Este martes el GIEI presentó su sexto informe por el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Se trata de su último reporte antes de retirarse de México y después de ocho años de trabajo, mismos que fueron marcados por irregularidades por parte de las autoridades federales y falta de compromiso para acceder a registros militares que darían luz a los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).–El extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) tuvieron un papel en el desarrollo del caso Ayotzinapa, mediante el seguimiento de los 43 normalistas, en cuanto a la primera dependencia, y en la tortura de testigos, para apuntalar la llamada “verdad histórica”, según la cual los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados horas después de su detención a manos de policías coludidos con el crimen organizado.
El sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa elaborado y presentado este día Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que a finales de este mes dejará el país ante la opacidad de instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), revela que agentes del CISEN, de Policía Estatal, así como de Policía Ministerial y Policía Federal, junto con al menos tres Órganos de Búsqueda de Información (OBI, inteligencia militar) del Ejército, estaban presentes en los diferentes lugares cuando se dieron los hechos, según testimonios contrastados de tres testigos directos, así como por las pruebas de telefonía que se muestran más adelante.
Además, como sucedió con elementos de la Mariana que se involucraron en la desaparición después de los hechos, participaron en interrogatorios en los que incurrieron en actos de tortura. “El CISEN también participó de las torturas”, dijo este día Ángela Buitrago, una de las únicas dos integrantes del GIEI que permanecían en México. En la presentación del informe de este martes también se señaló que marinos formaron parte de los mismos tratos crueles e ilegales en interrogatorios que derivaron en la muerte de dos personas.
“Un testigo protegido que dio su testimonio al GIEI identificó a este agente del CISEN como F., proporcionando incluso su teléfono, lo cual debe aún ser investigado. Sin embargo, según el testigo, el agente del CISEN no se retiró por amenazas, estuvo en la calle Juan N Álvarez junto a algunos periodistas todo ese tiempo, y fue testigo del segundo ataque en la calle Juan N Álvarez a las 00h30 de la madrugada del día 27, cuando los jóvenes de Ayotzinapa, se encontraban realizando una rueda de prensa, y donde resultaron dos normalistas muertos y varias personas heridas, algunas de gravedad”, comentó a su vez Carlos Beristain.
Beristain solicitó en ese sentido que la Fiscalía debería llamar a declarar, por ejemplo, a Miguel Ángel Osorio Chong, quien en ese entonces era Secretario de Gobernación y responsable del CISEN. “El hecho de que había un agente del CISEN en un lugar donde se había llevado a cabo la desaparición forzada no lo sabíamos, lo supimos hace unos meses por un testigo que nos lo contó, nos dio el nombre el nombre, nos dio el teléfono, y ahora está en manos de la Fiscalía para que lo busque, para que investigue, es una persona conocida que sigue trabajando en Iguala”, comentó a su vez Carlos Beristain.
En el informe se ahonda que testigos locales señalaron al GIEI que en la zona del Palacio de Justicia, en donde se registraron ataques contra los normalistas que desaparecieron y en donde se destruyeron videos, había un agente del CISEN “F” quien estuvo observando y reportando lo que sucedía a sus superiores, así como que a 200 metros del escenario del Palacio de Justicia se encontraba la sede del CISEN.
El 26 de septiembre de 2014, este agente dio cobertura a las actividades de los normalistas de Ayotzinapa, según el reporte, y se dirigió a la calle Juan N Álvarez, ubicada en la colonia del mismo nombre donde ocurrieron los hechos. Según un documento de esta agencia, “hizo un recorrido a pie en dos ocasiones, pero los policías municipales lo intimidaron y amenazaron, obligándole a retirarse del lugar, por lo que de los hechos se reportó lo que por seguridad se estaba en posibilidad de cubrir”.
Un testigo protegido que dio su testimonio al GIEI identificó a este agente como F., proporcionando incluso su teléfono, lo cual el GIEI señala debe aún ser investigado. “Sin embargo, según el testigo, el agente del CISEN no se retiró por amenazas, estuvo en la calle Juan N Álvarez junto a algunos periodistas todo ese tiempo, y fue testigo del segundo ataque en la calle Juan N Álvarez a las 00h30 de la madrugada del día 27, cuando los jóvenes de Ayotzinapa, se encontraban realizando una rueda de prensa, y donde resultaron dos normalistas muertos y varias personas heridas, algunas de gravedad”.
Por otra parte, el equipo del CISEN, que según la información oficial contaba con cinco miembros en esa época, tenía una sede que testigos de Iguala señalan que se encontraba muy cerca del lugar del ataque al otro bus Estrella de Oro 1531 cerca del Palacio de Justicia, por lo que el Grupo de Expertos apunta que “muy probablemente tenía información sobre dichos hechos”.
