Los videos y las grabaciones de las fechorías de los políticos y los poderosos no son prueba jurídica de nada, ni causa para que nadie vaya a la cárcel, pero son letales para la vida pública. Es cierto que atentan con el buen nombre de las personas, aunque, seamos honestos, en la mayoría de los casos es poca la reputación que les queda por cuidar. Lo cierto es que desde aquellas famosas filtraciones de las llamadas telefónicas de Córdova Montoya con una mujer que se presumía era su amante, hace ya 20 años, el tema de las grabaciones está en la mesa de discusión y en los medios. Sigue siendo el arma más letal y socorrida en el enfrentamiento entre políticos y la más cuestionada de las malas prácticas de los gobiernos.

La discusión ética sobre el uso de grabaciones obtenidas de manera ilegal tiene muchos matices y es difícil adoptar una postura definitiva. En principio estaremos de acuerdo que nadie debe ser grabado sin una autorización explícita para ello (ni siquiera con fines de calidad en el servicio, como dicen en las llamadas de los bancos). Hay quien defiende este tipo de filtraciones porque nos permiten adentrarnos a las tripas del sistema político e incluso conocer de delitos que de otra manera sería imposible. Las grabaciones y las filtraciones tendrían, en esta perspectiva, un sentido disuasorio. Yo me mantengo, como los de Apple, en que el principio de la privacidad sigue estando por encima de cualquier motivación, por santa o importante que sea.

Otra cosa distinta es lo que hace la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, al transmitir en vivo los operativos contra autos mal estacionados. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México estableció que eso era violatorio de los derechos de las personas, pues exhibía públicamente a los infractores. El argumento, resulta muy débil pues ese mismo alegato implicaría bajar todas las cámaras que se usan para seguridad de las ciudades, e incluso para control de tráfico, pues todas violan el derecho a la privacidad. Las primeras fotoinfracciones en Estados Unidos solían venir acompañadas con una foto del conductor como prueba. La práctica se abolió porque, en no pocas ocasiones, junto al conductor apareció una persona que no era la pareja oficial, lo que ocasionó más de un conflicto conyugal.

El derecho a titular en cualquier caso es el de la privacidad. Lo que se hace o dice en público, como estacionarse mal, insultar a un funcionario o pasarse un alto, no pertenece a la vida privada, más bien es conducta pública inadecuada. Si en su casa los mirreyes (no iba a dejar pasar la oportunidad quieren poner la palabra de moda) quieren meter el coche a la sala, que nadie los moleste: eso sí es vida privada.

Diego Petersen Farah

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