“Implementación, implementación, implementación” le escuché decir al Dr. Juan Alfonso Mejía, Director de Mexicanos Primero Sinaloa, cuando se le preguntó sobre su posicionamiento de cara a la reforma educativa.
Han pasado meses desde su publicación y la reforma ha vivido momentos críticos: el proceso de armonización estatal, las presiones y chantajes de la CNTE, los litigios estratégicos para transparentar información, la suspensión temporal de la evaluación docente. Pero Mexicanos Primero no ha cambiado su postura: la “implementación” repetida hasta el cansancio. Y ahí van, a pesar de las descalificaciones de ser un grupo de ultra-derecha, de privatizar la educación, de tener una agenda oculta.
Le duela a quien le duela, mucho de lo que mejor sabemos sobre educación básica en nuestro país es gracias al trabajo de investigación y difusión de Mexicanos Primero.
Y es que en México nos quejamos a diario de la falta de participación ciudadana y del poco involucramiento de la sociedad en la cosa pública, pero cuando ante un tema determinado vemos a un grupo organizado, profesional y exigente, empujando una agenda específica, entonces, lejos del apoyo y el reconocimiento, se nos viene el fantasma del sospechosismo que encarna en la descalificación.
Nos comportamos como cangrejos en una cubeta: cuando uno está por salir, de inmediato lo jalamos hacia abajo.
Uso el ejemplo anterior porque en la estrategia reformista del actual Gobierno Federal podemos identificar reformas verticales y reformas transversales. Las reformas transversales suelen ser más complejas, lentas y difíciles de implementar, pues tienen un impacto profundo en todas las esferas del quehacer público.
Esa transversalidad puede identificarse en la nueva Ley General de Transparencia y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, a las que habría que agregar la instalación reciente del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).
El SNT es un órgano colegiado conformado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los Organismos garantes de las Entidades Federativas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Su objetivo es ambicioso: coordinar los esfuerzos para garantizar, vía política pública, el ejercicio efectivo y el respeto del derecho de acceso a la información en todo el país, así como la promoción de una cultura de transparencia.
A la instalación asistió el Presidente Peña Nieto quien en su discurso soltó una frase reveladora: “con el establecimiento de medidas a favor de la transparencia y anticorrupción lo que estamos haciendo (…) el estado mexicano y su sociedad es domar auténticamente la condición humana, llevarla por nuevos caminos”.
La frase me recordó aquella otra afirmación del Presidente cuando dijo que la corrupción era un problema cultural de nuestro país.
Los discursos dicen mucho de quienes los profieren. Con esa afirmación, nuestro Presidente nos repite que los mexicanos somos corruptos por naturaleza y que, por lo tanto, necesitamos instrumentos para “domarnos”. Domar, según la Real Academia significa “amansar, sujetar, reprimir, especialmente las pasiones y las conductas desordenadas”.
También durante la instalación, el Director General de Gestión social y cooperación (GESOC), Alejandro González, una organización de la sociedad civil especializada en la generación de evidencia y soluciones metodológicas a favor del desarrollo social, puntualizó que si bien la instalación del SNT es un gran paso, aún quedan tres grandes retos por sortear: primero, que los legisladores saquen a la brevedad la Ley General de Archivos y Ley General de Protección de Datos Personales, la Ley Federal y las 32 leyes locales; como segundo reto articular el SNT con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), así como la creación de la una Ley General Anticorrupción y una Ley General de los Servidores Públicos; y por último, la implementación, a la que señaló como el “punto ciego” de todas la políticas públicas y que es la obligación del Consejo del SNT, por lo que pidió a los consejeros la rápida creación de los lineamientos, procedimientos, indicadores, metas, capacitación, necesarios para una implementación eficaz.
Estoy seguro que la instalación del SNT difícilmente competirá en el ecosistema mediático con la detención de “El Menchito” o con los estupideces de Donald Trump.
Pero si bien la transparencia y la rendición de cuentas no son un tema sexy, vale recordarlo cuando nos preguntamos en qué gastan nuestros impuestos los gobernantes; cuando queremos saber cuánto costó una campaña de publicidad oficial o el viaje de un senador y tampoco podemos acceder a los datos, o cuando queremos conocer a detalle qué hacen los líderes sindicales con las cuotas y nos topamos con pared.
Aunque usted no lo crea, en este país, en medio del siglo XXI lleno de computadoras y softwares todopoderosos, el acceso a la información sigue pasando por la lentitud de las respuestas, la inexistencia de los datos, las copias a tres pesos y las negativas con el argumento siempre socorrido de la “seguridad nacional”.
De los retos señalados por Alejandro González y en los que coinciden buena parte del colectivo Red por la Rendición de Cuentas, me parece que el más importante es la implementación. Si los ciudadanos no acompañamos de manera firme a los actores involucrados para que esa cacareada Ley General de Transparencia se traduzca en ejercicios claros de rendición de cuentas o en la aplicación de sanciones contundentes para los servidores públicos, seguiremos en el tortuoso mar de la simulación. Eso solo puede hacerse manera organizada y profesional, como lo ha hecho Mexicanos Primero con el tema educativo.
Quiero pensar que el Presidente y el Congreso entienden que mucha de su credibilidad institucional y la escasa confianza social que les prodigan los ciudadanos depende precisamente de la calidad y veracidad con la que ofrecen respuestas.
Quiero pensar también, que los miembros del flamante SNT tienen claro que son mucho más que la foto del acto protocolario. Espero que al interior de los estados los Congresos locales estén a la altura y los órganos garantes vean profundas transformaciones en su funcionamiento.
Pero sobre todo, quiero pensar que el acompañamiento respetuoso pero exigente de parte de los ciudadanos estará allí a lado de nuestros representantes. Si lo hacemos bien, ese acompañamiento abonará la presión necesaria para hacer que las cosas sucedan.
Insisto, no es un asunto de ingenuidad, durante muchos años los tiempos políticos han corrido a una velocidad distinta de la que precisan las necesidades de la sociedad. En una columna reciente, Federico Reyes Heroles hacía un llamado a nuestros gobernantes para dejar a lado la politiquería y enfocarse en solucionar los problemas más graves del país. Coincido, es hora de que las prioridades de la clase política sean las mismas que las de la ciudadanía: desigualdad, seguridad, educación. Las reformas son imperfectas, es cierto, pero lo serán siempre y habrá tiempo para corregir. Ahora es tiempo de implementar.
