El legislador poblano confió en que el buen criterio y el buen juicio analítico e interpretativo por parte de los ministros “se ponga de lado para que vivamos en un país verdaderamente democrático”.
Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) parece un “activismo judicial de uno de los ministros“, luego de que se admitiera el amparo interpuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del Plan B de la reforma electoral.
Durante un evento en el municipio Zacatlán de las Manzanas, Puebla, dijo que sería muy lamentable que la decisión del Poder Judicial estuviera meditada a partir de “fobias personales“.
“Parecería que es un activismo judicial, que es un activismo por parte del ministro, que pierde brújula, en función de presiones de carácter político, de afinidades partidarias (…) las debería de dejar en el perchero de su casa y no hacerse acompañar de ellas en la SCJN”, comentó.
Ignacio Mier denuncia "activismo judicial" del ministro Javier Laynezhttps://t.co/vdbDlPtE4a pic.twitter.com/5Yh5ZlPj65
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Mier Velazco añadió que la suspensión otorgada por el Ministro Javier Laynez Potisek, “es una pérdida de rumbo y brújula en función de presiones de carácter político”.
Además señaló que en este momento queda en un impasse, toda lo que corresponde a la reforma electoral, derivado del recurso que tramitó el INE; lo que “pone a prueba la verdadera división de poderes, la imparcialidad de los jueces, en este caso por parte de los ministros integrantes de la SCJN”.
Recordó que el año pasado se presentó a través del Titular del Ejecutivo una reforma judicial con el consenso y trabajo previo de todos los integrantes del Poder Judicial y una participación activa por parte de la propia Judicatura Federal.
Y refirió que se buscaba acabar con el nepotismo y con la discrecionalidad en la interpretación de la ley, “que establece la propia Constitución de la República y distinguir sólo aquello que tiene en la interpretación de la ley alguna duda, lo que se le llama partes oscuras”.
Lo anterior con el fin “de ir entendiendo a la justicia como la posibilidad de que se le garantice al pueblo de México en la división de poderes y en la impartición de justicia vivir en un efectivo estado de derecho”, sostuvo.
Por la mañana, la Presidencia de México, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, informó que impugnará la decisión de Javier Laynez Potisek, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que suspendió la aplicación del Plan B de la Reforma Electoral, pues consideró que “arrancó hojas a la Constitución” para frenar el proyecto que busca una reducción sustancial en el aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral (INE).
En un comunicado titulado “Para conceder suspensión, Ministro Laynez arrancó hojas a la Constitución“, el Poder Ejecutivo federal acusó que en contra de lo que prevé expresamente la norma fundamental, “Laynez Potisek decidió admitir a trámite la controversia constitucional presentada por el INE y conceder una suspensión total para que no surta efectos el decreto expedido por el Congreso de la Unión que modifica diversas leyes en materia electoral, “cuyo objeto es reducir los costos burocráticos de las elecciones y afianzar los principios democráticos para que los derechos político-electorales de la ciudadanía sean verdaderamente respetados y no ocurran más fraudes, como en el pasado”.
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“El pueblo de México debe saber que no es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite y, menos aún, había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo Juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una Ley Electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros”, dijo.
De acuerdo con la Presidencia de la República, “se trata de régimen de excepción que modifica los precedentes jurisprudenciales en la materia y anula por completo la presunción de validez constitucional que toda norma general posee, ya que la Ley constituye la expresión de la voluntad popular a través de sus representantes electos democráticamente”.
“La Constitución sólo faculta a la SCJN para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral; esto es, existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir”, aseguró.
El Ejecutivo explicó que “conforme a los criterios de la propia SCJN, las medidas cautelares de esta naturaleza sólo pueden otorgarse, en todo caso, respecto de actos eminentes e inmediatos, pero nunca con relación a actos futuros e inciertos”, por ello, “resulta preocupante que el Ministro Laynez Potisek suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el INE no lo solicitó así, pues, incluso, no impugnó la totalidad de las normas modificadas, sino sólo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del Instituto”.
