En Morelos, donde gobierna el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, todo huele a delito, a crimen y a muerte.

Ninguna autoridad estatal ni federal pone en orden en esa entidad, por el contrario, los grupos criminales –Tlahuica, Rojos, Guerreros Unidos, Sinaloa, Cártel de Jalisco, entre otros –operan en la absoluta impunidad. Son los dueños del estado.

Los secuestros privan por doquier, los crímenes se multiplican mientras la Guardia Nacional sólo observa cómo se sume en una descomposición absoluta toda la entidad. La mitad de los alcaldes son criminales o tienen ligas con cárteles, de acuerdo con informes oficiales extraídos de los “Guacamayas Leaks”, informes militares que fueron hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Esto explica el nivel de violencia que priva en ese estado. El tramo Tres Marías-Cuernavaca, por la carretera federal, es llamado el paso de la muerte.

Fuentes consultadas y víctimas de asaltos y secuestros cuentan que cuando cae la tarde o la noche muchos automovilistas corren elevados riesgos si se salen de la autopista a Cuernavaca para tomar el tramo federal por Tres Marías.

Ahí operan con absoluta impunidad grupos del crimen organizado que, fuertemente armados, asaltan, secuestran y matan; interceptan vehículos y despojan de sus pertenencias a los ocupantes. En muchos casos les cierran el paso, los asaltantes y/o secuestradores se acercan a los vehículos con el arma empuñada, rompen el cristal del conductor, lo bajan a golpes y les quitan el auto y todas sus pertenencias. Si corren con suerte viven para contarlo.

Este tipo de criminalidad ocurre todos los días, sobre todo después de las nueve de la noche. Y es que estos asaltantes aprovechan el vacío de autoridad que priva en todo Morelos pero, sobre todo, en ese tramo carretero, el camino de la muerte, le dicen, porque han ocurrido al menos 65 asesinatos en lo que va del año. ¿Y la Guardia Nacional? Nadie sabe por qué no tiene presencia justamente ahí donde está el crimen operando abiertamente. ¿Complicidad? Todo indica que sí.

La noche del 24 de mayo, aproximadamente a las 10:00 de la noche, unos amigos muy entrañables fueron interceptados a la altura del kilómetro sesenta de la carretera federal México-Cuernavaca.

Dos vehículos les cerraron el paso. Uno de los asaltantes le disparó a quemarropa a uno de ellos y le hirió el brazo. Luego los trajeron dando vueltas y exigieron un rescate descomunal. Fueron horas angustiosas las que vivieron, según cuentan las víctimas. A través de familiares pudieron conseguir la suma que exigieron fuera entregada en Río Churubusco en Tlalpan, en una gasolinería dejaron el paquete. Era de madrugada.

Esto da cuenta de las conexiones que existen entre criminales de la Ciudad de México y Morelos. Una vez que fue entregada la suma la liberación tardó algunas horas porque a las víctimas les exigieron sus tarjetas bancarias. No sólo eso: encañonados, les exigieron el NIP de cada tarjeta. Cerca de las cuatro de la mañana fueron puestos en libertad en un tramo carretero abandonado. Se llevaron el auto, sus computadoras, carteras y otras herramientas de trabajo.

Este tipo de atracos ocurre todos los días sin que las autoridades de Morelos intervengan, pues el gobernador Cuauhtémoc Blanco tiene totalmente desatendido el estado, por ello, hasta se le ha denunciado detener nexos con el crimen organizado, tema, por cierto, que ninguna autoridad federal investiga. Todo está envuelto en la impunidad.

La guerra política

La pugna política entre el exgobernador de Morelos, Graco Ramírez, y el actual mandatario de esa entidad, Cuauhémoc Blanco, alcanzó niveles insospechados: Ambos enfrentan denuncias e investigaciones por desvío de recursos públicos ante la Fiscalía General Anticorrupción, además que son señalados de proteger, en sus respectivos mandatos, a personajes de la delincuencia organizada.

Tras concluir la administración de Graco Ramírez, en octubre de 2018, el nuevo gobierno encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo ordenó investigar a su antecesor y, con una celeridad inusitada, presentó al menos doce denuncias por presuntos actos de corrupción, fraudes con obras públicas, desvío de recursos públicos, presupuestos inflados, entre otros, que implican a una media docena de exfuncionarios estatales, algunos de los cuales ya están tras las rejas.

Al exgobernador perredista se le acusa de fraudes contra el erario público por más de 500 millones de pesos, según los cálculos más conservadores a los que ha llegado la Fiscalía que investiga este caso.

