“Nosotros pensábamos que se trataba de un robo, ya después cuando empezó la balacera creíamos que eran como secuestradores… nunca dijeron que eran la policía”.

“Yo esperaba que la policía dijera; salgan, somos la policía, están seguros”.

Juana Luna.

El sábado 14 de enero tres hermanitos de 4, 8 y 11 años, fueron asesinados en San Miguel de Allende, Guanajuato en presencia de sus padres Juana y Antonio Luna. La tragedia que cimbró y movilizó a la ciudadanía, ha tenido como secuela una serie de actos de autoridad francamente inverosímiles e indignantes.

Esa trágica madrugada Juana y Antonio Luna junto con sus tres hijos estaban en un predio de que Antonio era velador cuando escucharon autos que se aproximaban, a lo que siguieron gritos y disparos de armas de personas que intentaban entrar al lugar.

Antonio pidió a Juana que se resguardara con los niños en el baño y les dijo “Yo los voy a cuidar, no voy a dejar que nada malo les hagan”. El se quedó en el cuarto para impedir que los agresores entraran. Juana desde el baño llamó varias veces a la policía, a varios miembros de sus familias y hasta los bomberos. Una sola llamada fue respondida en la que desde el número de emergencias informaban que no podían acudir dado que la policía estaba en “8 operativos y la carretera se encontraba cerrada”.

Juana relató aquellos terribles momentos de viva voz a varios medios de comunicación tras salir del ministerio público. Los agresores (que después supo se trataba de policías) iban encapuchados y nunca se identificaron como tales. Además de amenazarles con matarlos, los policías lanzaron gas lacrimógeno. Juana recuerdo que el más pequeño de sus hijos “preguntaba si eran los robachicos” mientras el tóxico gas le impedía respirar bien.

Antonio portaba una pistola con la que disparó a las escaleras esperando que ello desalentara a quienes intentaban ingresar pero no lo logró. Cuando finalmente irrumpieron en el cuatro donde la familia Luna estaba, los agresores le quitaron el arma a Antonio ante la vista de Juana y los colocaron contra la pared. De manera desgarradora Juana describe que después de algunos minutos, escuchó disparos sin saber a quien estaban dirigidos . A su lado todo el tiempo estuvo Antonio mirando a la pared.

Después de las detonaciones los agresores obligaron a Antonio a tomar el arma, “ten cabrón agárrala, detenla” Juana fue jalada por uno de los agresores y mientras era arrastrada hacia afuera de aquel cuarto su cuerpo se llenó de sangre y observó a un oficial decir a otro: “Tú traes guantes, quítasela, quítasela” al tiempo que le retiraban la pistola a Antonio por segunda ocasión.

Con una arma en la sien los agresores exigieron a Juana confesara dónde estaban los demás. Separada de su esposo Juana exigía ver a sus niños. Después de un tiempo le dieron la noticia que una madre nunca quiere escuchar, “tus hijos están muertos. Antonio los mató”. Entre el dolor no comprendía porque esos hombres decían que incluso ella misma había atestiguado el hecho

Más tarde cuando Juana rindió testimonio ante la autoridad ministerial le preguntaron que por qué no se había entregado a los policías. “Ellos nunca dijeron que eran policías. Solo decían que ya nos había cargado la chingada y que nos iban a matar”. Cuando Juana estuvo ante el ministerio público, narra que al decirles como en realidad fueron las cosas “… ellos no escribían. Yo se lo decía al licenciado y el lo cambiaba… nunca me dijeron sus nombres, nadie se presentó.

La fabricación burda que intentó la Procuraduría fue seguida por la médico legista que se prestó para intentar convencer a Juana para que firmara un “abanico de hojas” de una “entrevista médica”la cual no le permitían leer. Ella insistió y leyó los documentos que en realidad eran declaraciones ministeriales que ella nunca ofreció. Tras más de 6 horas retenida todo indica que lograron presionarla para que firmara. Pero saliendo de ahí Juana lo denunció públicamente.

La Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, ha detenido a Antonio Luna y lo ha vinculado a proceso con fundamento en una declaración fabricada y desmentida por misma madre de los pequeños. El mismo órgano informó que las primeras audiencias del caso serían cerradas” a petición del defensor de oficio” que días después fue removido.

El ombudsman estatal, Raúl Montero Alba, (quien fuera designado por 19 votos panistas) acudió dos días después de los hechos al palacio de gobierno, sin que antes haya visitado a Juana o a Antonio, para informar de sus planes de trabajo para el caso, al Gobernador Miguel Márquez.

Angélica Hernández Granados, Jueza de Control, declaró legal la detención de Antonio y lo vinculó a proceso el mismo día en que sus tres hijos fueran sepultados. Juana y su familia decidieron llevar el cortejo fúnebre a las afueras del juzgado para que Antonio pudiera despedirse, lo que horas después pudo hacer al interior del penal en el que se encuentra injustamente recluído.

Carlos Zamarripa apoya la inverosímil versión contra Antonio sumando al parricidio, los delitos de intento de homicidio a los policías ministeriales y a la misma Juana. Dice tener evidencia suficiente al tiempo que es incapaz de informar en qué consiste. El Gobernador Márquez dijo lamentar el asesinato pero que se trata de un tema jurisdiccional, sin caer en cuenta que la procuración de justicia es su directa responsabilidad. Su gobierno lanzó la semana pasada un amplia campaña en Twitter para respaldar la versión del Procurador.

Cuando era niño yo mismo pensaba, como Juana, que la policía estaba para cuidarnos, que en su presencia todos estaríamos bien. Vivir en este país me ha quitado esa idea. Al igual que Carlos Zamarripa yo no estuve ahí, no presencié lo hechos, pero a diferencia de él y tras revisar la información, no le creo nada. Creo que estamos ante una ejecución extrajudicial. Yo le creo a Juana.

Me sumo a la gente de San Miguel de Allende y exijo que las autoridades investiguen y detengan a los policías que actuaron criminalmente, que liberen a Antonio y reparen de forma integral el daño. De manera lógica eso no podrá hacerse por la institución cuyos miembros participaron, perpetraron, fabricaron y encubrieron delitos.

El Gobernador Miguel Márquez tiene dos opciones. Colocarse del lado de los responsables y encubrir el asesinato de los tres pequeños, o colocarse del lado de la sociedad que exige justicia. Si elige esto último debe remover a Carlos Zamarripa de forma inmediata y ordenar una investigación independiente.

Jesús Robles Maloof

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Defensor de derechos humanos, entusiasta de los efectos transformadores de las tecnologías de la información. Hace años decidí unir mi voluntad a quienes luchan contra la corrupción, la violencia y la impunidad. Desde integro 2010 el colectivo de activistas digitales Contingente Mx. Colaboré como Senior Lawyer en New Media Advocacy Project y actualmente soy responsable del área de Defensa Jurídica de la organización Enjambre Digital que defiende las libertades en internet.

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