Andrés Manuel López Obrador es un político excepcional. Pocos políticos en la historia de México logran la hazaña de recorrer todo el país en seis años y construir un movimiento organizado que ganó no sólo la presidencia del país, sino la mayoría en el Congreso de la Unión y en las gubernaturas de los estados. Es el mérito de un dirigente que ha construido ahora la fuerza política hegemónica en la nación.

Para lograr ese éxito político se necesitan varias cualidades, entre ellas la congruencia, la honestidad y el trabajo disciplinado. López Obrador las tiene. Pero probablemente su peor defecto sea la necedad. Es una persona necia que no admite que se equivocó cuando se equivoca, como es el caso ahora al responder, legítimamente, ante un reportaje del New York Times (NYT). Se equivocó garrafalmente al exhibir el número celular de la reportera del diario estadounidense, Natalie Kitroeff. Y más al reiterar que lo volvería a hacer, como reitero en la mañanera del viernes a pregunta expresa de la corresponsal de Univisión, Jésica Zermeño.

El jueves 22 de febrero en su conferencia de prensa el presidente se anticipó a la publicación del reportaje del New York Times titulado “EE. UU. indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México”, firmado por Natalie Kitroeff y Alan Feuer. Kitroeff es la jefa de la corresponsalía del NYT en la Ciudad de México en tanto Feuer es el experimentado reportero del Times especializado en “extremismo y violencia política” y uno de los reporteros que mejor cubrieron los juicios en la corte de Nueva York contra Joaquín El Chapo Guzmán, y el juicio en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, declarado culpable de trabajar para el Cártel de Sinaloa.

Antes de que se publicara el reportaje, López Obrador exhibió en la conferencia de prensa mañanera el correo enviado por Natalie Kitroeff con el cuestionario que pedía a la presidencia que se respondiera para incluir la versión de López Obrador o del vocero. Pero al mostrar el cuestionario, mostró el teléfono celular de Kitroeff, lo que detonó las críticas.

El reportaje del NYT sugiere que tres testigos habrían dicho que aliados de López Obrador recibieron dinero del narcotráfico poco antes de asumir como mandatario del país o incluso ya en el año 2020. Las afirmaciones son muy vagas e inconsistentes. Por ejemplo cuando se refieren a los hijos de López Obrador: “Los investigadores consiguieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles del narcotráfico tenían videos de los hijos del presidente recibiendo lo que se describió como dinero del narco, según consta en los documentos”. Hay hasta tres condicionantes en esta frase, más vago imposible.

En el mismo reportaje de Kitroeff y Feuer se informa que estas denuncias no hallaron evidencia firme de la relación del presidente con los cárteles de la droga. “No obstante, aunque los esfuerzos recientes de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los asociados de López Obrador, no hallaron conexiones directas entre el presidente en sí y organizaciones delictivas”, por lo que la acusación se desestimó.

Con evidente molestia, el presidente anunció que pediría al gobierno de Estados Unidos pronunciarse sobre estas alegaciones. El mismo jueves 22 de febrero, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que no hay ninguna investigación, al referirse al reportaje del New York Times. “Creo que el Departamento de Justicia ya ha dejado claro que no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador”, señaló. Y el Departamento de Justicia tendría la responsabilidad de revisar cualquier acusación, agregó Kirby.

Como se recuerda, apenas el pasado 31 de enero el sitio ProPublica publicó un reportaje con sugerencias, también sin confirmar, de que allegados a López Obrador habrían recibido dinero de los cárteles del narcotráfico, en la campaña de 2006. Alegaciones semejantes aparecieron también en otros dos sitios (en InSight Crime y  Deutsche Welle), motivando la airada respuesta del mandatario. En ambos episodios desde el mismo gobierno de Estados Unidos se afirmó que no hay ninguna investigación en contra del presidente de México.

No se puede ser ingenuo y obviar el momento político que se vive en México. Estamos la fase final de la competencia por el poder público que se dirime en las elecciones del próximo 2 de junio y las fuerzas políticas echan a mano todos los recursos para pelear su tajada de poder. El papel de la prensa lo que publica y difunde, es un factor preponderante en esta contienda. De ahí el reclamo del presidente de que se publican reportajes con insinuaciones de investigaciones que sugieren que recibió dinero del crimen organizado.

Hasta ahora ninguno de los reportajes publicados ha probado tal aseveración y en todos los casos el gobierno de Estados Unidos ha descartado que existan investigaciones en contra del mandatario. Adicionalmente, el que la fuente de las indagatorias periodísticas sean supuestas investigaciones de la DEA u otras agencias estadounidenses a partir de testigos protegidos, le da razones al presidente para alegar el intervencionismo de Estados Unidos ante un país soberano como es México.

Creo que López Obrador tiene razón en molestarse por publicaciones periodísticas que sugieren que tiene vínculos con el crimen organizado. Y tiene razón cuando dice “que lo que no mancha, tizna”. Con estas publicaciones López Obrador quedó tiznado, como ha quedado de manifiesto con la etiqueta de “#NarcoPresidente”, difundida gratuita y mediante paga por sus opositores. El presidente tiene razón en exigir desmentidos y en exigir reparación de su imagen, incluso una demanda por probable difamación.

Pero su necedad lo llevó ha cometer un grave error en su respuesta a la corresponsal de la cadena estadounidense Univisión, Jésica Zermeño, en la conferencia mañanera del viernes 23 de febrero de admitir que no había sido una equivocación y una violación a la Ley de Transparencia y Protección de Datos, publicar el teléfono de la corresponsal del Times. “Que cambie su teléfono. Otro número, ya”, dijo neciamente el presidente. No había necesidad de ser tan necio. Podía enmendarse y reconocer que se equivocó y reparar el daño.

La necedad del presidente, ahora ha convertido lo que era una respuesta legítima ante la insinuación de un reportaje que no aporta evidencias, en un debate sobre porqué el mandatario viola los derechos de privacidad de los periodistas y si la autoridad moral del presidente está por encima de la ley. Un debate que le da municiones a la oposición y lastima la autoridad moral y política que el presidente pretende defender.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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