México reclama constantemente a Estados Unidos que se proteja a sus ciudadanos. Siempre que hay una acusación, la muerte de un migrante o un comercial de televisión que se ríe del mexicano, nuestro gobierno sale en defensa y critica la poca camaradería y el poco sentido de la amistad entre los gobiernos. No importa que México no proteja a los migrantes en general y a los centroamericanos en particular.
Basta recordar la muerte de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas en agosto del 2010. Unos cuantos sobrevivieron a dicha masacre y pudieron dar cuenta de lo ocurrido. Otros más, muchos más, no tuvieron la misma suerte y sus cadáveres han aparecido, de a poco, en fosas clandestinas. El número ya se ha perdido entre las notas periodísticas y el dolor de familiares que han viajado desde sus lugares de origen a buscar sus restos.
México no ha sabido honrar los acuerdos internacionales, ni ha protegido a sus hermanos latinoamericanos. Lo que prevalece, no sólo es la violencia con la que coyotes, sicarios, narcotraficantes, traficantes de órganos, violadores o secuestradores se aprovechan de ellos, sino que en el cotidiano, cuando los migrantes van a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) a realizar sus trámites de manera legal e institucional, tienen que sufrir de extorsiones y la corrupción de los administrativos.
Incluso durante esta semana, un reporte sobre la Frontera Olvidada, a través de varios grupos pendientes en Tenosique, de la situación de Tabasco y la migración, pusieron de manifiesto que podría darse una masacre a migrantes en cualquier momento.
Pareciera que en México ya no hay ley ni para el ciudadano común ni para el migrante. Incluso a pesar de que siempre hablamos de recibir a nuestros hermanos, de dar la bienvenida a nuestro país y de representar una política abierta hacia los migrantes.
Estados Unidos, por el contrario, hace uso de la ley para tomar medidas totalmente antimigrantes. En estados como Arizona o Alabama, las razones suenan a racismo puro, pero en el marco de la seguridad interna no desean que los mismos problemas que se viven en México se extiendan hacia su territorio. Y estos problemas, dicen, van desde la violencia, extorsiones y secuestros, hasta el tráfico de drogas.
De hecho, la ley HB56 del estado de Alabama, que criminaliza la migración, es cuestionada a nivel federal y una delegación de 10 legisladores demócratas visita el sureño estado para solicitar una revocación de la medida. Esta ley está considerada una de las más duras dentro de Estados Unidos y entró en vigor el 28 de septiembre.
Nevertheless in Gringoland, hay aún entidades que buscan rescatar puntos con quienes cruzan la frontera norte. Quizá sea el mismo marco preelectoral el que hace que la migración sea un foco.
Este martes, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, firmó una controvertida ley que impide retener en prisión a inmigrantes indocumentados ni deportarlos, pero sólo después de constatar que se encuentran libres de antecedentes penales.
Hasta este mismo martes 22 de noviembre, el Departamento de Prisiones de la ciudad podía retener a las personas por 48 horas adicionales a la fecha de liberación para entregarlas a las autoridades migratorias por carecer de la ciudadanía.
Hoy, la nueva legislación prohíbe retener después de ese período a indocumentados sin antecedentes criminales, órdenes de arresto pendientes, órdenes previas de deportación y que no se encuentren en la lista de los terroristas más buscados. De esta manera, estos presos, aunque no tengan autorización legal para residir en el país, serán liberados.
Ya decíamos… se avecinan tiempos electorales. Hay 50 millones de latinos como nueva fuerza económica, y de estos, una buena tajada de 12.2 millones pueden votar el próximo año para elegir al próximo Presidente de Estados Unidos.
El gobierno de Barack Obama revisa desde hace algunos días el estatus migratorio de unas 300 mil personas con orden de deportación. El limbo ocasionado a estos migrantes por la falta de acuerdos en el Congreso se ha hecho insostenible y políticamente cuestiona una de las promesas electorales del ahora Presidente que nunca fue implementada.
Puede ser como medida de civismo, puede ser como clientela política, pero lo cierto es que la reforma migratoria se hace necesaria y quizá Nueva York comience a dar la batalla contra los estados sureños más reaccionarios a la entrada de migrantes al país.
El marco legal tanto de Estados Unidos como de México deben dar el apoyo a los migrantes; gente que lo único que busca es mejorar su calidad de vida a través de un esfuerzo mayor. No es fácil desterrarse, dejar a sus familias, su estilo de vida, sus raíces. Aunque sea en el marco de los procesos electorales, ambas naciones deberían protegerlos de las extorsiones, del maltrato. No son criminales y no debemos dejar que se conviertan en víctimas.