El exjefe de la oficina de la gubernatura de Morelos, José Manuel Sanz, detalló cuando todavía estaba en funciones algunos pormenores sobre las acciones fraudulentas de Graco Ramírez: expuso, por ejemplo, que la empresa Magnos Comercialización –activa durante el gobierno anterior—contrató al músico británico Sting para un concierto efectuado en octubre de 2015 en la arena Teques, por el cual cobraría cien millones de pesos. De acuerdo con las investigaciones, el cantante no recibió el pago.

Gerardo Becerra Chávez, asesor anticorrupción del gobierno estatal dijo, al respecto, que la venta de entradas para dicho concierto fue calculado en unos 9 millones de pesos, que serían destinados al Fondo Pro Cultura; sin embargo, en las arcas sólo se hallaron 99 mil pesos.

No es todo: Sanz Rivera agregó más datos sobre los fraudes y desvíos en el gobierno de Graco Ramírez: dijo que por un concierto que ofrecieron los cantantes Mijares y Emmanuel se pagaron 120 millones de pesos y, para ello, fueron contratadas dos empresas inexistentes.

A una de ellas –dijo –se le pagaron 2 millones de pesos por la supuesta compra de repelente para mosquitos y a la otra se le cubrieron 3 millones por el gel antibacterial.

Además de todo este atraco, al exgobernador Graco Ramírez se le atribuyen acusaciones por obras infladas e inconclusas; desvíos de fondos públicos, entre otros delitos.

Y entre los imputados figuran, además del exgobernador Graco Ramírez, Jorge Michel Luna, exsecretario de Hacienda estatal; Armando Sanders de Mendoza, Jorge Sánchez Rodríguez, Carlos Alberto Rodríguez, Gerardo Ruiz Solano y Salvador Méndez Medina.

Las respectivas denuncias se presentaron ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción por conducto de la Consejería Jurídica del gobierno estatal; otras denuncias fueron turnadas al ámbito federal y están bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

La pugna política

Todo lo anterior ha derivado en una fuerte pugna política entre el exgobernador Graco Ramírez y el actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco: a Ramírez se le acusa de haber formado un grupo con poder político y económico para denunciar a Blanco por desvío de fondos públicos, nepotismo y vínculos con el crimen organizado, por lo que ya se interpuso una solicitud de juicio de procedencia ante el Congreso estatal, a fin de que el actual mandatario sea castigado.

La Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción de Morelos solicitó al Congreso local inicie un juicio de procedencia en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco por siete diferentes delitos que se investigan desde 2014, además del relacionado con el crimen organizado tras la publicación de una fotografía, en enero de este año, en el que el mandatario aparece con tres miembros del crimen organizado.

Además, la Fiscalía tiene abiertas cinco carpetas de investigación contra el mandatario morelense. Entre esas pesquisas se encuentra la que se integró por la fotografía referida en la que Cuauhtémoc Blanco posa con miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación y presuntos gatilleros del grupo Tlahuica, uno de los más temibles que opera en ese estado.

Ahora se sabe que dicha fotografía fue tomada en la oficina parroquial de la iglesia de La Asunción de María, en el municipio de Yautepec, según lo dio a conocer el diario “El Sol de México” en enero de 2022.

Édgar Núñez Urquiza, vicefiscal de la Fiscalía Anticorrupción, quien presentó ante el Congreso la solicitud de juicio de procedencia, expuso que otros delitos que se deben investigar, presuntamente cometidos por Cuauhtémoc Blanco, son los de ejercicio indebido de funciones y falsificación de documentos.

También se persigue el de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad en declaraciones ante la autoridad. Dijo que la solicitud de juicio de procedencia se da porque existen elementos probatorios concretos respecto a la posible comisión de delitos cometidos por el exfutbolista.

De acuerdo con el documento entregado al Congreso de Morelos, familiares y amigos de Cuauhtémoc Blanco, así como servidores públicos de la entidad, estarían involucrados en el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Y también en el narcotráfico.

Entre otros, se menciona al medio hermano del gobernador, Ulises Bravo Molina, quien fue dirigente del Partido Encuentro Solidario (PES); Édgar Riou Pérez, primo y secretario particular del gobernador; Ricardo Bravo Molina, otro medio hermano de Blanco, así como Jaime Tamayo Godínez, amigo del exfutbolista del América.

Núñez Urquiza puntualizó, además, que el procedimiento legislativo debe contemplar para la próxima sesión del pleno del Congreso el caso del juicio de procedencia, a fin de que el asunto se turne a la Comisión de Gobernación y gran jurado, que preside el morenista Arturo Pérez Flores.

Una vez que se defina un acuerdo en ese órgano parlamentario, ya sea a favor o en contra, lo que seguiría es la redacción de un dictamen para discutirse y votarse en el pleno, aunque declaró que no existen plazos que determine la ley para que esta solicitud pueda desahogarse en un tiempo determinado.

