Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo/Noroeste).– Amnistía Internacional denunció que las pruebas presentadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa sobre el asesinato de la activista Sandra Luz Hernández mantienen vacíos que pueden desencadenar en fallas al debido proceso al basarse en las declaraciones del presunto homicida.
Para Perseo Quiroz, presidente ejecutivo de Amnistía Internacional México, es una situación preocupante el que la mayoría de las declaraciones de las autoridades sobre el caso se basen en confesiones, más allá de investigaciones bien hechas.
“Nos preocupa porque como hemos dicho nosotros en nuestro informe sobre tortura, la mayoría de las declaraciones se basan en confesiones, más allá de investigaciones bien hechas, entonces, hay un gran problema que nos basemos en eso”, comentó el representante de Amnistía en México.
Quiroz cuestionó además el actuar de la Fiscalía estatal, puesto a que ha presentado como pruebas contundentes declaraciones de Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, señalado como presunto culpable del crimen y a quien ayer le fue dictada formal prisión.
Por ello, solicitó al gobierno de Mario López Valdez realizar las investigaciones correspondientes que den credibilidad a cada una de las declaraciones que se han hecho por parte de la Fiscalía de Sinaloa, puesto a que de lo contrario se mostraría omisión e incapacidad del manejo de la autoridad.
“Nos parece que se está haciendo, el Estado en general, de manera irresponsable salir a dar explicaciones a la ligera y salir a dar explicaciones de una manera tan rápida sin que se abra una investigación adecuada”, indicó.
Perseo Quiroz señaló que además ha habido una serie de actos por parte de Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador del Estado, que podrían desencadenar fallas al debido proceso, como presentar la declaración ministerial del presunto culpable a los medios sin que éste fuera consignado ante un juez.
Del mismo modo, criticó los señalamientos de Higuera Gómez, donde a través de la declaración ministerial, la activista y su hijo Édgar García Hernández, quien desapareció en 2012, fueron criminalizados por relacionarlos con distintos delitos como secuestro, robo y asesinato.
“Se debe actuar de manera muy responsable y de manera en que se respeten todas las debidas formalidades del procedimiento, respetando también las presunciones de inocencia, pero sobre todo agotando todas las líneas de investigación posible”, señaló.
