Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– En México, se castiga sólo el 7.2 por ciento de todas las averiguaciones previas que levanta el Ministerio Público por delitos relacionados con la trata de personas, sin contar los casos que no se denuncian, confirmó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ante funcionarios, legisladores y activistas reunidos en el Senado de la República.

Ante el alto nivel de impunidad,  políticos y especialistas que participaron en la Conferencia nacional de legisladores y legisladoras contra la trata de personas coincidieron que mientras no se castigue este flagelo, será imposible combatir con eficacia.

La tarea –advirtieron– será aún más difícil si la Cámara de Diputados mantiene “congelada” la reforma a la Ley General Contra la Trata de Personas o si un cuarto de los congresos estatales se resisten a crear una legislación particular para atender este problema.

Antonio Mazzitelli, representante en México de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra las Drogas y el Delito, se pronunció por fortalecer las capacidades de los estados, en materia de combate a la trata de personas.

“El 80 por ciento de las averiguaciones previas que se han logrado en México en materia de lucha contra la trata de personas vienen en sólo seis estados, cuando el diagnóstico nos dice que el fenómeno es mucho más amplio y está presente en casi  las 32 entidades federativas”, afirmó el representante de la ONU.

Se calcula que en México entre 16 mil y 20 mil niños y niñas son víctimas de trata, mientras que otras estimaciones oficiales colocan la cifra en más de 70 mil menores que son explotados sexualmente en territorio nacional, de los cuales 50 mil casos se localizan en las zonas fronterizas.

Según datos de la Secretaría de Turismo, la cifra podría aumentar hasta los 500 mil niños como víctimas potenciales del delito de trata.

No obstante, en un periodo de cinco años y medio (2009-2014) sólo se han registrado un total de 2,015 averiguaciones previas iniciadas en todo el país en materia de trata de personas. De éstas, sólo cuatro entidades concentran el 61.5 por ciento: Puebla con 310; Chiapas 261; Oaxaca 266; y Distrito Federal 132.

Pero esto no significa que sólo en cuatro entidades se cometió el delito de trata, sino que la mayor parte de los gobiernos estatales no ha realizado su tarea. Por ejemplo, cuatro entidades de la República reportan una sola averiguación previa: Coahuila, Colima, Yucatán y Zacatecas.

Por su parte, el coordinador de los senadores de Acción Nacional, Jorge Luis Preciado Rodríguez, lamentó que la Cámara de Diputados mantenga en la “congeladora” la reforma a la Ley aprobada en el Senado, con lo cual, dijo, se podría avanzar de forma más eficaz contra este flagelo.

“En el sexenio pasado, nada más por delitos contra la salud, hubo 69 mil detenidos; por el delito de trata hubo 135 y sólo el 7 por ciento ha sido sentenciado y ha sido sentenciado por delitos del fuero común, por leyes locales, por códigos penales de los estados”, indicó el líder parlamentario.

Al día de hoy, sólo dos terceras partes de los congresos estatales han armonizado su legislación con respecto al Protocolo de Palermo, instrumento internacional firmado por México en 2003. Al mismo tiempo, solo 25 entidades federativas han homologado sus legislaciones con la ley general en materia de trata. Es decir, hasta el 2013 no habían hecho su tarea: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Morelos y Zacatecas.

MÁS APOYO A VÍCTIMAS: ONU

La oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra las Drogas y el Delito alertó que el Poder Judicial de México banaliza los delitos en materia de trata, en muchos casos, por falta de entendimiento de las características de este fenómeno.

Durante la Conferencia nacional de legisladores y legisladoras contra la trata de personas realizada en el Senado de la República, Antonio Mazzitelli, representante en México de esta oficina de la ONU, llamó a fortalecer la capacidad del Estado para combatir este flagelo.

Pero además de fortalecer la capacidad de los estados y de ayudar al Poder Judicial a comprender la capacidad de entendimiento del fenómeno de la trata, el representante de la ONU consideró vital incluir en la Ley mayores herramientas para proteger a las víctimas.

