Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).– La Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) denunció que el Gobierno de México aceptó sin cortapisas las normas de etiquetado alimenticio que benefician a las grandes industrias, mismas que entrará en vigor el próximo 1 de julio, mientras que países como Chile, Ecuador y Perú liberan una batalla por mantener reglamentos que privilegian a la salud sobre los intereses económicos.

La ASA ve con preocupación los recientes esfuerzos de las transnacionales agremiadas en la Alianza Latinoamericana de Industrias de Alimentos y Bebidas (ALAIAB), entre ellas la industria refresquera mexicana, para modificar las normas de etiquetado de países latinoamericanos, que han mostrado ser de avanzada y son más claras y legibles para el consumidor en cuanto a los contenidos de la llamada comida chatarra.

“En el caso de México no se han quejado porque la ley que ya se viene implementando desde el 2010, y entrará a cabalidad en julio, fue diseñada por ellos”, dijo Alejandro Calvillo Unna, director de El Poder del Consumidor, organización miembro de la ASA.

En una conferencia de prensa los activistas de la salud hicieron hincapié en que grandes empresas de dicha alianza de industrias hacen presión para cambiar los etiquetados y reglamentos de publicidad de Perú, Chile y Ecuador, a través de quejas interpuestas al Comité de Barreras Técnicas al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Asimismo, en cuanto a México, tanto la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), en la que se encuentra Pepsicola y Coca-Cola, como el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, donde destaca Unilever, Mars, Bimbo, Kellog’s y Nestle, entre varias otras, pertenecen a la ALAIAB.

El 11 de marzo pasado, durante una reunión de los miembros de la ALAIAB en Quito, dicha alianza externó su preocupación por la “ligereza técnica y científica que muestran propuestas regulatorias que establecen parámetros nutricionales”, que han sido tomados en cuenta por los países y organismos internacionales.

Asimismo, en un manifiesto las industrias dejaron clara su postura sobre lo que piensan de los marcos regulatorios de publicidad de alimentos y bebidas, incluyendo a Perú, marco de publicidad que prioriza la protección de la infancia.

“Pese a la inconsistencia técnica de los marcos regulatorios que en materia de etiquetado, publicidad e impuestos, nacen o se discuten en países como Chile, Perú, Ecuador o México, la industria de alimentos y bebidas de nuestra región sigue mostrando una actitud colaborativa y proactiva”, citó el comunicado.

El director de El Poder del Consumidor, sostuvo que la OMC generaría un gran conflicto, incluso con la Organización Mundial de la Salud (OMS), si continúa metiéndose en este asunto.

Además, sostuvo, los etiquetados de Ecuador y Chile, aunque el segundo todavía está en la última fase de aprobación, difieren del mexicano por la simplicidad con la que se pueden interpretar.

“Este etiquetado fue diseñado para que un niño pueda entenderlo. En cambio en México, el único estudio realizado fue con nutricionistas, y ni ellos lo pudieron entender, ya que hay que convertir calorías a gramos”, agregó Calvillo Unna.

Este sistema de medición de calorías, resaltó la ASA, no es el más conveniente para que los consumidores puedan saber el impacto que tienen estos productos en la salud, por lo que el nuevo etiquetado no cumple con los estándares de proteger la salud pautados por la OMS.

“La gran industria hace uso de su poder económico, que se traduce en poder político, y lo que vemos es que en México se hacen alianzas con las corporaciones, especialmente por parte de la Cofepris [Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios]”, dijo Calvillo.

Por su parte, la directora de la organización The Hunger Project, Lorena Vázquez Ordaz refirió en conferencia de prensa, que para replicar los modelos de Chile o Ecuador en México, hace falta mayor organización de parte de la sociedad civil para incidir en las políticas de salud del Gobierno.

“Si el Gobierno no nos protege y cede ante las grandes industrias, vamos a tener que surgir de parte de la sociedad civil esta organización”, dijo la directora.

En ese sentido, al igual que las industrias se unen en bloques para presentar quejas a la OMC, las organizaciones civiles del continente han empezado a presentar frentes comunes en el tema de la salud alimentaria.

