Por Humberto Francisco Guerrero Rosales*

En octubre de 2020 se hizo pública la presentación ante el Senado de una iniciativa para aprobar una nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), y modificar diversas disposiciones relacionadas. Posterior a la presentación de la iniciativa, se circuló un proyecto de dictamen respecto de la iniciativa referida, el cual presenta diversos puntos de extrema preocupación para diversos actores, en particular, las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Pero ¿de dónde viene dicha preocupación? Son tres las claves para entender el riesgo que representa este paquete de cambios:

1.– La propuesta representa un retroceso sustantivo en materia de derechos de las víctimas;

2.– La propuesta da marcha atrás al proceso de transformación de la FGR en una institución de procuración de justicia moderna y democrática; y

3.– La propuesta y el proceso para su aprobación denotan un profundo desprecio por la participación y aportes de las víctimas.

Respecto del primer punto, la propuesta de nueva Ley de la FGR propone la supresión de diversos derechos de las víctimas, los cuales son producto de la evolución de nuestro sistema penal en aras de fortalecer el derecho de acceso a la justicia. Entre los derechos que se eliminarían a partir de la aprobación de esta nueva legislación, están los derechos de las víctimas a coordinarse con el Ministerio Público para generar planes de investigación; el derecho a copias de los expedientes; el derecho a solicitar la participación de peritos independientes; y el derecho a solicitar la conformación de comisiones especiales de personas expertas para apoyar en el análisis de casos especialmente complejos.

Todos estos derechos son el reflejo del progreso del derecho de las víctimas a la participación en las investigaciones y procesos penales. A partir de la reforma al sistema de justicia en el 2008 y la reforma en materia de derechos humanos de 2011, nuestro marco normativo constitucional y penal ha ido ampliando la concepción de lo que implica la participación de las víctimas en la investigación penal. En este sentido, hemos transitado de una concepción limitada de la víctima como mera instancia de apoyo a la función ministerial, a una concepción donde se permite que la víctima pueda, en algunos casos, convertirse en un contrapeso para evitar un uso indebido de la facultad de investigación. De aprobarse la iniciativa de nueva Ley de la FGR en sus términos, estaríamos retrocediendo al menos una década en materia de acceso a la justicia para las víctimas.

En cuanto al segundo punto, apenas hace dos años, en diciembre de 2018, la legislatura actual del Congreso de la Unión aprobó una Ley Orgánica de la FGR. Esta Ley refleja el consenso de múltiples actores sobre lo que implica un nuevo modelo de investigación penal científico y dinámico, que abandonara las prácticas autoritarias que propiciaban la manipulación de las investigaciones y la práctica de violaciones a los derechos humanos como la tortura y las detenciones arbitrarias. Asimismo, la Ley vigente y que se pretende desechar, proponía una estructura institucional flexible que permitiera a la FGR abordar los retos que representa la investigación de fenómenos criminales complejos, como la delincuencia organizada. En este tipo de contextos, las conductas delictivas no se dan de forma aislada, hay una interconexión entre distintas conductas y distintos actores. Nuestra Ley vigente incorporó una serie de herramientas institucionales para permitir una relación de coordinación más ágil entre las distintas áreas y disciplinas que intervienen en una investigación. Sin embargo, en la propuesta de nueva Ley, se pretende regresar a un modelo institucional que propicia la fragmentación de las investigaciones en estructuras rígidas y anquilosadas.

Finalmente, llama la atención el desprecio que ha demostrado el Poder Legislativo hacia la participación y aportes de las víctimas, quienes han luchado durante años para lograr algunos de los avances legislativos más importante para combatir la impunidad. Al respecto, cabe recordar que fue gracias a las víctimas que ahora contamos con leyes de avanzada en materia de desaparición forzada y tortura, y también fue por ellas que se impulsaron grandes cambios para lograr la Ley Orgánica de la FGR aún vigente. El impulso de estas legislaciones fue la respuesta de las víctimas frente a décadas de indolencia y violencia institucional, por lo que cualquier cambio de gran calado en estas materias debe incorporar una participación efectiva de las víctimas. Los mecanismos de participación simulada no tienen cabida. Un mecanismo de “buzón de comentarios” es insuficiente, es necesario que el Congreso de la Unión convoque inmediatamente a un verdadero ejercicio de Parlamento Abierto para desahogar la discusión sobre el marco normativo de la FGR.

* Humberto Francisco Guerrero Rosales es coordinador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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