Para que avance el juicio de procedencia en el Congreso morelense se requiere mayoría calificada, que la avalen 14 de los 20 diputados, lo que hasta ahora no ocurre. Y hasta la fecha el silencio y la impunidad envuelven este caso.

Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos, fue quien presentó las denuncias por enriquecimiento ilícito contra Blanco Bravo y funcionarios de su gobierno, así como por falsificación de documentos que en su momento acreditaron a Blanco como ciudadano morelense para competir, en 2015, por la alcaldía de Cuernavaca por el extinto partido socialdemócrata (PSD) y, en 2018, por la gubernatura bajo las siglas del desaparecido Partido Encuentro Social (PES), MORENA y PT.

Hasta el pasado mes de abril, el área jurídica del Ejecutivo Estatal no había recibido ninguna notificación sobre la apertura de alguna demanda en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco, como habían adelantado el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, y algunos abogados.

El entonces Consejero Jurídico, Samuel Sotelo Salgado –quien a la postre fue nombrado secretario General de Gobierno –había dicho que no habían sido notificados sobre demanda alguna, aunque aceptó que su jefe, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, procedió a interponer un recurso de amparo para defenderse en caso de que las demandas existieran.

Morelos: el narco sigue impune

En enero de 2022, el gobernador Cuauhtémoc Blanco atrajo los reflectores y las críticas luego de que fuera publicada una fotografía en la que aparece con miembros del crimen organizado. Se trató de personajes del cártel de Jalisco y del grupo armado Tlahuica. A este último se le atribuye la ola de ejecuciones que se han perpetrado en Morelos y que, hasta la fecha, tienen bajo control el estado y a sus autoridades.

El mandatario morelense negó conocer a los presuntos delincuentes luego de la publicación de la fotografía; al día siguiente, el escándalo aumentó de tono tras la aparición de una “marcomanta” plagada de improperios e insultos en contra del exjugador del club América y exalcalde de la ciudad de Cuernavaca, pues le recriminaron haber negado la amistad con los criminales y le exigieron que cumpla los acuerdos que tiene con la organización criminal.

La iglesia católica también hizo su parte atizando la guerra, la cual Cuauhtémoc Blanco atribuye a su antecesor, Graco Ramírez; mediante un comunicado, la iglesia expuso que el encuentro entre Blanco y los presuntos delincuentes se llevó a cabo en una parroquia, en el municipio de Yautepec; que ahí se encontraron, aunque los religiosos negaron haber intervenido como mediadores en el encuentro y rechazaron tener conocimiento respecto de lo que hablaron tanto el gobernador como los miembros de la delincuencia organizada.

A todo esto siguió el señalamiento de Cuauhtémoc Blanco, quien acusó a su antecesor, Graco Ramírez, de estar detrás de la campaña en su contra; también dijo que existen audios que prueban que el exsecretario de Seguridad Pública en Morelos, Jesús Alberto Capella, sostuvo varias conversaciones con Nazario Mazari, “EL Carrete”, exjefe del cártel de Los Rojos, que opera en Morelos, Guerrero y Michoacán. Mazari fue detenido en 2019 en Guerrero y sigue preso.

Por otra parte, diversos partidos políticos exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero, que investigue si el gobernador de Morelos está implicado con la delincuencia organizada. Hasta ahora, la FGR no ha hecho oficial si inició la investigación en contra del mandatario de Morelos. Y todo sigue sumido en el silencio.

Desde hace varios años, el estado de Morelos ha sido tierra de capos y cárteles. En los años noventa, el cártel de Juárez y su jefe, Amado Carrillo, se afincaron en esa entidad; antes estuvo operando Miguel Ángel Félix Gallardo, “El jefe de jefes”. Después hizo lo propio Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, quien vivió en Morelos y se encargaba de mover toneladas de cocaína con la protección del jefe de la policía, Agustin Montiel, quien ocupó ese cargo durante el gobierno del panista Sergio Estrada Cajigal.

En el año 2006, el cártel de los hermanos Beltrán Leyva se asentaron en Morelos. Incluso en la ciudad de Cuernavaca fue abatido Arturo Beltrán, “El Barbas”, en el interior de su departamento de lujo. La muerte del capo fue producto de un enfrentamiento entre sicarios y miembros de La Marina. Ahí fue acribillado Beltrán Leyva, jefe del cártel que antes estuvo asociado con el cártel de Sinaloa.

A la vuelta de los años, las organizaciones criminales se han robustecido. Ahora en Morelos operan Los Rojos, Guerreros Unidos, cártel de Jalisco, “Los Viagras”, Caballeros Templarios y Los Valencia, todos ellos michoacanos que son tan violentos como crueles, pues suelen decapitar y descuartizar a sus víctimas. A estos grupos se les atribuyen los baños de sangre que enfrentan entidades como Guerrero, Michoacán y Morelos.