La ASA, que reúne a 34 organizaciones nacionales e internacionales, se encuentra dentro de Consumers International, un conglomerado de agrupaciones que luchan por la salud en América Latina y el Caribe. Así como también forman parte de Latinoamérica Saludable, frente que reúne a organizaciones de la región.

Un etiquetado más claro puede incidir en la salud de las personas, y propiciar el impulso de metas de salud pública. En marzo, la OMS reiteró sus recomendaciones para el consumo de azúcar a “menos del 10 por ciento del consumo total de calorías diarias”, es decir menos de 50 gramos o menos 12 cucharaditas, con el fin de reducir los riesgos a la salud.

La dependencia de salud de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) además extendió una recomendación “condicional”, en la que sugiere reducir dicho consumo hasta el cinco por ciento o 25 gramos (seis cucharaditas), para obtener beneficios adicionales.

RESPALDO A CHILE

“En Chile aún está detenido el reglamento del nuevo etiquetado, pese a que la ley está aprobada desde hace tres años”, específico la coordinadora de salud de EPC, Fiorella Espinosa De Candido.

Ayer, las organizaciones pertenecientes a la ASA presentaron a la Embajada de Chile una carta en la que rechazaron las presiones de las transnacionales a la Contraloría chilena, las que argumentan que el nuevo etiquetado afecta las normas del comercio.

“Es sencillo, para las empresas lo que más importa son las utilidades económicas, por lo que es ingenuo pensar que se les puede delegar el diseño de los programas de salud”, dijo Yatziri Zepeda Medina, directora de Proyecto Alimente.

En una carta dirigida al Embajador Ricardo Núñez Muñoz, la ASA respaldó el impulso que existe en Chile para detallar el contenido de los productos con un etiquetado de advertencia en el que se alerta al consumidor sobre las altas calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio.

Según EPC, dicho etiquetado frontal de advertencia que alerta en colores blanco y negro sobre el exceso de azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías, da una idea muy completa al consumidor antes de ingerir esos alimentos.

CASO ECUADOR

Las organizaciones civiles recordaron que, pese a que el Gobierno de Enrique Peña Nieto es firmante del Plan de Acción contra la Obesidad de la Infancia y Adolescencia de la OMS, fue justamente hace un año que el Gobierno mexicano hizo pública una serie de recomendaciones al etiquetado interno ecuatoriano.

“México, con estas medidas se alineó a la postura de Estados Unidos y Canadá, al rechazo de un etiquetado más fácil de entender en esos países del sur. Es una intromisión clara en las políticas internas de otros países”, dijo Alejandro Calvillo.

A través de la Subsecretaría de Comercio Exterior, dependiente de la Secretaría de Economía, México presentó argumentos contra el etiquetado establecido por Ecuador para los productos más dañinos, como refrescos y panecillos altamente procesados y endulzados.

En su momento, el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Salvador Villalpando Hernández, dijo a SinEmbargo, que la carta de la SE estuvo “fuera de razón, en el sentido de la política general de combate a la obesidad, y en segundo, en asunto de derecho, porque un Estado no puede intervenir en otro, eso es claro”.

Las etiquetas ecuatorianas alertan claramente cuando un producto tiene excedentes de azúcares, y el año pasado la OMS declaró que sólo dicho modelo cumplía con el mencionado plan de acción contra la obesidad en menores edad.

Jurídicamente, los documentos expedidos por México no tenían la capacidad de frenar las políticas de otros países. Para hacerlo, México debe comprobar las afectaciones al flujo del intercambio comercial con Ecuador y así, continuar con el proceso del Tratado Internacional, sobre el que justifica sus argumentos, así como revisar la reglamentación y las observaciones e, incluso, interponer demandas.

Aún así, expertos en el tema coincidieron en que México, país con un 70 por ciento de su población adulta por lo menos con sobrepeso, antepone los intereses empresariales sobre el derecho a la salud de sus ciudadanos.