Entre medio millón y 5 millones de pesos, es lo que la Secretaría de Desarrollo Social en Baja California erogó cada mes durante años en apoyos para beneficiarios que no existían. Así lo revelaron nuevos censos realizados por la ahora Secretaría de Bienestar, además, se reveló una estructura político-electoral que opera por medio de líderes de colonias ligadas al PRI que administraban los padrones y recibían dinero en efectivo para “repartirlo” entre beneficiarios falsos.
Solo en la entidad, 55 mil 324 beneficiarios integraban el padrón de Prospera. Para el 18 de febrero de 2019, se visitaron 35 mil 589 domicilios, de los cuales mil 428 simplemente no existían.
Prospera es una evolución del programa que inició bajo el nombre Solidaridad en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Para 1997, con Ernesto Zedillo como Presidente de México, tomó el nombre de Progresa y de ahí pasó a Oportunidades durante los sexenios panistas. Bajo la nueva administración federal, cambiará su nombre a Becas Benito Juárez y se modificará la división territorial de las zonas de mayor marginación social.
Por Inés García Ramos
Tijuana, 26 de febrero (Zeta/SinEmbargo).– Una iglesia, un parque público, direcciones inexistentes, lotes baldíos o viviendas de otras familias, fueron registrados como domicilios de más de mil beneficiarios falsos en el padrón del programa federal Prospera en Baja California durante la administración de Enrique Peña Nieto. El desvío de recursos públicos se calcula en hasta 5 millones de pesos por mes, en algunos casos desde 2013.
No es una situación única. En todo el país, se han encontrado más de 205 mil beneficiarios falsos, para quienes la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encargada de Prospera, aportaba de 400 a 3 mil 500 pesos cada mes por cada uno. El objetivo del programa era apoyar a la población en pobreza extrema.
Y podría haber más casos por descubrir. El hallazgo se dio durante la aplicación de censos por parte de la Secretaría de Bienestar, antes Sedesol, para verificar que los casi 5 millones de beneficiarios de Prospera, el programa social más ambicioso de la administración de Peña Nieto, estuvieran recibiendo los apoyos mes tras mes.
La medida fue una decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador bajo la sospecha de desvíos en la secretaría que a nivel federal pasó por cuatro pares de manos: Rosario Robles, el ex candidato presidencial José Antonio Meade, Luis Enrique Miranda y Eviel Pérez Magaña.
Las inspecciones físicas de los domicilios iniciaron durante la etapa de transición gubernamental. Hasta el momento, se ha visitado más del 56 por ciento de los domicilios inscritos en el padrón de beneficiarios en todo el país.
Tan solo en Baja California, 55 mil 324 beneficiarios integraban el padrón de Prospera. Para el 18 de febrero de 2019, se habían visitado 35 mil 589 domicilios, mil 428 de ellos no existían.
De febrero de 2013 a febrero de 2016, el actual Diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Antonio Corona Bolaños, fungió como delegado de Sedesol en Baja California.
De octubre de 2016 a noviembre de 2018, el ex delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Guillermo Peñúñuri Yepiz, ocupó ese cargo.
El Diputado Corona Bolaños fue contactado por ZETA para este reportaje, pero no contestó las llamadas.
LOS LÍDERES DE COLONIAS
Para Jesús Alejandro Ruiz Uribe, titular de la delegación de la Secretaría de Bienestar en Baja California, el diseño del programa Prospera tenía un fin político-electoral.
De entrada, la selección de zonas de pobreza extrema se basaba en los distritos electorales y en cada uno, se elegía a un líder de colonia para reunir hasta 200 beneficiarios, quienes eran llevados por los propios líderes a las oficinas de Sedesol.
En las instalaciones, personal de Prospera realizaba un estudio socioeconómico a cada uno de los solicitantes para determinar el monto que recibiría. De ahí, los líderes de colonia se encargaban de citar a los beneficiarios a asambleas mensuales donde se entregaban los apoyos en efectivo.
“Las lideresas tenían el poder de Prospera, así como el personal del programa. En todos los casos, las intermediarias estaban trabajando para el partido político. Era un programa para favorecer a un partido político, no un trabajo que se hacía territorialmente por parte de Prospera, como lo estamos haciendo nosotros ahora”, detalla el funcionario federal.
Desde que inició la nueva administración federal, la Secretaría de Bienestar ha suspendido la entrega de apoyos de Prospera hasta que concluya la aplicación de censos.
El plan del Gobierno federal es finiquitar la aplicación de los censos y efectuar una verificación final para el 28 de febrero, fecha en que se reanudarán las entregas de apoyo, pero ya no en efectivo, sino por medio de una tarjeta bancaria.
El objetivo de verificar personalmente cada uno de los domicilios, explica Ruiz Uribe, es acabar con el esquema de los intermediarios entre el Estado mexicano y los ciudadanos que reciban tales apoyos.
“Ese intermediario de Prospera era encargado de administrar el padrón. En los censos, nos encontramos a gente que nos dicen que las señoras de colonia tenían un poder absoluto para determinar quién recibía y no los apoyos”, añadió Ruiz Uribe.
Incluso, se amenazaba a los beneficiarios con retirarles el apoyo si no asistían a las asambleas mensuales.“Ellas convocaban y a ellas se les daba el dinero para que lo repartieran. Encontramos gente que nos dijo que nunca pudo entrar a Prospera porque la lideresa cobraba por su grupo para entrar. Ellas hacían el trabajo territorial para dar de alta a algunos o quitar a otros”, añadió.