A la violencia imparable que enfrenta la entidad –balaceras, levantones, tráfico de drogas, cobro de piso, secuestros y asesinatos –ahora se suma el señalamiento de que el mandatario y exfutbolista del club América tiene vínculos con el crimen organizado.

Los criminales que aparecen en la fotografía junto al gobernador de Morelos tienen nombre y apellidos: Ellos son Irving Solano Vera, “El Profe”, identificado por las autoridades como jefe del cártel Guerreros Unidos que opera en el estado de Morelos.

Otro de los jefes criminales responde al nombre de Homero Figueroa Meza, conocido en el mundo del hampa como “La Tripa”, quien funge como jefe del grupo armado “Los Tlahuicas”, también conocido como “Comando Tlahuica”; y el otro, según las autoridades, es Raymundo Isidro Castro Santiago, apodado “El Ray”, exlíder del cártel de Jalisco Nueva Generación en Morelos.

La fotografía, que causó gran escándalo y polémica, se publicó después de que fuera detenida, el pasado 6 de noviembre de 2021, Esther Yadira Huitrón Vázquez y/o Rosario Herrera, conocida en el mundo criminal como “La Jefa”.

Tras su captura, a “La Jefa” le quitaron un teléfono celular donde se encontraba guardada la fotografía de Cuauhtémoc Blanco con los líderes del crimen organizado.

El martes 4 de enero de 2022, el gobernador Cuauhtémoc Blanco fue abordado por los medios de comunicación para que explicara el origen de la foto y las razones por las que posó con los miembros de tres grupos criminales que están afincados en la entidad que gobierna.

Blanco expuso que no conoce a las personas con las que se fotografió. Tras negar que los criminales son sus amigos, el miércoles 5 se difundió en redes sociales la fotografía de una narcomanta que apareció en Cuernavaca en la que acusan al gobernador de estar relacionado con el crimen y con las personas de la fotografía.

Plagada de insultos, mentadas de madre y calificativos alusivos a su sexualidad, el mensaje de la narcomanta le recuerda a Blanco la relación con los tres líderes del crimen; le llaman jorobado, y además lo amagan con difundir información, aparentemente comprometedora, sobre el asesinato del activista Samir Flores, ejecutado el 20 de febrero de 2019.

Samir Flores fue un activista social muy conocido dentro y fuera de Morelos; antes de ser asesinado, se destacó por emprender un movimiento para impedir la construcción de la termoeléctrica Huexca, proyecto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El día que lo ejecutaron –presuntamente para que no siguiera generando polémica por el proyecto de la termoeléctrica –tres sujetos armados arribaron a su domicilio particular.

De acuerdo con las investigaciones y los testimonios de sus familiares, los sujetos tocaron a la puerta. Cuando Samir Flores abrió le dispararon, casi a quemarropa; su cuerpo se desvaneció. Murió al instante. Flores también ejercía el periodismo: era locutor de la radio comunitaria “Amilcingo”.

Según las investigaciones, el grupo que lo ejecutó pertenece a la delincuencia organizado. Se les ha identificado como miembros del comando Tlahuica, el mismo grupo cuyo líder en Morelos –Homero Figueroa Meza –aparece en la fotografía posando al lado del gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco.

El entonces secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas, salíó en defensa del gobernador Cuautémoc Blanco. Dijo que la fotografía era muy vieja y que ya se había publicado. Otro dato que atizó la polémica contra el gobernador Blanco se centró en el lugar donde presuntamente se tomó la foto. Diversas versiones apuntan a que fue en la propia residencia del mandatario, ubicada en la colonia Tabachines, en la ciudad de Cuernavaca; otra versión sostiene que fue en un restaurante.

Por esta fotografía, el gobernador Cuauhtémoc Blanco podría enfrentar juicio político –según se dijo en enero de 2022 –pero hasta ahora no se ha despejado, fehacientemente, qué hacía el mandatario en la iglesia de Yautepec con miembros del crimen organizado.

Así, entre investigaciones que no se inician –o si se integran no se concluyen –Cuauhtémoc Blanco sigue al frente de lo que ya mucha gente llama “el narcogobierno”, pues la delincuencia organizada goza de impunidad total en Morelos y, por ello, se apoderan de carreteras, calles y municipios completos para asaltar, secuestran, traficar con drogas, cobrar derecho de piso y asesinar.

Ricardo Ravelo

https://www.sinembargo.mx/author/ricardorevelo

Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

#Análisis ¬ Gabriel Quadri critica pensiones pero quiere una