Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).– Opacidad y opulencia son dos de los principales problemas que enfrenta el Congreso federal, los 31 congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), según se demuestra con el quinto Reporte Legislativo, presentado por la consultoría privada Integralia.

En entrevista para SinEmbargo, la presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Ximena Puente, reconoció que existen diferencias entre el nivel de protección y de garantía que tiene la materia legislativa en cada uno de los estados.

No obstante, confió en que la aprobación de las leyes generales en transparencia será una pieza clave para avanzar en el propósito de contar con un solo modelo de información y de rendición de cuentas en el país.

“Porque van a poner el mismo estándar legislativo para todos los órganos garantes en todo el país. Entonces ya no va a haber distintos modelos de medición, ni distintas reglas de medición, sino que vamos a tener las mismas posibilidades en toda la República”, dijo la presidenta del IFAI.

Expertos en transparencia consultados, coincidieron en que el Poder Legislativo mantiene su deuda pendiente con mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas para que la ciudadanía conozca qué se hizo con esos recursos.

“Yo diría que el gran problema que tenemos es que los ciudadanos y los electores de las distintas entidades federativas tienen niveles diferentes de transparencia, respecto a sus poderes legislativos, e incluso si hacemos un comparativo entre los avances del Senado con la Cámara de Diputados, pues es muy marcado que la cámara baja no tiene los estándares apropiados para la representación popular que demanda”, aseveró a SinEmbargo, Eduardo Bohórquez López, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.

CONGRESOS ESTATALES EN LA OPULENCIA

Prueba de lo anterior, es que en los últimos 13 años, de 2002 a 2004, el presupuesto de los congresos estatales y de la Asamblea Legislativa se incrementó 110 por ciento, sin que se haya demostrado que exista justificación para ese incremento.

El problema no es menor, según este reporte sobre transparencia parlamentaria, estados como Quintana Roo o Sonora han incrementado sus presupuestos más de 300 por ciento, en menos de 12 años.

En otros estados, como Oaxaca o Sinaloa la alternancia en el poder ha significado congresos estatales más caros y con mayor dispendio sin rendición de cuentas, porque sus presupuestos se han incrementado de forma desmedida en los últimos años.

Con mayor detenimiento, se observa que la mayoría de los congresos estatales en donde la ciudadanía votó por una opción diferente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), es donde se observa un mayor incremento de recursos no justificables.

Gráfica 1. Presupuesto aprobado para los Congresos locales por cada 100 mil habitantes, que incrementaron sus presupuestos en más del 100 por ciento en 11 años.

En el reporte se especificó, además, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y el Congreso del Estado de México concentraron el mayor porcentaje de recursos; para la Asamblea capitalina se aprobaron 16 mil 722.1 millones de pesos, mientras que se destinaron a las arcas del Congreso mexiquense 16 mil 411.3 millones de pesos.

Entre ambos concentraron el 23.3 por ciento del total de los recursos. Lo cual no necesariamente es malo si se piensa que ambas entidades concentra casi el 20 por ciento de la población nacional. No obstante la principal queja reside en la falta de transparencia y la dificultad para conocer información que debería ser pública.

El principal, problema, refirió el director de Transparencia Mexicana, es que el reporte de Integralia dejó de manifiesto nuevamente que los cada uno de los 34 órganos legislativos, incluido el Senado, la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa, se están ajustando a una legislación nacional en materia de transparencia y rendición de cuentas, lo cual provoca una medición y un resultado desigual.

“Lo que uno encuentra al analizar este y otros datos, es que el presupuesto de los congresos no está alineado a los resultados y al desempeño que deben de tener los legisladores. Y en el momento en que estamos discutiendo sobre u presupuesto basado en resultados en el Ejecutivo, creo que sería muy sano que el Legislativo se incorporar a esta conversación”, detalló.

CONGRESO DE SINALOA, CARO Y POCO EFICIENTE

El Congreso de Sinaloa es sintomático de la opacidad y la opulencia en que vive la mayoría de los parlamentos estatales. En esta entidad, parece que la alternancia no vino acompañada de un parlamento más austero o más eficiente.

El primero de enero de 2011, llegó al poder el Gobernador Mario López Valdez, hasta entonces empresario y político priista sinaloense, tras ganar la elección bajo las siglas del PAN y el PRD. Desde entonces, ha sido muy marcado el nulo interés del sinaloense por llevar una agenda de los partidos políticos que lo postularon.

Recientemente el gobierno de Malova, como es conocido por la gente, fue tema nacional por haber impulsado la llamada “Ley Mordaza”, que impedía a los periodistas locales tomar fotos, videos y audios, y prohibía el manejo de información relacionada con la seguridad pública y el crimen organizado.

La iniciativa del Ejecutivo fue turnada al Congreso local, donde los diputados aprobaron por unanimidad la enmienda, con una premura inusitada.

No obstante, dos días después la presión de los medios de comunicación provocó que López Valdez reculara y que los diputados locales se echaran para atrás.

En el quinto reporte legislativo, se observa que el Congreso de Sinaloa ha incrementado su presupuesto en más de 100 por ciento en sólo 11 años, sin que exista ninguna justificación para el aumento de recursos públicos.

