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Hilda García

25/06/2013 - 8:31 am

Claro que nos debe importar

A pesar de que está en debate la prometida reforma migratoria en Estados Unidos, quienes viven en México e incluso varios políticos de nuestro país consideran que es un tema menor o de interés doméstico del vecino del norte. Estoy de acuerdo que si vemos las noticias que hablan de criminalidad, narcotráfico, economía y los […]

A pesar de que está en debate la prometida reforma migratoria en Estados Unidos, quienes viven en México e incluso varios políticos de nuestro país consideran que es un tema menor o de interés doméstico del vecino del norte.

Estoy de acuerdo que si vemos las noticias que hablan de criminalidad, narcotráfico, economía y los escandalosos casos de corrupción de las últimas semanas (aunque deberíamos decir últimas décadas), el tema de la reforma migratoria se ve lejano, se considera que es algo que ocurre en otro país y, por lo tanto, es de poco interés. Sin embargo, uno de los temas claves para que se aprueben medidas que permitan la legalización de 11 millones de indocumentados es el que pasa por la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos. Sí, esa frontera de 3,326 kilómetros que compartimos ambas naciones.

Justamente ayer, el Senado estadounidense votó una enmienda de seguridad que atañe a México, a los mexicanos y, por supuesto, a cualquier sudamericano o centroamericano que busca cruzar la frontera.

Entre otras medidas que aprobó el Senado dentro de la enmienda de seguridad, se duplica a 40 mil el número de agentes de la Patrulla Fronteriza, autoriza la construcción de unos 700 kilómetros de muro fronterizo con México, recomienda el uso de nuevas tecnologías para detener el cruce de los indocumentados, obliga la implementación del programa federal E-Verify y establece la puesta en marcha de un programa biométrico para revisar el ingreso y salida del país de los inmigrantes indocumentados.

Unos 30 mil millones de dólares serán requeridos de manera adicional para sellar la frontera, pero con esto se logró destrabar el debate de la reforma migratoria y permite que la iniciativa bipartidista sea aprobada antes del 4 de julio, aún a pesar de la oposición  de los ultraconservadores republicanos.

Más de cuatro años se ha llevado la administración de Barack Obama y la única medida que parece reforma migratoria ha sido la propuesta hecha por el llamado Grupo de los Ocho. A fin de que este proceso prospere, una enmienda patrocinada por los republicanos John Hoeven, de Dakota del Norte, y Bob Corker, de Tennessee, fue lanzada la semana pasada con la intención de detener la serie de medidas que pretendían congelar la iniciativa, conseguir el voto de los detractores e indecisos, garantizar que el proyecto sea aprobado y que se incluya un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados.

Lograr que los indocumentados consigan la ciudadanía no es cuestión fácil para los connacionales que están en Estados Unidos, pues tendrá sus características, como el que estén en el país desde antes del 31 de diciembre de 2011, paguen impuestos, no tengan antecedentes penales, entreguen sus huellas digitales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y cancelen cualquier multa que puedan tener en su historial en el país.

Los planteamientos comienzan a hacerse pero con todas estas medidas de seguridad no parece que la reforma migratoria realmente pueda prosperar para los más de cinco millones de mexicanos indocumentados que viven en Estados Unidos.

De hecho, el plan tiene una temporalidad que alarga aún más la posibilidad de documentar a aquellos que viven en Estados Unidos sin papeles oficiales, pues quienes sean autorizados entrarán en un estado de inmigrante provisional (RPI) por espacio de 10 años. Al pasar ese tiempo es que apenas podrán gestionar la residencia legal permanente y tres años después tramitar la ciudadanía.

A la vez se advierte que a los seis años como RPI deberán verificar nuevamente los antecedentes penales y cancelar una multa. Durante el estatus provisorio tendrán derecho a un permiso de viaje, una licencia de manejar y una autorización para salir y reingresar a Estados Unidos sin perder el derecho a la residencia.

Las medidas parecen un gran avance. Sobre todo ya que después de varios intentos no ha habido un verdadero momento de debate durante las administraciones de Obama. Por otra parte, no se ven como un gran adelanto tampoco por la cantidad de papeleos que se tienen que hacer, pero aún más con los 10 años que hay que esperar y que hasta las administraciones puedan cambiar, pero lo que parece que si entra en vigor de manera temprana es la cuestión de vigilar la frontera, y en ello, México tiene que estar al pendiente.

Por supuesto que aún falta que la reforma se apruebe en la Cámara de Representantes. Pero está de por medio un tema de seguridad nacional, un tema de seguridad fronteriza que nos es más que importante para los mexicanos, pues pareciera que el debate se transfirió hacia lo que en el cruce del Río Bravo pase para lograr todo un cambio en la legalidad de los indocumentados.

Y a la vez que había movimiento en el Senado para lograr el apoyo de los republicanos, el Presidente Obama se reunió esta misma semana con los directores ejecutivos, dueños de negocios y hombres de empresa para discutir los posibles beneficios económicos de una reforma migratoria. En su alocución, el mandatario señaló que la reforma podría promover el crecimiento económico y reducir el déficit. Sus argumentos estuvieron basados en que muchos de los hombres de empresa fueron migrantes, como el caso de Bricia López del restaurante La Guelaguetza o Alex Torrenegra, fundador de VoiceBunny y de WeHostels. Esto, porque además de convencer a grupos de políticos y de empresarios, los mismos ciudadanos no están del todo convencidos con una reforma.

Por ejemplo, de acuerdo con un nuevo sondeo del diario USA Today y el Centro Pew divulgado este lunes, el 77 por ciento considera que cualquier ley debe incluir acciones para fortalecer la frontera y el 71 por ciento consideró que los indocumentados que se estima viven en el país deben quedarse en el país si cumplen ciertos requisitos.

Asimismo, un 77 por ciento consideró que no es una medida realista poder deportar a los 11 millones de indocumentados que se estima viven en el país, aunque el 64 por ciento señaló que permitir una ley que regularice su situación alentará más la migración de manera ilegal.

La reforma migratoria está en la palestra. La discusión se ha centrado, para pasar las diferentes instancias, en un tema de seguridad nacional del cual, México no puede estar ajeno. La seguridad nacional tiene como límite nuestra su frontera que es, a la vez, nuestra frontera, por eso importa.

Hilda García
Estudio Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo el grado de Maestría en la Univ. de Miami con el tema de los “Weblogs y la mediamorfosis periodística”.

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