A dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres de familia, en voz Felipe de la Cruz, le recuerdan al Presidente Enrique Peña Nieto lo que él les prometió en las reuniones que sostuvieron: “topara con quien topara” íbamos a saber la verdad, pero como topó con uno de sus amigos muy cercanos, pues mejor lo protege”. Hoy que se cumplen 48 meses sin sus hijos exigen sea investigado e interrogado el ahora Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, pues aseguran, él sabe dónde están los estudiantes.
Hoy, los padres de familia hacen también un llamado a la sociedad: “salgamos todos juntos a exigir la presentación” de los jóvenes, para que así se le demuestre al Gobierno federal que el caso no está en el olvido pese a que ellos han querido “borrarlo o dejarlo en la impunidad”.
Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– La probable preparación del lugar en el que se encontró la evidencia científica de la “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa fue grabada en un video. Era la tarde del 28 de octubre de 2014 cuando el periodista independiente José “Pepe” Jiménez enfocó el lente de su cámara sobre un grupo de hombres que inspeccionaban una zona en la orilla del Río San Juan, en el municipio de Cocula. Uno de ellos, esposado, es Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, vigilado a centímetros por un agente de traje y arma larga. Junto a ellos y un oficial más está otro funcionario, con gorra deportiva, lentes de sol, pantalón obscuro, camisa blanca y una pistola sujeta a la cintura. Es Tomás Zerón de Lucio, entonces director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR).
El recorrido del día 28, de acuerdo con lo que encontró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no fue reportado en el expediente oficial de la PGR. Pero, al día siguiente, una bolsa con restos óseos que a la postre se confirmó pertenecieron al normalista Alexander Mora Venancio, fue encontrada en esa zona por un buzo de la Secretaría de la Marina.
“El hallazgo de los restos óseos humanos en el basurero y en el río San Juan corrobora las versiones y comprueba la presencia de un grupo numeroso de personas que fueron privadas de la vida en el lugar”, dijo el ex Procurador Jesús Murillo Karam en conferencia de prensa el 27 de enero de 2015.
“El resultado de identificación de ADN por parte de la Universidad de Innsbruck, respecto de la muestra (…) que es un hueso de la parte anterior del cráneo, durante el primer análisis mediante el Método Nuclear, identificó el perfil genético de Alexander Mora Venancio, a quien se había denunciado como parte del grupo de desaparecidos de Ayotzinapa, con lo que se comprueba a plenitud que ahí había estudiantes”, agregó.
De acuerdo con Murillo Karam, que basó su conferencia en la información provista por Zerón, esa prueba de ADN, más 39 “confesiones”, 487 peritajes y cientos de declaraciones e inspecciones permitieron a la PGR “realizar un análisis lógico-causal” y concluir que los estudiantes normalistas habían sido privados de la libertad, asesinados, incinerados en el basurero y después arrojados en fragmentos en su mayoría imposibles de identificar en el río San Juan.
“En ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos”, dijo el entonces Procurador.
En septiembre siguiente, sin embargo, el GIEI puso en duda la realización de un incendio en el basurero de Cocula y en abril pasado mostró el video que registra que el recorrido en el río San Juan se realizó un día antes del hallazgo de la bolsa con los restos del normalista, y no después, como asentó la PGR en el expediente.
“La evidencia muestra que uno de los inculpados (‘El Chereje’) fue llevado a dicho lugar el día 28 de octubre de 2014, donde estuvo en el lugar en que al día siguiente sería descubierta la bolsa”, dice el Segundo Informe del GIEI.
“De ninguna de estas diligencias existe registro en el expediente 001/2015 relativo al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Si bien la historia oficial sobre el lugar señaló que el descubrimiento se hizo el día 29 y que los inculpados fueron llevados posteriormente para reconstruir la secuencia de hechos, la evidencia muestra que el día anterior se llevó a cabo una preparación de dicho escenario sin que existiera ningún registro de estos hechos”, agrega.