De hecho, añade el informe, “en el documento enviado por el CNI (el actual Centro Nacional de Inteligencia) se incluye que el bus que trató de salir hacia Chilpancingo fue detenido a la altura del Palacio de Justicia, donde quedó la unidad con las llantas ponchadas, logrando darse a la fuga alrededor de 40 estudiantes, quienes se encuentran dispersos en campo abierto’. Sin embargo, al parecer dicho reporte mezcla dos situaciones distintas. Como es sabido, del bus que quedó destruido bajo el puente frente al Palacio de Justicia todos los jóvenes fueron detenidos y desaparecidos, y del quinto bus que fue detenido cerca de él, los jóvenes que viajaban fueron bajados por la Policía Federal y salieron huyendo hacia la Colonia Pajaritos y una colina cercana”.
Otros documentos del CISEN proporcionados por las autoridades y revisados por el GIEI sobre actividades de los estudiantes que eran seguidas por este Centro de Espionaje incluyen una Descripción de los hechos, un apartado de Observaciones, análisis de los hechos, y de prospectivas, “es decir implicaciones para seguridad en el futuro, riesgos, monitoreo a realizar. Sin embargo, ningún informe con esas características de esos días o de los siguientes ha sido proporcionado por el CISEN o el CNI”.
MARINA Y CISEN TORTURARON A TESTIGOS
El GIEI igualmente determinó que, si bien la Marina no tuvo presencia en el lugar de los hechos el 26 ni el 27 de septiembre de 2014, sí lo hizo inmediatamente después y al menos desde el 28 y el 27 o 28 en el Río San Juan.
Pero además de haber participado en el aseguramiento de las zonas para realizar las diligencias, y la presencia de buzos en el Río San Juan para identificar una bolsa con los restos de Alexander Mora –que realmente había sido localizada uno o dos días antes y no el 29 como se presentó por las autoridades–, fueron agentes de la Marina responsables de la detención y tortura de varios individuos para reforzar la denominada “verdad histórica”.
Beristain detalló en la presentación del informe que el operativo se habría llevado a cabo de la mano de un grupo de inteligencia, del cual se tiene poca información, para detener y torturar a individuos, resultando en la muerte de dos personas.
“Dos personas murieron en esos operativos. No se ha sabido quiénes son, o cuáles son, sólo tenemos una fotografía de un documento de una fuente confidencial”, expuso. “Se ven dos cuerpos con vendas en las manos, y confirmamos por otra fuente que en los operativos de la Marina hubo dos muertos. Eso está en un reporte oficial de actividades”.
A estos dos individuos que fallecieron como producto de la tortura provocada por la Marina, el experto indicó que pudieron haber otros cinco “que no se llegaron a consignar” y cuyo paradero se desconoce.
También en el informe, esta participación de la Semar se describe de la siguiente manera:
“La Marina llevó a cabo numerosas acciones que no han sido conocidas ni de las que se ha dado cuenta en la investigación y se llevaron a cabo por orden de la coordinación del Estado Mayor de la Marina. Dicha información ha sido recogida de diferentes documentos internos, pero se encontró por parte del GIEI documentación de lo que se denomina como ‘los resúmenes de actividades en el estado de Guerrero de la SM Armada de México Estado Mayor General’, en donde se hace una descripción del número progresivo de actividades, la fecha de las acciones por parte de Semar, el personal que interviene, los vehículos/equipos que llegaron, el número de búsquedas y el resultado de la búsqueda, así como los grupos y algunas personas actuantes. De igual manera se han obtenido a través de un análisis cruzado, documentos de Sedena que contenían información de actividades llevadas a cabo de manera conjunta con Semar, en donde por ejemplo, encontramos quienes fueron los que llevaron a cabo los diversos vuelos y capturas de presuntos responsables, que fueron trasladados a ciudad de México y no fueron puestos a disposición de las autoridades de manera inmediata”.
Con respecto al papel del CISEN en estas actividades, el informe del GIEI indica que en archivos encontrados del Centro en 2021 y que fueron proporcionados por las propias autoridades, había registros en video de sesiones de interrogatorio de detenidos acusados de participar en el ataque y desaparición de los normalistas, que incluyen torturas.
“Durante años se había ocultado la participación de agentes del CISEN en dichas actividades como detenciones o interrogatorios. La gravedad de dichos hechos, llevó al GIEI a pedir a la fiscalía la detención de quienes fueron identificados e investigar el conjunto de su actuación y participación en los mismos”, dice el documento.
En las grabaciones de los interrogatorios de las que da cuenta el Grupo de Expertos se identifican a agentes de la SEIDO, el CISEN y la Marina que incluían prácticas de amenazas y torturas a los detenidos en condiciones de indefensión, atados o esposados, encapuchados.
“La tortura fue el medio para lograr confesiones autoinculpatorias, supuso una grave violación de derechos humanos de personas bajo detención, llevó posteriormente a la liberación de numerosos detenidos y a la distorsión de toda la investigación. El GIEI ha solicitado de forma reiterada a la fiscalía llevar a cabo la orden de captura ya emitida para la detención de al menos un agente responsable. Igualmente debe haber una investigación sobre las órdenes de dicho agente y el reporte de sus acciones, así como el registro de dichas sesiones como material de inteligencia”, apunta el informe.
