La inseguridad en Michoacán provocó aquella desafortunada declaración del ex Presidente Felipe Calderón en la que bautizó al combate a la delincuencia organizada como “la guerra al narco” y que terminó marcando su sexenio. Es cierto que nunca hizo nada por bajarse de esa categorización; al contrario, se montó tenazmente en una torpe estrategia mediática que lo único que logró fue que se identificaran los muertos de la “guerra al narco” con los muertos de Calderón.
Paradójicamente es otra vez Michoacán quien le está poniendo nombre al niño en el sexenio de Peña Nieto. De cómo actúe y cómo resuelva el gobierno federal el tema de Michoacán se definirá en gran medida el rumbo y sobre todo el imaginario en torno a la estrategia contra la violencia del actual gobierno.
El operativo Michoacán que lanzó el gobierno hace apenas tres meses es muy parecido a lo que hizo en primera instancia el gobierno de Calderón, y ambos fracasaron. La sola presencia militar y de fuerzas federales no resolvió el problema, por el contrario, se agudizó. La violencia comenzó a bajar en el sexenio anterior con el famoso “michoacanazo”, esto es cuando se llevaron detenidos a 12 alcaldes (ocho del PRI, dos del PRD y dos del PAN), que a la postre fueron liberados por falta de pruebas, pero que para efectos prácticos en realidad se trató de una especie de desaparición de poderes. El “michoacanazo” tuvo un alto costo político para el ex Presidente Calderón, pero fue el principio de la recuperación del territorio; a raíz de ese golpe se desarticuló a “La Familia Michoacana”, aunque nunca se terminó del todo con la violencia en la zona.
Michoacán ha evidenciado que el gobierno de Peña Nieto no tiene una estrategia distinta de combate a la inseguridad. Más allá de lo mediático, donde el planteamiento es evitar el tema lo más posible para que el Estado no genere miedo, todo sigue igual. A esta falta de estrategia hay que sumarle un error gravísimo de la Secretaría de Gobernación que fue no haber parado de inmediato a los grupos de autodefensa (que aparecieron en Michoacán, Guerrero y Estado de México) y la crisis política propia de un estado con un Gobernador enfermo y con licencia, Fausto Vallejo, y un Gobernador interino con muy poco poder real, Jesús Reyna.
El gran problema de la seguridad es saber cuánta fuerza aplicar y en qué momento, para generar los menos daños colaterales posibles, pero para que sea eficiente. En Michoacán, el gobierno de Peña se quedó corto, con lo que no sólo permitió el crecimiento de los grupos de autodefensa sino que estos fueron infiltrados por delincuencia organizada.
Hoy como hace seis años está en riesgo el rumbo de Michoacán. La respuesta que dé el gobierno de Peña Nieto en esta zona del país nos marcará con más claridad cuál es la política de seguridad del seguridad del sexenio, si es que la hay.