ZERÓN “SABE” DÓNDE ESTÁN LOS 43
Por esta evidencia obtenida por el GIEI, en mayo de este año, los padres de las 43 víctimas exigieron a la PGR iniciar una investigación interna por probable manipulación de las evidencias y obstrucción de la justicia. Indagatoria, explica Felipe de la Cruz, vocero del movimiento, en la que consideran fundamental que se interrogue a Tomás Zerón de Lucio debido a la sospecha que tienen de que él sepa dónde se encuentra el resto de las víctimas.
“Para nosotros hay una duda, una sospecha clara de que él sabe de dónde salió esto, porque de esa bolsa se encontró al otro día el resto de Alexander Mora Venancio, y todo eso indica que él tiene que saber algo porque, si no, ¿de dónde salió la bolsa que llevaban?”, cuestiona De la Cruz en entrevista.
“Nosotros aún no sabemos de dónde salieron los restos que se encontraban en esa bolsa; los expertos argentinos nos anunciaron que, cuando ellos llegaron, ya estaban los restos en la mesa y que tampoco saben de dónde aparecieron. Entonces, por esa situación nosotros lo exigimos (investigar a Zerón); hay duda, no hay confianza en el trabajo de Zerón, aunque lo hayan premiado”, agrega.
El pasado 18 de agosto, los padres de familia suspendieron su diálogo con la PGR después de que no sólo la investigación para establecer con mayor evidencia el paradero de los estudiantes siguiera sin avances, sino también la indagatoria interna alrededor del trabajo de Zerón de Lucio y la probable manipulación de evidencias.
Y eso que, de acuerdo con lo que el ex visitador general de la PGR, César Chávez, informó a los padres de familia, hay indicios para que el nuevo secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional enfrente probables responsabilidades, al igual que otros funcionarios.
“El visitador general de la PGR que estaba es quien nos anuncia que había llevado a cabo la investigación, pero que faltaba otro poco más, porque tenía que investigar a los demás funcionarios de la oficina de la Agencia de Investigación Criminal. (…) Sobre Zerón (dijo que) él tiene responsabilidades en la investigación que ellos estaban llevando a cabo”, detalló De la Cruz.
“Entonces, para nosotros no era convincente la respuesta y esa fue la causa por la cual nos levantamos”, agregó.
El pasado 14 de septiembre, a menos de dos semanas del segundo aniversario de la desaparición de los estudiantes, la Procuradora Arely Gómez anunció la renuncia de Tomás Zerón al cargo de director de la AIC. Tres horas después, sin embargo, la Secretaría de Gobernación informó que Zerón de Lucio, en “reconocimiento a sus acciones” y “experiencia y capacidad que ha demostrado en sus cargos anteriores”, acababa de ser nombrado por el Presidente Enrique Peña Nieto como nuevo Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
“Para nosotros, el mensaje está claro: la protección a quien haya cometido ese crimen”, dice el vocero de las víctimas.
LA “VERDAD HISTÓRICA”
ADEMÁS:
La “verdad histórica” fue la frase utilizada por el ex Procurador Jesús Murillo Karam el 27 de enero de 2015 para afirmar que la versión sobre lo ocurrido a los estudiantes normalistas y generada desde noviembre anterior por su jefe de Investigación Criminal, Tomás Zerón, era la única hipótesis a probar por el Gobierno de la República.
Esta hipótesis –expuesta por primera vez por Murillo en la conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2014, cuando dijo “ya me cansé”– indica que los estudiantes fueron detenidos en Iguala por policías municipales de ese municipio y de Cocula y que, después, los entregaron a integrantes de una célula criminal denominada Guerreros Unidos.
Estos presuntos delincuentes, a su vez, los asesinaron e incendiaron en un basurero del municipio de Cocula y luego metieron sus restos en bolsas negras de basura que vaciaron –salvo dos– en el río San Juan.
Esta misma versión completa la que indicaba que los estudiantes viajaban en cuatro camiones –dos usados desde la Normal y dos sacados de la Central camionera de Iguala– y que fueron interceptados por policías bajo la orden de José Luis Abarca, entonces Presidente Municipal de Iguala.
