Estoy de acuerdo con muchos de los argumentos que se han esgrimido para defender al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ante la filtración ilegal de la que fue víctima. Coincido en que se debe proteger ampliamente el derecho a la privacidad, el error que supone interpretar una conversación privada bajo un punto de vista público –como sostenía ayer Jesús Silva-Herzog Márquez– y que incluso es discutible que sus comentarios sean discriminatorios, aunque ciertamente son indignos de alguien con tan elevada responsabilidad.

Comparto también las apologías de Córdova que señalan la doble moral de algunos de sus críticos –escandalizados ante esta llamada, pero igual o más irrespetuosos que él–; que enfatizan que, desde una postura democrática, corresponde juzgar acciones públicas, no dichos privados; y que denuncian que detrás de esto hay la intención de deslegitimar al árbitro electoral. De acuerdo en todo ello.

Donde surgen mis dudas es si la defensa del derecho a la privacidad de Córdova, así como los juicios sobre sus palabras, derivan de criterios generales, y por ende aplicables a cualquier persona, o si se hacen desde un rasero especial para Lorenzo por ser quien es. Me explico.

Lorenzo Córdova es un respetado académico, con una sólida preparación y una larga trayectoria como investigador y docente. Su trabajo intelectual se ajusta a los más rigurosos estándares. No conforme con dedicarse solo al cubículo, también se ha desempeñado como asesor, consultor y ahora consejero electoral. Su padre, como bien se sabe, fue uno de los más lúcidos marxistas mexicanos, Arnaldo Córdova.

Dicho esto cabe preguntarse si los argumentos usados para defender a Córdova se esgrimen solo por tratarse de él o si también se esgrimirían en caso de que el afectado fuera otro. Hagamos un ejercicio contrafactual: dijéramos que el funcionario implicado en las conversaciones no fuera Córdova, sino Luis Carlos Ugalde, justo después de la elección de 2006. ¿Los hoy defensores de Lorenzo abogarían por la privacidad de Ugalde y juzgarían sus comentarios sobre el jefe chichimeca igual que los de Lorenzo? Ahí queda la pregunta.

A lo largo de estas campañas y, de manera más general, en los últimos años en la política mexicana, han salido a la luz cualquier cantidad de violaciones al derecho a la privacidad, muchas de ellas semejantes a las del presidente del INE. Por lo general, nadie, salvo los implicados, alzan la voz ante ello, y no ha faltado quien festeje o hasta utilice políticamente grabaciones derivadas de escuchas ilegales. En un Estado de derecho y de derechos, la privacidad de todos debería estar garantizada y una auténtica cultura de la legalidad obliga a condenar cualquier espionaje independientemente de quién sea la víctima.

Ahora bien, ¿los juicios sobre las palabras de Córdova se basan en criterios generales, es decir, aplicables a cualquiera en una situación semejante, o están hechos a la medida del presidente del INE? Dicho de otra manera, ¿los comentarios sobre el líder indígena son más buenos o más malos si los dice Córdova que si los dice alguna persona que no venga de la intelectualidad, la academia y la izquierda? Un mínimo de consistencia al juzgar acciones obligaría a atenerse a estas o, si se quiere, a las intenciones detrás de ellas, pero no a las personas.

Resulta de la mayor importancia defender al árbitro electoral de estas ilegalidades y de las intencionalidades políticas que podrían estar detrás. Sin embargo, también es capital, desde una perspectiva de derechos humanos, que como sociedad defendamos la privacidad de todos, y desde un punto de vista ético es exigible que se juzguen los dichos bajo los mismos criterios, independiente si el implicado cumple o no con las características apreciadas por las voces de mayor influencia mediática.

En suma, defendamos la privacidad de Lorenzo tanto como la privacidad de todas las demás víctimas de escuchas ilegales, y así como se juzgan las palabras de Córdova que sean juzgadas las de los demás. Claro, salvo que se piense que la defensa de la privacidad y la consistencia en los criterios para juzgar son una mera terquedad y que hay que adecuar la postura con base en la buena o mala opinión que tengamos de la víctima.

@GermanPetersenC 

Germán Petersen Cortés

https://www.sinembargo.mx/author/germanpetersen

Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el ITESO y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. En 2007 ganó el Certamen nacional juvenil de ensayo político, convocado por el Senado. Ha participado en proyectos de investigación en ITESO, CIESAS, El Colegio de Jalisco y El Colegio de México. Ha impartido conferencias en México, Colombia y Estados Unidos. Ensayos de su autoría han aparecido en Nexos, Replicante y Este País. Ha publicado artículos académicos en revistas de México, Argentina y España, además de haber escrito, solo o en coautoría, seis capítulos de libros y haber sido editor o coeditor de tres libros sobre calidad de vida.

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