DOMICILIOS FALSOS
Desde octubre de 2018, decenas de voluntarios de la Secretaría de Bienestar han recorrido miles de hogares en Tijuana, Mexicali, Rosarito, Tecate y Ensenada para hacer un registro electrónico de cada uno de los beneficiarios de los distintos programas.
El proceso de registro es sencillo. Una vez que los “servidores de la nación”, como son identificados en sus chalecos y gafetes, se identifican con el beneficiario, les toman una fotografía de rostro, así como los datos de su identificación oficial, capturan otros datos personales como firma y suben la información a una base de datos digital.
Gilberto Herrera Solórzano, quien ha estado a cargo de la aplicación del censo, comentó que además de las inspecciones físicas, se instalaron 56 módulos de registro en puntos estratégicos como centros comerciales, hospitales públicos e instalaciones gubernamentales, para registrar a nuevos beneficiarios y renovar a aquellos ya inscritos.
Las colonias donde hay mayor presencia de esta dependencia coinciden con las de mayor incidencia delictiva en Tijuana, específicamente en la zona este.
Una de ellas es la colonia Buenos Aires Sur, donde estaban dadas de alta 12 personas con domicilios falsos.
En un recorrido efectuado por ZETA, se encontró que tan solo en una calle, San Bruno, había cinco domicilios falsos: la nomenclatura era de tres dígitos cuando el resto de las viviendas contaban con cuatro o cinco números; en otra se encuentra una iglesia.
DENUNCIAS PENALES
El titular de la Secretaría de Bienestar en Baja California detalló que aún no se confirma el monto total de recursos que fueron desviados en la entidad, pero la dependencia federal integrará la información una vez que los censos concluyan.
Sin embargo, se considera que cada uno de los mil 428 beneficiarios falsos recibió un monto máximo de 3 mil 500 pesos, se trata de una erogación de 4 millones 998 mil pesos por mes.
En caso que todos hayan recibido el apoyo mínimo de 400 pesos, el monto total alcanzaría los 571 mil 200 pesos mensuales.
“Lo que sí sabemos es que eran apoyos que se estaban cobrando porque de ello existe registro, ahora habrá que investigar a dónde se fue el dinero”, manifiesta.
Además de estos casos, la delegación titulada por Ruiz Uribe presentó 600 denuncias penales contra familiares de adultos mayores que continuaron cobrando sus pensiones mensuales pese a que los beneficiarios habían fallecido.
Aunque el funcionario declaró que la Secretaría de Bienestar no se concentrará en realizar una persecución, confirmó que las denuncias correspondientes serán presentadas ante el Ministerio Público.
“Al final de la última verificación, no estamos en esa etapa, pero se tiene que hacer la denuncia penal porque se trata de dinero público. Está claro que el dinero no llegó a las personas que se supone que tenía que llegar y el Ministerio Público tiene que determinar a dónde llegó ese dinero”, insiste.
Además de la participación de líderes de colonia, quienes actuaban como intermediarios, personal de Sedesol que haya participado en dar de alta a beneficiarios falsos, podría verse denunciado.
Y aclaró: “Hemos encontrado tanto gente negativa, pero también positiva del personal que estaba en Sedesol”.
Prospera es una evolución del programa que inició bajo el nombre Solidaridad en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Para 1997, con Ernesto Zedillo como Presidente de México, tomó el nombre de Progresa y de ahí pasó a Oportunidades durante los sexenios panistas.
Bajo la nueva administración federal, cambiará su nombre a Becas Benito Juárez y se modificará la división territorial de las zonas de mayor marginación social.
En lugar de distritos electorales, todo el país se dividió en 260 zonas prioritarias. En el caso de Baja California, abarca seis zonas: Tijuana, Rosarito, Tecate, Mexicali, Ensenada y San Quintín.
Otro de los cambios sustanciales, será que ya no se entregará dinero en efectivo, lo cual, de acuerdo con los actuales funcionarios, es un factor de riesgo tanto para los beneficiarios como para el personal de la dependencia.
El 19 de febrero, la Secretaría de Bienestar realizó la primera de dos últimas entregas de apoyos a adultos mayores en efectivo. La modalidad de pago es por medio de giros de dinero, pero a cada uno de los beneficiarios se les entregó efectivo en pequeñas bolsas de plástico transparente.
A partir de marzo, cada pago se realizará por medio de una transferencia a tarjetas bancarias.
“Quienes critican a López Obrador, dicen que está generando un sistema de control político, que eso es para beneficio de Morena o de su fuerza política, pero lo que está haciendo es terminar con el intermediario que controlaba políticamente a la comunidad; pero cuando el Estado Mexicano entrega el apoyo directo a la persona, nadie le puede decir por quién votar”, opinó Jesús Alejandro Ruiz Uribe.
El funcionario destaca que este cambio en el programa eliminará la figura de intermediarios y con ello el poder político que ganaban en las comunidades más vulnerables.
“Eso muy importante, porque es un asunto de definición ideológica y política, no hay nadie entre el Estado mexicano y el ciudadano que tiene el derecho de recibir un apoyo, ya no habrá manipulación política obligándolos a asistir a asambleas”, puntualiza el delegado regional de la Secretaría de Bienestar.