“Tenemos un Congreso muy rezagado respecto a la transparencia presupuestaria. Hasta hace poco nos dimos cuenta que los propios diputados no querían dar a conocer a ciencia cierta ni siquiera sus sueldos. Si no quería publicitar datos tan básicos como ese, ni se diga en otros rubros, como son el ejercicio de recursos como son compras y licitaciones”, aseveró a SinEmbargo, Norma Sánchez, directora de Iniciativa Sinaloa.

La directora de esta organización civil que defiende el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión, recalcó que se ha encontrado distintos obstáculos para obtener información confiable en el Congreso de Sinaloa.

Por ejemplo, son muy complicados los formatos que utiliza el Gobierno para que la sociedad civil conozca la información presupuestaria, la información en los portales de internet no está actualizada, y la única forma en que se puede acceder a ella es vía el Instituto de Acceso a la Información.

“El Congreso de Sinaloa sigue siendo un congreso ineficiente, a la fecha tiene cientos de iniciativas congeladas. De las 27 comisiones del Congreso de Sinaloa la mayor parte de las iniciativas turnadas recaen en dos de ellas: la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Hacienda, ¿esto qué significa?, que el resto de las comisiones están de adorno”, explicó norma Sánchez, de Iniciativa Sinaloa.

“No podemos seguir temiendo congresos locales donde todos los asuntos legislativos se resuelven en lo oscurito y no de cara a la sociedad”, recalcó.

CONGRESO FEDERAL

El Congreso federal no ha sido precisamente ejemplo de transparencia y rendición de cuentas para sus homólogos estatales.

En el reporte de Integralia se especifica que durante los primeros 20 meses de la presente legislatura, los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados recibieron dos mil 142 millones de pesos en subvenciones sin dar cuenta de su uso y destino.

Los únicos datos disponibles son el monto por partido político, si la partida es ordinaria fija, ordinaria variable, extraordinaria, apoyo logístico o apoyo al personal de los grupos parlamentarios.

Este monto representa un incremento del 64 por ciento en términos reales, respecto al mismo periodo del la legislatura pasada, (mil 305 millones 680 mil pesos).

En el caso del Senado, los reportes son parciales.

Gráfica 2. Ingresos por subvenciones de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados (Millones de pesos)

Ante esto, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, adelantó que el tema de la austeridad en el Congreso será un asunto de permanente revisión durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

“Mire, todo gasto en órganos del Estado representan, tiene una visión de despilfarro para la gente, todo gasto, y yo comparto con la sociedad esa visión. Los congresos deben de revisar su costo, debemos de revisar el costo. El miércoles la Junta de Coordinación va a revisar el presupuesto de la Cámara de senadores y ahí podrán salir cosas relacionadas con la austeridad”, aseveró.

No obstante, al igual que lo hicieron sus homólogos en otro momento, el legislador rechazó que el temas de las subvenciones se trate de un “bono”, “compra de conciencia”, “pago por voto” o algún calificativo similar que la ciudadanía tiene en mente.

“Ningún senador o diputado, o senadora o diputada se está haciendo rico, eso es una falacia. Quienes se están haciendo ricos y están haciendo fortuna son los que se dedican al trabajo privado y con razón, es parte de su esfuerzo”, refirió.

Entonces la austeridad, el gobierno, austero es indispensable para que recuperemos la opinión de la gente a favor de la política, sostuvo el pastor de los senadores perredistas, y para poder reponer una mejor relación entre autoridades y sociedad.

RUMBO AL PARLAMENTO ABIERTO

La Presidenta del IFAI, Ximena Puente, sostuvo que la reforma de transparencia promulgada en enero de 2014, representa una oportunidad para transparentar el gasto de la administración federal, del Congreso de la Unión y de los congresos estatales.

No obstante, adelantó que el IFAI trabajo de forma coordinada con el Senado de la República para avanzar en una legislación que permita mejorar los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas en el país.

“Estamos trabajando conjuntamente con ellos. Tenemos la transparencia en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, excepto en la Suprema Corte, partidos y sindicatos como temas de principal intereses, comentarle a la ciudadanía que vienen a cambiar la protección y el ámbito de transparencia a nivel nacional y que estamos trabajando con el máximo sentido de responsabilidad”, explicó la presidenta del IFAI.

Por su parte, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, planteó que las mejoras legislativas deberán ser amplias y no quedarse solamente en la elaboración de formularios de publicidad que dificulten el acceso de información que realmente le sirva a la gente.

“Lo que se ha avanzado en materia de acceso a la información pública, no supone per se que se estén componiendo parlamentos abiertos de cara al público. Muchas de las previsiones de un parlamento abierto no pasan por el tema de acceso a la información pública, sino por los formatos que se utilizan que utilizan para hacer accesible la información”, sostuvo.
Bohórquez confió en que la información de monitoreo de la labor legislativa esté acompañada de una evaluación sobre la calidad del trabajo legislativo y el impacto de las reformas estructurales en la vida de la sociedad.

“Que nos solamente tuviéramos como variables el salario de los diputados o las partidas que se destinan para las distintas bancadas, sino que incorporáramos indicadores de desempeño para el Poder Legislativo, y no solamente de productividad, no solamente el de presentar iniciativas, sino que estas iniciativas sean de calidad y que den los resultados necesarios para convertirse en instrumentos de política pública”, explicó el director de Transparencia Mexicana.