El Presidente Andrés Manuel López Obrador, piensa, como muchos otros de quienes le antecedieron en el máximo encargo de la administración pública mexicana, que sus adversarios están fuera del Gobierno. No parece ser así.

Ciertamente en campaña política, proselitista, como las que encabezó en tres ocasiones el hoy Presidente de México, sus adversarios estuvieron afuera. En el partido de enfrente, en la cúpula empresarial, en el Gobierno en turno, en grupos organizados, conglomerados financieros y otros. Entonces el punto de enfrentamiento era precisamente el proyecto de nación, querían ganar la posición para sí o para otros con el fin de llevar a cabo su proyecto y no el propuesto por López Obrador.

Pero una vez encabezando el Gobierno federal los adversarios en todo caso pasan a ser oposición, contrapesos en remotos y contadas excepciones, pues también al compartir el poder, u ostentar una parte por más mínima que sea en el legislativo, dejan de ser oposición para convertirse en negociadores.

Hace unos días el Presidente llamó adversarios a un grupo de ciudadanos que desde una organización civil se han dedicado al análisis de la administración pública, la rendición de cuentas y la transparencia para combatir la corrupción denunciándola a partir de documentos, ponencias y ensayos de corte académico y periodístico, con el rigor de la investigación.

Este grupo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, junto a otros organismos de la sociedad civil, crearon uno más para, en la medida de sus capacidades y utilizando figuras jurídicas asentadas en la Carta Magna, impedir el derroche de recursos y esfuerzos en los gobiernos que muchas veces ponderan intereses ajenos a la administración federal en la activación de proyectos y programas.

En el caso de Mexicanos, inició en 2015. Todavía imperaba el Gobierno de Enrique Peña Nieto y de esa representación fueron los casos de corrupción que señalaron. También Peña pensaba que eran sus adversarios, y en el peor de los casos, fue señalado de haberlos espiado y de enviar auditorías a las empresas patrocinadoras.

Hoy día estos grupos han interpuesto una serie de amparos, más de 100, para que se detengan las obras del Aeropuerto de Santa Lucía que propuso y echó a andar el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que no se inunden las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que propuso y echó a andar Enrique Peña Nieto.

Varios jueces de distrito y tribunales colegiados, ante la declaración de incompetencia de jueces, han concedido suspensiones provisionales y definitivas en ambos casos.

Para suspender la marcha de las obras en el Aeropuerto de Santa Lucía, entre otros fundamentos los colegiados han concedido las suspensiones hasta en tanto: Demuestre [el Gobierno federal] que cuenta con las autorizaciones requeridas por parte de autoridades ambientales. Que demuestre  [el Gobierno federal] contar con los estudios en materia de seguridad. Que presente  [el Gobierno federal] dictámenes y permisos. Mientras que para la conservación del NAIM se analiza, entre otros, la constitucionalidad de la cancelación.

Es decir, los jueces de distrito y tribunales colegiados que han fallado a favor de los ciudadanos organizados [incluidos los residentes de Zumpango, que consideran se verían afectados con la construcción], lo han hecho no porque les caigan bien las organizaciones civiles, o porque quieran convertirse de manera gratuita en “adversarios” del Presidente de la república, sino porque han encontrado elementos para suspender las acciones de Gobierno. Por ejemplo que no se hayan presentado los permisos, los dictámenes, los estudios.

Es decir, los adversarios del Presidente no están afuera, no están en la sociedad civil, están dentro del Gobierno que encabeza y son aquellos que decidieron iniciar una obra sin los permisos, los dictámenes, los estudios técnicos, y todos los requisitos que por ley deben cumplir antes de arrancar construcción, y que fueron elementos para que los colegiados decretaran las suspensiones.

Los adversarios del Presidente están a su alrededor y son aquellos que para cumplir con el proyecto que plantea López Obrador, no le hacen llegar los elementos legales para ello. Los adversarios son quienes desde el Gabinete federal incumplen a la población y proveen elementos para ser señalados, denunciados.

No es adversario quien señala a Manuel Bartlett de poseer junto a sus hijos y esposa más de 20 propiedades y más de 12 empresas que no fueron registradas debidamente en su declaración patrimonial, fiscal y documento de conflicto de intereses. El enemigo del proyecto de transparencia, honestidad y rendición de cuentas que encabeza el Presidente López Obrador es en todo caso Manuel Bartlett al ocultar la información sobre las propiedades de esposa e hijos, y los negocios de los mismos. Como también resulta ser la Secretaria de la Función Pública, que en lugar de acatar las leyes y la política de López Obrador de investigar a quien incurra en actos deshonestos, defendió al director de la Comisión Federal de Electricidad y no permaneció neutral iniciando una investigación a su debido tiempo.

Los adversarios, entiendo a estos como los enemigos del Presidente, no están fuera. No son los periodistas que denuncian las compras del compadre, los bienes del director, tampoco lo son los ciudadanos que ganan amparos porque funcionarios federales no hicieron su trabajo, ni siquiera quienes critican una política pública. Los adversarios del Presidente están dentro de su Gabinete. Son quienes le dicen que sí a todo, irrespetando la ley. Son quienes abren la puerta y proporcionan elementos para amparos, para denuncias públicas, para ser protagonistas de investigaciones periodísticas que revelan irregularidades, favoritismo, abuso del poder.

Ojalá el Presidente López Obrador reprendiera a su equipo las fallas que reclama a la sociedad organizada a la cual califica de adversarios. Ojalá cumpliera con todos los requisitos de la ley para que ningún Juez le detenga obras, proyectos políticas. Ojalá…

Adela Navarro Bello

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