“Hay que fortalecer mucho lo que es el enfoque de protección hacia las víctimas, hay que fortalecer el marco normativo, el apoyo que el Estado puede y tiene que brindar a los operadores que hoy en día a través de una acción de voluntariado están ofreciendo apoyo a los sobrevivientes”, afirmó Mazzitelli.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la trata de personas afecta a 2.5 millones de personas al año en el mundo, de las cuales 90 por ciento son mujeres, niñas y niños, y un tercio es vendida en el comercio sexual.

Por lo cual, el representante de la ONU en México remarcó la importancia de que cuente con más apoyo a las víctimas, la reforma a la Ley General contra la Trata de Personas, detenida en la Cámara de Diputados y aprobada hace un año por el Senado, tras 16 meses de deliberación.

“Que se generen las sinergias que permitan de verdad a los sobrevivientes, no solamente de relatar su experiencia, sino de volverse indispensables, elementos fuertes de la construcción de un sistema de prevención y de tratamiento, de reinserción de las víctimas”, destacó Antonio Mazzitelli, representante en México de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra las Drogas y el Delito.

URGE SACAR ADELANTE REFORMA

La Senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas , llamó a la Cámara de Diputados a sacar adelante las modificaciones a la Ley General contra la Trata de Personas, con responsabilidad y pensando primero en las víctimas.

La legisladora resaltó que la reforma otorgará más herramientas a los gobiernos estatales para combatir con mayor eficacia el delito de trata, ya que, por ejemplo, actualmente las sentencias emitidas por tráfico de drogas o tráfico de armas no corresponden en proporción a las sentencias emitidas por trata de personas.

“Muchos de estos delincuentes estarían hoy en la cárcel, porque esta iniciativa incluso lo que está haciendo es dar la posibilidad de tipificar el grado de tentativa y establece perfectamente el bien jurídico tutelado que está siendo violentado cuando se comete el delito”, indicó la legisladora por Tlaxcala.

Recordó que el dictamen enviado a la Cámara de Diputados armoniza más de 12 leyes que están correlacionadas con este delito, y reiteró que los cambios fueron realizados tras una serie de consultas públicas y escuchando las observaciones que realizaron diversas organizaciones de la sociedad civil.

La iniciativa, dijo, recoge también un capítulo para la atención a víctimas, en el que se establece  que haya recursos públicos para atender a las víctimas, y que no sea sólo una simulación de la ley lo que genere este procedimiento.

“Sé que a la luz de la publicidad pudieran generarse muchas suspicacias al respecto. Incluso este Senado ha sido víctima y lo digo con toda responsabilidad y seriedad, de comentarios mal intencionados que puedan generar o desacreditar el trabajo de quienes participamos en estos trabajos de reformas legislativas”, recalcó.

La Senadora indicó que en lo que corresponde a los congresos locales, tienen la responsabilidad de hacer que sus gobernadores también cumplan con su tarea en lo que corresponde a la atención a víctimas.

Por su parte, el coordinador de Acción Nacional en el Senado, Jorge Luis Preciado Rodríguez, defendió a los integrantes de la Cámara Alta tras la serie de críticas que otras organizaciones civiles realizaron a la reforma.

“Creo que es muy importante decirlo con todas sus letras, porque no es posible que se señale a los 128 senadores como tratantes; que se señale a la presidenta de la Comisión de Trata como que está vinculada a los tratantes, ¡Háganme el favor!”, destacó.

Preciado sostuvo que la oposición de los grupos civiles a la reforma representa la cuarta forma de explotación de las víctimas de trata: aquellas organizaciones que viven de supuestamente atender a las víctimas de trata y que son las que no quieren que se reforme esta ley.

“Yo lamento que hay inclusive voces de algunas organizaciones que se sienten perjudicadas por la ley o porque reciben recursos públicos o porque reciben edificios en comodato o porque simple y sencillamente reciben recursos de organizaciones internacionales, de los cuales viven”, enfatizó el líder parlamentario.