Fundar y otras organizaciones que también participaron en las iniciativas que ahora forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción –como Artículo 19, el Instituto Mexicano para la Competitividad, entre otros– declinaron el pasado 10 de marzo la invitación a participar como acompañantes en el proceso de selección del Fiscal Anticorrupción por diversas irregularidades que han denunciado en el proceso. Incluso, Miguel Sarre Iguíniz, abogado y académico del CIDE, retiró el pasado 2 de marzo su candidatura al puesto al observar que la discusión sobre la Fiscalía Anticorrupción avanzaba mientras se mantenía aplazada la discusión de fondo: la autonomía de la que se dotará a la futura Fiscalía General de la República.
Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).– Se supone que debería combatir la corrupción en México, un país calificado con 30 de 100 puntos en el índice de percepción de abuso de poder medido por Transparencia Internacional. Ordenado por una reforma Constitucional desde 2014, el nombramiento del Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, sin embargo, se ha aplazado en tres ocasiones y, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, se realiza ahora en un proceso desaseado, apresurado y sin cumplir condiciones mínimas de apertura.
“Este proceso ha sido bastante desaseado. Hemos observado que, a pesar del tiempo con el que contaba el Poder Legislativo, ha decidido hacerlo de manera apresurada”, dijo Haydée Pérez Garrido, directora ejecutiva de la organización Fundar, Centro de Investigación y Análisis.
“Nos buscan unos días antes de que ya tenían el acuerdo para comenzar el proceso. Entonces, nos parece que se está tratando de manera muy apresurada y en muchas ocasiones esta premura va en contra de la calidad del propio proceso”, agregó.
En entrevista, Pérez Garrido explicó que, aún cuando hubo invitación del Senado para que las organizaciones de la sociedad civil participaran como Comité de Acompañamiento Ciudadano en el proceso de selección del nuevo Fiscal especial, se determinó que sus opiniones no serían vinculantes por lo que, al final, destacó serán únicamente los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) quienes decidan quién será el futuro “Zar Anticorrupción” de la República.
“No se logró llegar a un acuerdo con respecto a una participación efectiva de parte de la sociedad civil. Es decir, que ellos se reservaron el derecho de tomar la decisión tomando en cuenta o no el trabajo que realizara el comité técnico de acompañamiento”, añadió Pérez.
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Las críticas no son sólo para el procedimiento. Miguel Sarre Iguíniz, abogado y académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), retiró el pasado 2 de marzo su candidatura al observar, dijo en entrevista, que la discusión sobre la Fiscalía Anticorrupción avanzaba mientras se mantenía aplazada la discusión de fondo: la autonomía de la que se dotará a la futura Fiscalía General de la República, de la que dependerá el cargo para el que participaba.
Esta discusión, explicaron los entrevistados, debería generarse alrededor del artículo 102 Constitucional, que regula las actividades del Ministerio Público y sobre el que en el Senado hay una iniciativa pendiente para impedir que el actual Procurador General de la República, el priísta Raúl Cervantes Andrade, pueda continuar como Fiscal al concluir el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.
Por tanto, precisó Sarre, centrar la discusión legislativa alrededor de un Fiscal especial que dependerá de un Procurador cuya autonomía no ha sido definida, es distraer el fondo de la problemática.
“Creo que, en este contexto, la Fiscalía especializada es un distractor; más allá del procedimiento, todo el esquema es un distractor y hay (…) Parte del propósito era hacer lo posible una fiscalía autónoma. Cuando vi que no que no, que se estaba atorando, decidí que una fiscalía especializada, sin fiscalía autónoma, pierde totalmente su sentido”, dijo Sarre.
“Es muy difícil que con la composición de las fuerzas actuales busquen un compromiso que garantice la autonomía de la Fiscalía General, porque esa autonomía permitiría investigar los delitos que se están cometiendo en esta administración”, agregó el académico.
La aprobación de la Reforma al artículo 102 Constitucional y la eliminación del “pase automático” de Cervantes a la Fiscalía, coincidió Pérez, demostraría si existe voluntad política para generar un sistema de procuración de justicia independiente o si, de nuevo, éste se quedará en el discurso.
“Justo por eso nos parece fundamental que haya una aprobación a la reforma enviada en su momento por el Presidente de la Republica, en donde se elimina el pase automático del Procurador para convertirse en fiscal general. Porque eso sería una muestra clara de que se están realmente construyendo instituciones con autonomía e independencia, no sólo en los dichos, sino en los hechos”, indicó Pérez.
“El proceso de designación (del fiscal especial) no puede verse de forma aislada; se tiene que entender que se enmarca en un momento en el que está discutiéndose el modelo de procuración de justicia del país”, agregó.
