La oficina de la ONU-DH expresó su preocupación por la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, respaldada por el Presidente Enrique Peña Nieto y las autoridades de la Secretaría de la Defensa, la cual presuntamente buscaba reglamentar las operaciones del Ejército en las calles, por lo que consideró importante abrir de nuevo el debate para que surjan nuevos consensos.
La estrategia de seguridad del Gobierno de Enrique Peña Nieto está sustentada sobre cifras delictivas en las que no se puede confiar, pese a que los últimos datos del Semáforo Delictivo arrojan que 2017 está por convertirse en el año más violento en la historia moderna del país, señalaron especialistas.
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Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- La política de seguridad para combatir al crimen organizado no ha dado resultados en los últimos diez años. La Universidad Iberoamericana, la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y organizaciones civiles urgieron a las autoridades a buscar un modelo alternativo.
El Rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández Dávalos, sostuvo en que es al Estado al que le corresponde garantizar la seguridad de las personas, “pero, además es deber del mismo Estado respetar los derechos humanos de la población. Para que ambas cosas sean posibles es urgente cambiar la estrategia y el concepto de seguridad que maneja la élite gobernante”.
La Oficina de la Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) coincidió en que las políticas de seguridad implementadas en los últimos años no han funcionado, por lo que consideró importante abrir de nuevo el debate para que surjan nuevos consensos.
“La esencia de legitimidad y el paradigma de éxito es una fuerza policial, como militar, eficiente en las tareas encomendadas que respeta a los derechos humanos. Modelos donde se entiende la seguridad como ausencia o escasa incidencia de delitos pueden existir pero es la seguridad del miedo”, dijo Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.
Durante la conferencia internacional ‘Seguridad, democracia y derechos humanos: La Vía Civil’, organizada por la Universidad Iberoamericana, la casa de estudios superiores señaló a la política del Gobierno federal de contribuir a la actual situación de violencia en lugar de integrar a la política de seguridad problemas centrales como la pobreza, la corrupción, o la lucha contra la impunidad.
“La violencia y la inseguridad son resultado de la mezcla de la acción criminal, con mecanismos de control a la misma introducidos por el Estado”, dijo Dávalos, quien consideró que las poblaciones marginadas de México son las que más la resienten los efectos.
“La estrategia de combate al crimen ha tenido un enfoque reactivo represivo, en el que al fenómeno delictivo se le enfrenta de manera casi exclusiva con el uso de la fuerza”, agregó, puesto que dicha estrategia carece de mecanismos claros, e integrales.
Hasta mayo de este año, el Presidente Enrique Peña Nieto se jactaba de la neutralización de 106 de los 122 cabezas del crimen organizado que identificó el Gobierno federal al inicio de este sexenio.
“Se ha propiciado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, y provocado una mayor violencia de delincuencia organizada en contra de la población civil”, dijo el Rector.
De acuerdo con los datos ofrecidos por la institución académica, el enfoque represivo ha sumado 170 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, refirió que hay que tener conciencia de que este año podría terminar como el más violento de los últimos 10.
De hecho, los primeros ocho meses– de enero agosto– ya reportaban los mayores cúmulos de carpetas de investigación por homicidio doloso en los últimos 20 años. Entre enero y agosto la suma asciende a 16 mil 321 carpetas.
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HACIA UN NUEVO ENFOQUE
Jan Jarab se manifestó preocupado por quienes apuestan por reforzar la actual estrategia de seguridad, sin contemplar la prioridad que tienen los derechos humanos en las políticas de seguridad.
“Estamos convencidos de que las situaciones milagrosas o mágicas no existen. Lo que sí existe es un modelo alternativo, basado en el respeto a los derechos humanos, construido colectivamente”, enfatizó.
La oficina de la ONU-DH expresó su preocupación por la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, respaldada por el Presidente Enrique Peña Nieto y las autoridades de la Secretaría de la Defensa, la cual presuntamente buscaba reglamentar las operaciones del Ejército en las calles.
El Representante indicó que esta iniciativa podría haber “petrificado el estatus quo”, y su oficina pretende que “el estatus quo sea cuestionado”. En ese sentido, destacó, es importante an
alizar el rol de las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales del país.
“¿Qué mecanismos existen para la rendición de cuentas y cómo se garantiza su eficacia? ¿Cuál es la responsabilidad de los superiores jerárquicos, de los que sí intervienen tanto por la acción, como por la omisión?”, cuestionó entre otras cosas.
Con respecto las estadísticas, el Representante pidió cautela a la hora de interpretarlas.
“Estados como Veracruz, como el Gobierno de Javier Duarte reportaron un número reducido de desapariciones, lo que parece sospechoso”, una situación que parece contraponerse que los hallazgos encontrados por el actual Gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares.
Por lo que independientemente de la fidelidad de los reportes, México presenta altos números de violencia y de impunidad.
Jarab se dijo consciente de que hay autoridades que perciben a los derechos humanos como un obstáculo para la inseguridad, sin embargo, ambos temas se necesitan mutuamente.
“Cuando las autoridades cometen violaciones de derechos humanos utilizando la seguridad como excusa están contribuyendo a la desaparición de las reglas de conducta civilizada entre particulares”, condenó.
“El entonces Secretario General de la ONU Koffi Annan expresaba que la humanidad no podrá tener seguridad sin desarrollo, no podrá tener desarrollo sin seguridad, y no podrá tener ninguna de las cosas sin los derechos humanos”, agregó el funcionario de la ONU.
