*Gracias al equipo de Artículo 19.
#EstadodeCensura fue el nombre que la organización Artículo 19 eligió para su informe anual sobre violencia y agresiones contra la prensa en México. Censura y autocensura como condiciones generalizadas.
El nombre no podría ser más preciso, durante dos días de actividades se discutieron temas tan variados como la situación del periodismo nacional, derechos humanos, libertad de expresión, seguridad digital, modelos de negocio tradicionales y no tanto, por periodistas y activistas de Colombia, Inglaterra, Estados Unidos, España y, por supuesto, de diversos estados de la república mexicana.
El informe arrancó con la presencia del Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, quien moderado por Javier Solórzano, soltó a bocajarro: “el caso Aristegui tienen un fuerte olor a censura”.
Luego Edison explicó con amplitud dos dinámicas preocupantes para la prensa a nivel latinoamericano y de las que México es también un triste ejemplo: la concentración en la industria que permite a los empresarios lucrar con las audiencias sin hacer periodismo de calidad y la incursión de nuevos empresarios corporativos que usan a los medios (televisión, radio o impresos) como una manera de hacer negocios paralelos en construcción, salud, educación, deportes y otros sectores.
Fueron dos días de intenso intercambio con colegas de otros países y otros estados y, duele decirlo, pero la conclusión es una: la situación de la prensa en este país está jodida.
A título personal me atrevo a extraer dos grandes aprendizajes de mi participación en el informe “Estado de Censura.”
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Primero, la prensa independiente en este país es escasa y corre graves riesgos de seguridad, viabilidad y permanencia.
Las razones son serias. La principal es el continuo acoso político (48% de las agresiones documentadas en 2014 provienen de funcionarios), del crimen organizado o de particulares que obligan a los periodistas y a los medios pequeños a trabajar en condiciones permanentes de miedo y vulnerabilidad, situaciones que se traducen en una censura directa como en el caso de mi compañera Norma Madero de Quintana Roo, cuya revista “Luces del Siglo” ha sido clonada decenas de veces sin ninguna consecuencia para los responsables; o de Pedro Canché, periodista maya encarcelado por supuesto sabotaje.
El acoso también pueden traducirse en una señal de alerta permanente que obliga a la autocensura como protocolo de protección, como en Tamaulipas, un estado en el que los medios deciden hasta donde publicar los hechos de nota roja en función de que tan “tolerante” es el nuevo líder del cártel dominante con la prensa. Vamos, los capos convertidos en editores.
Otra situación todavía más preocupante es que en todos los casos, en todos los estados, y en todos los niveles, el funcionamiento y respuesta de las autoridades competentes no solo es ineficaz sino que en muchos casos es completamente inexistente. A pesar de una fiscalía especializada como la FEADLE y un Mecanismo Federal para la protección de periodistas, basta reunirse una hora con colegas de Baja California, Veracruz, Puebla, Chiapas, Tamaulipas o Sinaloa para comprobar que una cosa es lo que se dibuja en el papel y otra la realidad impune en la que se ejerce a diario el periodismo mexicano. Para decirlo en palabras de un colega colombiano: “Lo que escucho me parece de otro mundo”.
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Otra condición que agrava la situación y somete a las empresas periodísticas a presiones de distinto tipo, pero igual de preocupantes, es el asunto de su viabilidad económica de cara al futuro, sobre todo en un contexto de refundación industrial como consecuencia de la disrupción que significan el internet y la digitalización global.
La mayor parte de los medios mexicanos está muy lejos de los grandes recursos de los corporativos nacionales para hacer frente a esta realidad y la mayor parte de ellos ha encontrado en los gobiernos municipales, estatales o federal, la respuesta a sus problemas financieros. El nombre del juego se llama “publicidad oficial”.
Ese es el segundo gran aprendizaje.
México es uno de los países más opacos y mas atrasados en el tema. Una de las grandes promesas pendientes del Presidente Enrique Peña Nieto al inicio de su mandato fue proponer una regulación moderna en esta materia.
Dos años después, no solo seguimos sin legislación, sino que estamos ante una inminente regresión en materia de libertad de expresión. Los hechos están allí: mientras que el gobierno federal decidió concentrar la mayor parte de sus recursos de publicidad oficial en medios aliados como Televisa, Tv Azteca y la Organización Editorial Mexicana (OEM); los gobernadores hacen lo propio adjudicando sus recursos vía “convenios” con empresarios de medios a modo, afines a sus formas de gobernar y con líneas editoriales sin un ápice de crítica o escrutinio sobre la cosa pública.
