Con el objetivo de «defender la familia», un grupo de personas y organizaciones conservadoras presentó esta semana ante la Mesa Directiva del Senado una iniciativa ciudadana para modificar la Constitución que, en caso de ser aprobada tal y como se ha planteado, privaría de un derecho fundamental a decenas de miles de mexicanos.

El video con el que se invitó a suscribir esta iniciativa, difundida como “Reforma Constitucional Ciudadana de México para Proteger el Matrimonio y la Familia Natural”, captura a la perfección su sentido. Éste empieza repasando varias de los bien conocidas tragedias que hoy devastan nuestro país. Así, abuso sexual infantil, tráfico de menores, pornografía infantil, secuestro y corrupción son enlistados velozmente por el presidente de la organización Consejo Mexicano de la Familia, su presentador, para justificar una conclusión obvia: “estamos muy, muy mal”. Pero este sentido diagnóstico tan solo funge como excusa para introducir inmediatamente la razón de ser de esta propuesta; un “mal” que, por la secuencia y tono empleados en el video, es implícitamente equiparado con todos los anteriores:

“Pero además, la familia se encuentra bajo ataque. Recientemente la Suprema Corte ha decidido deformar el matrimonio pues dice, entro otras cosas, que este no tiene nada que ver con el objetivo de la procreación. Además, ha convertido el matrimonio en algo desechable a través del divorcio exprés, y también ha decidido negarle a los niños el derecho de tener papá y mamá.”

Las aseveraciones anteriores son, por decir lo menos, engañosas. El matrimonio no ha sido “deformado” en México, sino que recientemente se le ha revigorizado como una institución legal acorde con los derechos humanos de nuestro tiempo. Suponer en 2016, como durante mucho tiempo se sostuvo, que la ley debe estipular que el único objetivo del matrimonio es la procreación es ir en contra del derecho de todos aquellos que buscan unirse a la persona que aman con la intención de formar una familia de dos –los esposos son parientes; es decir, las parejas que no necesariamente esperan tener hijos. El término familia no es una marca registrada ni propiedad privada de nadie.

Tampoco tiene sentido asumir que un trámite de divorcio más ágil puede “deformar” un matrimonio. Los matrimonios que llegan al divorcio muy probablemente se han quebrado mucho antes de firmar un papel. Pensar que complicar el proceso de separación es positivo para una familia –y en particular para los niños- es irracional. Por principio de cuentas, es muy probable que los padres ya estén separados físicamente mucho antes de firmar un documento legal. Pero aún suponiendo sin conceder que el engorroso papeleo logra mantener bajo el mismo techo a una pareja, el tipo de convivencia que esto generaría difícilmente sería recomendable para los niños.

Pero todo lo anterior apenas forma parte del segundo acto. En el video pronto se revela que es el tercero, y último, el verdadero motor de la iniciativa. De acuerdo con ConFamila, la SCJN ha llegado al extremo de negar a los niños “el derecho de tener papá y mamá”. La cápsula de tres minutos de duración entra en su recta final con la presentación de la propuesta de reforma al artículo 4º constitucional con el fin de “proteger y promover el matrimonio natural y la familia natural”. Esto se explicita claramente en el formato empleado para recabar firmas, en cual se incluyó, como uno de los cambios propuestos, el texto “Se reconoce el derecho del varón y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia”. No es difícil ver que el supuesto de que los niños mexicanos han perdido su derecho a tener padre y madre es falso, y que con la nueva redacción lo único que ocurriría es que dejaría de reconocerse a las parejas homosexuales su derecho actual de contraer matrimonio y fundar legalmente una familia.

Increíblemente, el video concluye con una inaudita aseveración que de no ser por lo serio de las implicaciones de esta propuesta podría ser considerada un brillante sarcasmo: “Debemos hacer prevalecer la verdad. Nada de idolologías, solo ciencia y razón”. Pero en lugar de acudir a evidencias científicas o argumentos racionales para respaldar la iniciativa, quienes la proponen realizan asociaciones sin fundamento y esconden mediante eufemismos una causa que, especialmente entre mexicanos los jóvenes, es políticamente incorrecta.

La iniciativa ciudadana promovida por organizaciones conservadoras para reformar al artículo 4º constitucional ya ha reunido las firmas necesarias para ser votada por el Congreso. Ésta es un ejemplo de cómo un instrumento democrático –el mismo que emplearán quienes impulsan la interesantísima iniciativa anticorrupción Ley3de3-, puede también ser utilizado para empujar leyes que conflictúan con los derechos humanos . Si estuviéramos en Estados Unidos bien podríamos imaginar a los grupos que apoyan a Donald Trump utilizando exactamente los mismos argumentos, y la misma herramienta, para promover una iniciativa que busque, “por la Familia, por los Niños y por Todos”, quitar derechos a los musulmanes o mexicanos el derecho de contraer matrimonio con estadounidenses con el fin de “proteger y promover a la familia natural norteamericana”.

Sin embargo, el mal uso que se está dando a esta figura no debe asustarnos. En una verdadera democracia todas las voces deben ser escuchadas; sugerir que un individuo o grupo que disienta debe ser callado o reprendido sería violar sus derechos humanos, y por lo tanto, ilegal y absolutamente intolerable. Los conservadores, al igual que el resto de los mexicanos están en todo su derecho de proponer los cambios a la ley que consideren pertinentes; pero son nuestros legisladores, al final del día nuestros representantes, quienes tienen la última palabra. A diferencia de lo que ocurre con un ciudadano o con un grupo de organizaciones, los diputados y nuestros senadores tienen la responsabilidad ineludible de no avalar ninguna ley que viole los derechos humanos de los habitantes de este país.

Dado que nuestros representantes no siempre tienen muy presente sus responsabilidades, la manifestación de su buen juicio dependerá del acompañamiento demandante que la sociedad logre articular en torno a cada una de las causas revisadas. De la misma forma en que para empujar la iniciativa Ley3de3 debemos presionar a cada uno de nuestros legisladores para que no modifiquen los candados institucionales que buscan limitar las prácticas corruptas, la exigencia a cada Senador debe ser que no utilice su cargo para retirar a decenas de miles de mexicanos los derechos fundamentales que, tras siglos de oscuridad, les han sido reconocidos por la Suprema Corte.

Si la reforma al artículo 4º constitucional prospera, nuestros legisladores revelarían el poco valor que reconocen en los derechos humanos de sus representados. De paso, también nos dejarían en ridículo ante el grupo de países occidentales al que soñamos pertenecer, donde se ha entendido que para defender las familias se debe empezar por ampliar los derechos de todos los individuos y no por reducirlos.

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Antonio Salgado Borge

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Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Cuenta con maestrías en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y en Estudios Humanísticos (ITESM). Actualmente es tutor en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Edimburgo. Fue profesor universitario en Yucatán y es columnista en Diario de Yucatán desde 2010.

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