“La Paz sin justicia no es verdadera ni duradera”.

Mirna Medina, madre de un desaparecido.

Por Natalia Cordero

El pasado 14 de septiembre fue el “Segundo diálogo por la paz, la justicia y la verdad”, un espacio que permitió el encuentro entre el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y diversos colectivos de familiares de víctimas de la violencia en México, quienes lo recibieron en medio de consignas y exclamaciones de dolor dejando claro el mensaje “ni perdón, ni olvido, mientras no haya justicia”, pues esta tiene que ser el camino si se quiere una verdadera transformación en este país.

En el uso de la voz, Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio; Aracely Rodríguez, madre de Luis Ángel León, policía federal desaparecido; Araceli Salcedo, madre de Fernanda Rubí, desaparecida; Guadalupe Aguilar, madre de José Luis Arana desaparecido; Yolanda Moran, madre de Dan Fernández desaparecido; Mirna Medina, madre de Roberto Corrales desaparecido; y, Lucia Díaz, madre de Guillermo Lagunes desaparecido; y decenas de madres y padres de desaparecidos y asesinados, fueron portadores del mensaje para el próximo gobierno federal, manifestando la necesidad de generar un cambio en la política de seguridad y justicia que ha dejado miles de víctimas en los últimos dos sexenios, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, aunque también se escucharon reclamos de víctimas que desde la mal denominada “guerra sucia”, hace más de 40 años, han estado buscando a sus familiares.

Durante el encuentro, diversas organizaciones de derechos humanos, proyectaron una lista de cinco puntos a manera de propuesta para que el próximo gobierno federal asuma como parte de su agenda política para resolver los problemas de violencia, impunidad y corrupción que han generado que miles de víctimas de múltiples violaciones a derechos humanos, las propuestas fueron:

1. Mecanismo de protección a víctimas y testigos
2. Instrumentos para garantizar Reparaciones integrales
3. Marco general de la justicia transicional
4. Mecanismo internacional contra la impunidad
5. Comisión de la verdad

También se hizo énfasis en la necesidad de fortalecer los mecanismos ya establecidos como el Sistema Nacional de Búsqueda de personas desparecidas contemplado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares (LGDFDP), las Comisiones de Atención a Víctimas, el Sistema Nacional Anticorrupción, así como la inmediata instauración de una Fiscalía General de la República independiente y competente que permita poner fin a la deuda histórica de verdad, justicia y reparación en México.

De lado del gabinete presidencial, Alejandro Encinas, próximo Subsecretario de Derechos Humanos prometió abrir el diálogo con colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos, así como especialistas nacionales e internacionales, “para elaborar un proyecto conjunto para atender el origen de la violencia, y la falta de justicia en el esclarecimiento de las profundas violaciones a los derechos humanos que se comenten en nuestro país”.

Esta promesa resulta especialmente importante en el contexto en el que se dio este segundo diálogo, ya que días antes y días después a este evento se hicieron públicas dos noticias que han impactado a nivel nacional, porque reflejan las consecuencias de la violencia sistemática que se vive en México y la falta de competencia y sensibilidad por parte de las autoridades: La primera noticia fue el hallazgo de fosas en Veracruz y el incumplimiento de los protocolos que indican como informar estas circunstancias a familiares de personas desaparecidas; la segunda fueron dos tráileres que deambulaban por diversos municipios de Jalisco, ante la falta de infraestructura para resguardar más de 300 cuerpos.

Si bien estos hechos ocurren aún en el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto, estos problemas tendrán que ser atendidos de manera urgente e inmediata una vez que el presidente electo tome posesión el próximo 1º de diciembre. Para ello, no sólo tendrán que asegurar que se implemente de manera efectiva y a nivel nacional la LGDFDP, incluidas las comisiones de búsquedas y fiscalías de investigación especializadas, que fueron un logro de los colectivos. También, si lo que se quiere implementar es una agenda en el marco de lo que se ha llamado justicia transicional, tendrán que asegurar la inclusión y participación sustantiva de las personas que han sido víctimas de la violencia, “para asegurar que las medidas de justicia de transición respondan a las reclamaciones de las víctimas y de las comunidades afectadas y otorguen a estas una reparación efectiva”(1 e integral. Estos son tan sólo algunos de los retos que tendrán que asumir el siguiente gobierno federal si lo que se quiere lograr es una verdadera cuarta transformación.

1.Organización de las Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. A/HRC/39/53. 25 de julio de 2018. Párr. 65. Disponible en:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/233/88/PDF/G1823388.pdf?OpenElement

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