Esta dinámica hace que los dueños de los medios condicionen sus criterios editoriales a las reglas definidas en los famosos convenios. Reglas que pueden ser escritas o tácitas pero que son evidentes cuando uno atiende a las entrevistas a modo en radio, o a las portadas con fotos de inauguraciones y declaraciones de los gobernantes sin cuestionamiento alguno.
Por supuesto esto no se transparenta ante la audiencia diferenciando aquellos contenidos que son pagados de los que no, sino que se le miente a los ciudadanos disfrazando de verdadero contenido gacetillas, menciones estratégicas y hasta lectura de boletines.
Resulta entonces que a gobernadores, alcaldes y hasta a más de un diputado o senador, les alcanza ahora para decidir sobre la línea editorial de un medio de comunicación.
En ese contexto complejo y difícil, atrevo dos propuestas:
Primero, los medios y periodistas de este país no podremos sostener una mínima independencia mientras no contemos con una verdadera ley de publicidad oficial que, con ejes transversales de transparencia y rendición de cuentas, nos permita definir criterios precisos para decidir cómo, por qué y a quienes, se les asigna dinero público con el objetivo de difundir información pertinente para la ciudadanía.
Por supuesto se requiere mucho trabajo técnico, la valoración de modelos exitosos en otras latitudes y un amplio cabildeo para empujar dicha legislación tanto en la esfera federal como en la estatal.
El trabajo es arduo pero es ineludible, mientras no lo hagamos los capos y gobernadores seguirán siendo los grandes editores de este país.
Parece pecado decirlo en esta industria, pero los medios tenemos que ser negocio para poder ser independientes. Sin independencia no hay periodismo.
Por último, el informe incluyó la realización de mesas de discusión de diverso propósito, una oportunidad perfecta para debatir sobre lo que nos duele, para hacer autocrítica. Una oportunidad para “pensarnos un poquito” como medios y periodistas, me dijo Darío Ramírez al final del evento.
Aún así no vi gente de los grandes corporativos de medios del país, de las grandes televisoras, de los grandes periódicos. Al día de hoy, algunos han remitido alguna nota menor cuando los números son preocupantes: las agresiones contra la prensa han crecido 80% en el sexenio de Peña Nieto. Eso no está bien.
Con esto quiero decir que es evidente la desunión del gremio, la polarización, el descrédito de nuestro oficio entre nosotros mismos. Así no vamos a llegar a ninguna parte.
La fragmentación es la coyuntura perfecta para el poder. Divide y vencerás dice el clásico.
Y parece que lo que nos divide es una amplia inmadurez e incomprensión de nuestro rol. Más que exigir profesionalismo y honestidad, preferimos exigir homogeneidad. Algo imposible en este oficio por cierto.
Por eso lo que no se perdona es que algunos medios y periodistas hayan decidido dejar de ser neutrales.
Yo creo que en estos tiempos es algo necesario. Estamos obligados a definir una postura y una agenda pública transparente. Debemos, eso sí, hacer periodismo en los mejores estándares que podamos: con buenos código de ética, lineamientos editoriales claros, Defensores de las audiencias, consejos editoriales, inversiones en capacitación en la medida de lo posible.
Los medios debemos procurar el desarrollo de mejores narrativas en la comunidad. Asumirnos constructores de un discurso más que reflectores de una incompleta realidad. Y nuestro discurso debe ser crítico, exigente, pero también respetuoso y abierto.
De ese tamaño es la importancia de un medio en el entramado democrático de una comunidad, no queda de otra más que asumirlo con total humildad y profesionalismo.
Porque no podemos ser ingenuos, allí donde uno hace periodismo se pisan callos y se afectan intereses. Intereses del mismo tamaño que los carteles con los que co-habitamos y que la red institucional político-mafiosa que los posibilita.
México ya no aguanta más simulación. Los periodistas no podemos ser parte del reparto hipócrita.
No se vale ocupar este lugar y sentarte acá a fingir. Sentarte a venderte. Sentarte a quitarle el espacio a los que si quieren hacer periodismo con honestidad.
De ese tamaño es nuestra obligación y de ese tamaño debe ser nuestra integridad y nuestro compromiso.
