Francisca Morales Díaz, una mexicana de 45 años que fue liberada el viernes de un centro de detención del ICE en Luisiana, dijo que a ella y a otras personas se les daba jabón y papel higiénico para uso personal una vez a la semana, y que se les acababa. Una vez que se quejaron, Morales señala que se les dijo que en el exterior también había escasez.
Por Ben Fox, Philip Marcelo y Nomaan Merchant
WASHINGTON, 25 de marzo (AP). — Grupos activistas están pidiendo al Gobierno estadounidense que libere a los migrantes que tiene en centros de detención, donde al menos uno dio positivo por COVID-19, afirmando que las condiciones de confinamiento los hacen vulnerables al coronavirus.
Actualmente hay unas 37 mil personas detenidas en Estados Unidos por motivos migratorios. Muchas de ellas, según los activistas, corren peligro debido a su edad, a problemas de salud preexistentes y a que se encuentran muy cerca unas de otras, sin mascarillas ni otros equipos protectores.
“Es imposible permanecer tranquilo”, afirmó Marco Battistotti, un italiano que figura entre los 170 detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el condado Bristol, Massachusetts. “La gente tiene miedo y está entrando en pánico”.
Battistotti, de 54 años, es uno de los cerca de 100 detenidos que firmaron una carta difundida por un abogado de migración local en la que se quejan de las condiciones en el centro de detención y piden ser puestos en libertad mientras sus casos son tramitados.
“Yo no quiero morir en una cárcel del ICE”, expresó el detenido en una entrevista telefónica con la AP. “¿Por qué no puedo seguir mi caso desde afuera?”
El ICE reportó el martes que un detenido, un mexicano de 31 años, dio positivo al virus en un centro de detención del condado Bergen en Nueva Jersey. El servicio ha anunciado medidas para proteger a los detenidos y al personal, pero no ha divulgado si reevaluará los casos para posibles liberaciones en vista de la pandemia.
La dependencia no respondió de inmediato a un mensaje para solicitarle sus comentarios sobre las quejas y las condiciones de parte de los detenidos y sus defensores.
El Gobierno del Presidente Donald Trump ha tratado de mantener un equilibrio entre su característica línea dura en materia migratoria y una respuesta a la pandemia. El ICE anunció que “ajustará temporalmente” su estrategia para darle prioridad a la detención de personas que presenten un daño a la sociedad, o cuya deportación ha sido ordenada debido a sus antecedentes penales.
Grupos que abogan por los migrantes, incluyendo la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés), presentaron demandas en California, Maryland, Pensilvania y otros estados, en las que solicitan la libertad inmediata de los migrantes, especialmente los de edad avanzada o con problemas de salud.
Los activistas también solicitaron a un tribunal de Los Ángeles que ordene a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados que ponga en custodia de patrocinadores autorizados a unos 1.200 menores migrantes que fueron detenidos sin sus padres o tutores legales y que han permanecido en albergues contratados por el Gobierno durante más de 30 días. Dijeron que dos miembros del personal de dichas instalaciones fueron diagnosticados con COVID-19 en Nueva York.
No se sabe exactamente cuántos detenidos están en condiciones vulnerables, pero tan sólo en una demanda presentada en California se menciona a 13 denunciantes, todos mayores de 55 años.
Un juez federal en Boston ordenó el miércoles la liberación de un dominicano de 36 años que estaba detenido en una cárcel local del sur de la ciudad en la que un empleado dio positivo al coronavirus. La ACLU interpuso una demanda para liberar a otras dos personas retenidas en ese lugar.
Un panel de la Corte de Apelaciones del 9no Circuito en San Francisco exigió el lunes la libertad inmediata de una mujer de 37 años que iba a ser deportada a México a raíz de “la crisis de salud pública que está empeorando rápidamente”.
