacer y no lo vamos a cambiar todo de una sentada. Aunque puede haber otros temas, se presenta aquí un esbozo. Lo importante es no irnos por generalidades o agendas demasiado ambiciosas, so pena de seguir siendo parte del problema.

Fernando Dworak
Licenciado en Ciencia política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestro en Estudios legislativos en la Universidad de Hull, Reino Unido. Es coordinador y coautor de El legislador a examen. El debate sobre la reelección legislativa en México (FCE, 2003) y coautor con Xiuh Tenorio de Modernidad Vs. Retraso. Rezago de una Asamblea Legislativa en una ciudad de vanguardia (Polithink / 2 Tipos Móviles). Ha dictado cátedra en diversas instituciones académicas nacionales. Desde 2009 es coordinador académico del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa del ITAM.
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