No solo es la “Casa Blanca” del presidente ni la residencia del Secretario Videgaray en Malinalco; ambas adquiridas al Grupo Higa. Si no que ahora aparece una más, también del Presidente Peña, en Ixtapan de la Sal, comprada en 2005, justo al arranque de su mandato como Gobernador mexiquense.
Curioso paralelismo: al inicio de su mandato como Gobernador, Peña Nieto adquiere una propiedad y a continuación, las empresas de la familia que se la vendió –los San Román— empiezan a obtener sustanciales contratos de la administración mexiquense. Poco antes de iniciar su periodo presidencial la familia Peña Rivera se hace de la Casa Blanca de las Lomas y acto seguido el Grupo Higa obtiene infinidad de contratos –por miles de millones de pesos— tanto del Gobierno federal como de algunas administraciones estatales priistas.
Según reporta Sinembargo.mx, “el negocio de San Román se disparó entre los años 2005 y 2011, cuando ganó 107 millones de dólares en licitaciones alrededor del estado, incluyendo varias vías y carreteras y parte de un contrato para construir dos (…) Además, desde que Peña Nieto se convirtió en Presidente, la firma de los San Román ha ganado al menos 11 contratos federales por un valor de unos 40 millones de dólares (…) La empresa nunca había ganado un contrato directamente del Gobierno federal antes de que Peña Nieto asumiera el Poder federal.”
Obviamente esto suena raro, muy raro. Hay quienes afirman que en política las casualidades no existen, y menos de este tipo.
Tanto el propio presidente como su esposa, el vocero presidencial y Luis Videgaray se apuraron a negar cualquier ilegalidad en estas adquisiciones. El Secretario de Hacienda rechazó que exista cualquier conflicto de intereses –“porque cuando compró la vivienda no era funcionario público—, y que “definitivamente no” compromete sus funciones al frente de las finanzas públicas.
Por el contrario, The Wall Street Journal –y millones de mexicanos— sostiene que “el gobierno está manchado por el escándalo”.
Lo cierto es que la viabilidad de la administración peñista se encuentra fuertemente cuestionada. Es un tema que no puede dejar pasar. Todavía quedan cuatro años como para que se dediquen a nadar de muertito y hacer como que no sucede nada.
Sus declaraciones –por demás bastante desafortunadas— no son suficientes para arreglar el asunto. Urge que encabecen las reformas en materia de corrupción: sistema nacional anticorrupción, fiscalía especializada en el tema con autonomía y sobre todo algún mecanismo que permita conocer los conflictos de interés –reales y potenciales— de cada funcionario público.
Tal y como dijo a Sinembargo.mx Viridiana Ríos, directora del Observatorio México ¿cómo vamos?, “la principal manera en la que este gobierno recuperará su legitimidad es aprobando leyes que permitan prevenir la corrupción y castigar a los corruptos, sobre todo en lo referente al conflicto de interés”. Suscribo plenamente.
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