Ese 7 de noviembre de 2014, el avance en la investigación reportado por la PGR fue la detención de otras tres personas, entre ellas “El Chereje”, identificadas como quienes recibieron a los “más de 40” estudiantes de parte de los policías municipales y quienes, también, les dieron muerte.
“Los testimonios y confesiones que hemos recabado, aunadas al resto de las investigaciones realizadas, apuntan muy lamentablemente al homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula”, dijo Murillo Karam entonces, estableciendo por primera vez esta probable conclusión de la indagatoria.
Fue en esa conferencia también Murillo Karam dijo que, con la información de “El Chereje” y los otros dos detenidos, los peritos recorrieron la zona del Río San Juan donde, la mañana del 29 de octubre, “buzos de la Armada de México y peritos tanto mexicanos como argentinos, encontraron restos de las bolsas y su contenido, una de ellas permanecía cerrada, misma que contenía elementos óseos, que hoy podemos confirmar que por sus características corresponden a restos humanos”.
El 6 de diciembre siguiente, mientras los padres de familia encabezaban una manifestación en la Ciudad de México, la PGR reportó que la Universidad de Innsbruck había confirmado que los restos contenidos en la bolsa encontrada en el río San Juan pertenecían, efectivamente, al estudiante normalista Alexander Mora Venancio.
“Que sepa que no vamos a descansar hasta que haya justicia. Faltan 42 y los queremos con vida”, dijo entonces Felipe de la Cruz desde la Plaza de la República.
El 27 de enero siguiente, Murillo Karam convocó a otra conferencia para reportar más “avances”, todos en voz del jefe de la AIC: “El 15 de enero de 2015, elementos de la Policía Federal en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron a Felipe Rodríguez Salgado, conocido como ‘El Terco’ o ‘El Cepillo’, miembro de la organización delictiva autodenominada Guerreros Unidos, quien participó en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014”, dijo entonces Zerón.
El detenido, de acuerdo con el funcionario, era “clave” debido a que “todos los testimonios lo señalan como quien dirigió la operación, conduciendo a las víctimas hasta el basurero, interrogándolas y dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas”.
El mismo detenido, agregó Zerón, fue quien ordenó la compra de las bolsas de plástico para tirar los restos y “confiesa su participación, corroborando los hechos narrados previamente por sus cómplices”.
Y fue entonces, casi al término del encuentro con los medios, que Murillo Karam denominó “verdad histórica” a esa conclusión sobre los hechos.
“Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden. Ésta es la verdad histórica de los hechos”, dijo.
Esta “verdad histórica”, sin embargo, fue luego desacreditada por el GIEI, formado por investigadores con experiencia previa en conflictos en Colombia, Guatemala, Chile, África y el País Vasco y contratados por acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno mexicano.
En su primer informe, presentado el 6 de septiembre de 2015, revelaron que los estudiantes viajaban en cinco y no sólo en cuatro camiones y que, debido a que Iguala es una zona de tráfico de heroína y que éste se realiza en camiones de pasajeros hasta Chicago, se debía indagar la posibilidad de que los estudiantes hubieran tomado una unidad cargada ilegalmente.
En ese documento también informaron que un peritaje de dinámica de fuego arrojó que en el basurero de Cocula no había ocurrido ningún incendio como el supuesto por la PGR.
“Dicho estudio contrasta los testimonios de inculpados, el tiempo referido de la quema, el combustible que se señala que se utilizó, la inspección del lugar y el diálogo y examen con los peritajes realizados por la PGR anteriormente”, estableció el informe.
“Sus conclusiones muestran que la quema de 43 cuerpos en dicho lugar, en el tiempo de 15-16 horas señalado en los testimonios, no pudo haber sucedido”, agregó el reporte de los expertos.
El 24 de abril siguiente, la segunda entrega de la investigación del GIEI sobre el caso mostró el video en el que se ve a Zerón recorrer la zona del río San Juan un día antes del hallazgo de la bolsa con los restos de Alexander Mora.
“Se analizan las contradicciones entre la versión que señala que dicha bolsa se habría encontrado el día 29 de octubre a las 8 horas 50 de la mañana, por un grupo de buzos de la Marina. Se muestran fotografías y videos que demuestran que existía actividad desde el día 28 en esa zona del río, y algunas evidencias que no tienen sustento en el expediente”, dice el informe.