El abogado de la mujer reveló que el Gobierno le dijo que no se opondrá a la medida, tomada unilateralmente por el tribunal en nombre de una mujer que, según el abogado, ha sido amenazada por integrantes de un cártel de drogas mexicano. Hasta la tarde del miércoles no había sido liberada.
“No era algo que habíamos pedido ni que anticipábamos”, señaló el abogado, Max Carter-Oberstone. “Es evidente que el tribunal está reaccionando a la crisis de salud pública en la que nos encontramos, y reevaluando la manera en que procesa casos de migración a la luz de esta crisis”, añadió.
La situación en detención migratoria, que incluye instalaciones gestionadas por jurisdicciones locales y contratistas privados, es similar a la que enfrentan cárceles y prisiones, con personal en riesgo de contraer un virus que ya ha enfermado a por lo menos 55 mil personas en Estados Unidos y dejado unos 800 muertos.
Una de las diferencias es que más de la mitad de los detenidos por el ICE no cuentan con cargos penales ni condenas, y son privados de la libertad únicamente por motivos migratorios. En gobiernos anteriores, muchos de ellos posiblemente habrían sido liberados mediante el pago de una fianza en lo que se procesaban sus casos.
El ICE ha reportado un caso confirmado de coronavirus en un empleado en un centro de detención en Elizabeth, Nueva Jersey, y otras 18 infecciones en personal que no está involucrado en la detención de migrantes. Un contratista reportó un caso en un miembro del personal en una instalación del condado Harris, Texas. La agencia informó que examina a los nuevos detenidos y coloca en aislamiento a aquellos que presentan síntomas de la enfermedad.
Los detenidos aseguran que esas medidas no serán de gran ayuda, debido a que las personas permanecen en compartimientos similares a dormitorios en donde es imposible tener distanciamiento social, o en habitaciones más chicas que en ocasiones deben limpiar ellos mismos, sin que haya productos de limpieza suficientes.
Francisca Morales Díaz, una mexicana de 45 años que fue liberada el viernes de un centro de detención del ICE en Luisiana, dijo que a ella y a otras personas se les daba jabón y papel higiénico para uso personal una vez a la semana, y que se les acababa. Una vez que se quejaron, Morales señala que se les dijo que en el exterior también había escasez.
“No hay suficiente medicina. No es bien atendido”, dijo Morales a la AP. “Me da un poco de miedo porque siento que van a venir… En cualquier momento van a regresar y me van a llevar” de vuelta allí.
Ira Alkalay, abogado que representa a varios detenidos en un centro ubicado cerca de Cape Cod, dijo que algunos de ellos son responsables de limpiar su propia unidad _ que incluye área para comer y baño _, pero que ni siquiera se les proporciona cloro. Algunos de los que firmaron la carta sufren problemas respiratorios como tuberculosis, enfisema y asma, lo que los pone en mayor riesgo en caso de contraer el virus.
“Estas no son condiciones sanitarias en lo absoluto”, dijo Alkalay. “Si el virus es introducido, muchas personas podrían enfermarse al mismo tiempo. Los hospitales de la zona podrían verse abrumados rápidamente”.
La oficina del jefe de policía del condado Bristol, Thomas Hodgson, quien acaparó titulares por ofrecer a los detenidos por el ICE que están en su prisión para que ayuden a construir el muro fronterizo que prometió Trump, subrayó que por el momento no hay casos confirmados ni sospechosos del virus dentro de las instalaciones.
“Sospechamos que estos detenidos trabajan con grupos activistas políticos en el exterior para utilizar la crisis del coronavirus para promover su agenda política”, dijo el portavoz de Hodgson, Jonathan Darling, esta semana.
Eunice Cho, abogada de la ACLU, advirtió que, si el virus se propaga dentro de una instalación, el número de enfermos que requerirán de atención médica avanzada podría abrumar los hospitales cercanos. Muchas de las cárceles del ICE se ubican en zonas rurales con hospitales pequeños.
“Esto está estrechamente relacionado con la salud pública de toda nuestra comunidad”, declaró Cho.
