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Germán Petersen Cortés

25/11/2014 - 12:03 am

Gobernar a la Atlacomulco

La administración federal es la protagonista de una de las crisis más profundas en la historia del México contemporáneo. En lugar de detener el desastre, el Presidente y su equipo han contribuido a ahondarlo: en medio de la embravecida tormenta que era y sigue siendo Ayotzinapa, sobrevino el escándalo de la Casa Blanca; las sospechas […]

La administración federal es la protagonista de una de las crisis más profundas en la historia del México contemporáneo. En lugar de detener el desastre, el Presidente y su equipo han contribuido a ahondarlo: en medio de la embravecida tormenta que era y sigue siendo Ayotzinapa, sobrevino el escándalo de la Casa Blanca; las sospechas del primer mandatario sobre intentos por desestabilizar al país; el montaje de la señora Rivera para explicar el origen de su propiedad en Las Lomas, que pasó por alto el conflicto de interés, nada menos el quid del asunto; y la tardía declaración patrimonial del Presidente, fuente de más preguntas que respuestas. Un error tras otro.

Dentro de la democracia mexicana hay múltiples estados y municipios autoritarios. Estos enclaves autoritarios son regímenes subnacionales donde no se protegen ampliamente las libertades civiles y no hay igualdad de condiciones en la competencia electoral. El titular del Ejecutivo y muchos de sus colaboradores se formaron en estos enclaves, sobre todo en Edomex e Hidalgo, y desarrollaron ahí la mayor parte de sus respectivas trayectorias públicas. Actualmente, Presidencia gobierna como si el país fuera Edomex, como si la democracia mexicana se asemejara al enclave autoritario mexiquense. La reciente andanada de críticas al gobierno federal demuestra que no es así.

La trama de la Casa Blanca huele mal. A pesar de las aclaraciones que se han intentado, el problema central sigue tan presente como el primer día: ¿por qué la Primera Dama hizo negocios con uno de los contratistas más beneficiados por los gobiernos encabezadas por su marido? Como reacción a esto, el mandatario se decidió por un desplante envalentonado, semana y media después de la presentación del reportaje. En pleno Edomex, alzando la voz para hacerse escuchar en medio de los aplausos, arremetió contra lo que llamó “un interés de desestabilizar, de generar desorden social y sobre todo de atentar contra el proyecto de nación que venimos construyendo”. La crítica como desestabilización, la protesta como desorden, la disidencia como atentado, el Presidente como polarizador, la cultura política de Atlacomulco como divisa.

El mismo día del desplante presidencial, la señora Rivera ofreció una tentativa de explicación sobre el origen de la suntuosa propiedad. En un tono amonestador, la Primera Dama expuso su situación financiera y generalidades sobre la adquisición de la mansión, pero no dijo una sola palabra sobre el posible conflicto de interés. El Presidente y no su esposa debió haber ofrecido la explicación, pues fue él y no ella quien protestó guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes de que ella emanen. Un montaje mediático como el de la señora Rivera, donde se habla mucho pero no se menciona lo importante, quizá apague fuegos en un enclave autoritario como Edomex, pero es imposible que haga lo mismo con un incendio de proporciones nacionales. Algo semejante ocurrió con la declaración patrimonial del Presidente: su presentación tardía y con montos cuando menos inverosímiles podría ser incluso aplaudida en un contexto autoritario, pero no satisface a ciudadanos críticos en un país democrático.

Hay más ejemplos de esta persistencia de prácticas propias de enclaves autoritarios en el gobierno federal: ahí está el “ya me cansé” del procurador Murillo Karam, ex gobernador de otro enclave, Hidalgo; el manejo que le dio el secretario Ruiz Esparza, ex secretario de Transportes en el Edomex, a la naufragada licitación del tren rápido México-Querétaro; y el “tenemos indicadores muy sólidos que muestran una recuperación” del secretario Videgaray Caso, ex secretario de Finanzas, Planeación y Administración del Edomex, apenas unas horas antes de ajustar a la baja la expectativa de crecimiento económico.

Se gobierna a la Atlacomulco con el inconveniente, para ellos y para todos, de que la Ciudad de México no es Toluca y que el país no es un enclave autoritario. Se extiende la idea de que la única salida a la crisis de México es un combate frontal a la impunidad y así consolidar un auténtico Estado de derecho. No podría estar más de acuerdo. Solo me queda una pregunta: ¿es posible una cruzada por la legalidad mientras se insiste en este atlacomulquense estilo de gobernar desde las más altas esferas?

@GermanPetersenC 

Germán Petersen Cortés
Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el ITESO y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. En 2007 ganó el Certamen nacional juvenil de ensayo político, convocado por el Senado. Ha participado en proyectos de investigación en ITESO, CIESAS, El Colegio de Jalisco y El Colegio de México. Ha impartido conferencias en México, Colombia y Estados Unidos. Ensayos de su autoría han aparecido en Nexos, Replicante y Este País. Ha publicado artículos académicos en revistas de México, Argentina y España, además de haber escrito, solo o en coautoría, seis capítulos de libros y haber sido editor o coeditor de tres libros sobre calidad de vida.

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