“Entre ellas: la presencia en dicho lugar del detenido Agustín García Reyes (‘El Chereje’) en el río, custodiado por la Agencia de Investigación Criminal, en el mismo lugar donde al día siguiente se habría encontrado dicha bolsa (…) ninguna de estas acciones hay sustento legal ni informes en el expediente”, agrega el texto.
“SIMULARON TODO”
Si bien Zerón y Murillo son, de acuerdo con los familiares, constructores de la “verdad histórica”, no son los únicos. También participaron, dice De la Cruz, el entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido; el ex Procurador de Guerrero, Iñaki Blanco; el ex Gobernador de esa entidad Ángel Aguirre Rivero y el ex Comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo, quien encabezó búsquedas de los estudiantes que los padres consideraron como simulaciones.
“Señalamos definitivamente a quienes participaron en ese periodo de búsqueda y de todo eso, a Jesús Murillo Karam, como Procurador; a Tomás Zerón de Lucio, a Felipe Galindo, a Rubido, como titular de Seguridad Nacional, que son los titulares de cada una de las dependencias y que, bueno, simularon todo, prolongaron el tormento sicológico de los padres de familia, y hoy vamos a cumplir dos años y seguimos igual”, dice De la Cruz.
“De Guerrero, a Iñaki Blanco y a Ángel Aguirre Rivero, que son los que estaban en ese momento en funciones”, agrega.
Rubido dejó el cargo en agosto de 2015, sólo después de la segunda fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán; Blanco, Rivero, Galindo y Murillo Karam también dejaron sus respectivos cargos públicos, pero ninguno ha sido procesado por alguna de las omisiones acusadas por los padres de las víctimas.
“Por eso seguimos diciendo que fue un crimen de Estado; se siguen protegiendo”, dice De la Cruz.
Para los familiares, sin embargo, precisa el también maestro normalista de Ayotzinapa, la urgencia de la investigación es alrededor de Tomás Zerón, por lo que pudiera saber sobre el paradero del resto de los estudiantes.
“Pero hoy, el mensaje que Peña Nieto manda a la comunidad, a los mexicanos, es que en vez de que permita que se investigue a esta persona, o que se le destituya, como hicieron con Enrique Galindo, a él le da un cargo más cercano a él para protegerlo mejor”, dice.
“Y, bueno, le ratificamos a Peña Nieto que cuando nos reunimos con él nos decía que topara con quien topara íbamos a saber la verdad, pero como topó con uno de sus amigos muy cercanos, pues mejor lo protege”, agrega.
De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia, el cargo que tiene ahora Zerón de Lucio lo dota de mejor salario y categoría de Subsecretario de Estado.
“Esto abona a que los mexicanos abramos los ojos y nos demos cuenta de que la impunidad existe y que viene desde arriba, desde la cabeza del país, un país que está totalmente volteado, porque no puede ser posible que protejan a delincuentes y a los inocentes los encarcelen, como a los luchadores sociales, a la gente que ya no está de acuerdo con este sistema, y hoy vemos cómo peña nieto está protegiendo a Tomás Zerón pues premiándolo con un cargo mayor”, dice De la Cruz.
–¿Cuál fue el sentir entre los familiares con este nombramiento?
–Primero que nada, de coraje, de frustración, de ver que es imposible que aquí en México haya justicia cuando los que deberían de procurarla son los mismos que violan la Ley en el país. Y estamos conscientes de que solos no se van a hacer el harakiri, que no se van a castigar a sí mismos –responde.
–¿Qué se necesita de la población para que esta impunidad se revierta?
–Necesitamos nosotros ir caminando en la organización del pueblo, unidos todos, y aprovechando, si hay oportunidad, para que este 26 salgamos todos juntos y exigir la presentación de los chavos y que vea Enrique Peña Nieto que esto no está en el olvido aún, a pesar de que quieran ellos con el tiempo borrarlo o dejarlo en la impunidad, que vea que nosotros insistimos en que eso no puede quedar así.