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OPINIÓN CIUDADANA, NO VINCULANTE
Por esta falta de condiciones, Fundar y otras organizaciones que también participaron en las iniciativas que ahora forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción –como Artículo 19, el Instituto Mexicano para la Competitividad, entre otros– declinaron el pasado 10 de marzo la invitación a participar como acompañantes en el proceso de selección del Fiscal Anticorrupción.
Y, el pasado 21 de marzo, difundieron un comunicado en el que advirtieron que el proceso que actualmente se realiza en el Senado –y del que ya emergieron cuatro aspirantes– concentra la decisión entre los integrantes de la Junta, permite una “muy frágil” vigilancia ciudadana y corre el riesgo de ser un acto de simulación.
“Desde el inicio, el diseño del proceso de designación de la o el Fiscal Especial no correspondió con los estándares necesarios de transparencia, participación y rendición de cuentas, principalmente por el acuerdo que facultaba a la Jucopo para proponer un o una candidata única al pleno sin disposiciones que redujeran la discrecionalidad de la negociación entre las coordinaciones de los grupos parlamentarios”, advirtieron Fundar y Artículo 19 en un comunicado.
“Este proceso es un ejemplo más que ilustra cómo las designaciones en nuestro país siguen dependiendo de los tiempos y arreglos políticos en vez de considerar criterios como la idoneidad de los perfiles y las condiciones estructurales para que las instituciones funcionen de forma efectiva.
Adicionalmente, en la mayoría de estos procesos, la participación ciudadana sigue siendo un elemento muy frágil, lo que conlleva el riesgo de que se vuelva un acto de mera simulación y no un mecanismo para enriquecer el proceso”, agregaron.
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El mismo día, las Comisiones Unidas de Justicia, Anticorrupción y de Participación Ciudadana del Senado presentaron el dictamen “por el que se presenta a la Junta de Coordinación Política el listado de las y los candidatos idóneos para ocupar el cargo como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción”.
Documento que, si bien incluye el dictamen de quienes se mantuvieron en el Comité de Acompañamiento Ciudadano en favor de cuatro candidatos, envío a la Jucopo también un listado de 23 nombres.
Y es por eso, insiste Pérez, en que las organizaciones se retiraron del proceso.
“Justamente, no se logró llegar a un acuerdo con respecto a una participación efectiva de parte de la sociedad civil. Es decir, que ellos se reservaron el derecho de tomar la decisión tomando en cuenta o no el trabajo que realizara el Comité técnico de acompañamientos”, dijo Pérez.
El mismo dictamen de las comisiones unidas recuerda que los legisladores que pueden o no tomar en cuenta la opinión del Comité de Acompañamiento Ciudadano.
“El propósito del Comité de Acompañamiento sería colaborar con el Senado de la República en la mejor selección posible del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. Para ello, emitiría su opinión, como cuerpo colegiado, la cual no será vinculatoria respecto a la decisión que tome la Junta de Coordinación Política, como el Pleno, del Senado”, dice el dictamen.
La figura del Fiscal Anticorrupción se ordenó desde febrero de 2014, cuando –entre otras reformas- se integró en el artículo 102 Constitucional la orden de que la futura Fiscalía General de la República contara, al menos, “con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción”.
Esta figura es también una de las siete posiciones que integrarán el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y que, si bien fue promulgado desde 2015, sigue sin implementación, precisamente, por la ausencia de este agente del Ministerio Público Especializado.
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LOS CUATRO SUGERENCIAS
Si bien el dictamen que las comisiones legislativas Anticorrupción, de Justicia y Participación Ciudadana del Senado entregaron a la Junta de Coordinación Política incluyó un listado con 23 aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, el Comité de Acompañamiento Ciudadano recomendó cuatro nombres:
– César Alejandro Chávez fue director General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas en la Secretaría de la Función Pública; dos veces Visitador General de la Procuraduría General de la República y también fungió como Titular del Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
– José Bernardo Rafael Espino del Castillo Barrón, fue coordinador General de Delegaciones, director General de Amparo, Coordinador de Asesores del Subprocurador de Procedimiento Penales, Delegado del Estado de México, Coordinador Regional de Delegaciones de las Zonas Centro y Norte y y Director General de Coordinación Interinstitucional.
– Miguel Ángel González Félix, fue Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la Procuraduría General de la República (PGR), periodo en el que fue el principal negociador mexicano en temas de Procuración de Justicia con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Ministerios de Justicia en Europa y América Latina. Dirigió el Programa de Cooperación entre México y la Unión Europea para el Fortalecimiento de la Justicia en México y fue negociador del Tratado de Asistencia Jurídica con Suiza.
– Manuel Luciano Hallavis ocupó diversos cargos en la Secretaría de Hacienda y el Instituto Mexicano del Seguro Social. En Enero de 2014 fue elegido como Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y de la Junta de Gobierno y Administración.
