Comisión de San Lázaro aprueba dictamen para crear el Sistema Nacional Anticorrupción

25/02/2015 - 7:36 pm
Foto: PRD
Amalia García, del Partido de la Revolución Democrática, abstuvo su voto. Foto: PRD

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).– La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma constitucional por el que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, tras dos años de discusión en ambas cámaras del Congreso.

El dictamen fue aprobado con 24 votos a favor. El integrante de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, votó en contra, y en abstención, lo hizo Amalia García, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mientras que el representante del Partido del Trabajo (PT) Ricardo Cantú no asistió al encuentro.

Con el nuevo sistema los diputados le enmendaron la plana al Presidente Enrique Peña Nieto que había propuesto originalmente sustituir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) por una Comisión Anticorrupción, como instrumento del Estado para combatir los miles de casos de corrupción al año en México.

También fue más allá de la minuta aprobada por el Senado el 13 de diciembre de 2013 que otorgaba a la comisión anticorrupción autonomía constitucional y facultades para prevenir, investigar y sancionar de forma administrativa, las irregularidades que cometan servidores públicos y ciudadanos.

“Más allá de esas ideas que existían anteriormente de tener una gran Comisión Anticorrupción como órgano público autónomo que en una sola dependencia se encargara de prevenir, investigar y combatir la corrupción; se llegó a la conclusión de que había que formar un auténtico Sistema, en el cual cada una de sus partes estuviera comunicada entre sí, vinculada, coordinada pero además con nuevas facultades”, explicó el Diputado Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional (PAN).

En contra votó el Diputado Ricardo Mejía Berdeja quien consideró que a pesar de los avances para fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, el dictamen se quedó corto de crear un verdadero sistema anticorrupción con mayor participación ciudadana y con menos controles políticos.

“Se trata de sacar apresuradamente antes de las elecciones para –por un lado– quitar argumentos a la crítica del Ejecutivo y su partido, el PRI, y –por otro lado– para que el PAN haga propaganda electoral, como lo estuvo manejando en cuantiosos spots de nuestro compañero hoy diputado federal nuevamente”, indicó el legislador por Movimiento Ciudadano.

La Comisión de Puntos Constitucionales, avaló la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, tras meses de intenso debate a propuesta de la oposición en la Cámara de Diputados y de organizaciones de la sociedad civil como Fundar, México Evalúa, la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), entre otras.

El Sistema Nacional Anticorrupción tiene tres ejes fundamentales: prevención, investigación y sanción.

1.- Prevención. Fortalece a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos internos de control de de todas las dependencias y organismos públicos.

Se quita a la Secretaría de la Función Pública la facultad de sancionar, ya solo se dedicará a investigar alguna posible falta administrativa del gobierno federal, mediante sus auditorías internas.

El titular de la SFP será propuesto por el Presidente de la República pero ratificado por el Senado.

Se cambia a las contralorías internas para ser órganos de control interno, con la facultad de investigar irregularidades, cuyas funciones estarán homologadas en las futuras leyes secundarias de carácter general, que expedirá el Congreso.

2.- Investigación. Fortalece a la Auditoría Superior de la Federación.

A diferencia de lo que sucede actualmente, la ASF tendrá la facultad de iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal.

Asimismo podrá fiscalizar en tiempo real por denuncia de actos graves de presunta corrupción; y tendrá facultad de auditar los fondos y fideicomisos públicos y privados que ejerzan recursos públicos.

Podrá iniciar procedimientos por actos o faltas graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa y podrá denunciar ante la fiscalía especializada de combate a la corrupción los delitos que encuentre en su investigación.

Presentará informes individuales de auditorías, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente, fecha en que presentará un Informe Público General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

Dentro de las nuevas facultades de la Auditoría Superior de la Federación, también podrá investigar no solamente a funcionarios públicos, sino también a los particulares que tengan que ver con recursos públicos.

3.- Sanción. Crea el Tribunal de Justicia Administrativa, un tribunal autónomo responsable de sancionar a quienes cometan actos de corrupción.

Los órganos de control interno investigarán y sancionarán faltas administrativas leves, mientras que el Tribunal de Justicia Administrativa sancionará las faltas administrativas graves, que sean investigadas por la ASF y los órganos de control interno.

El Tribunal de Justicia Administrativa sancionará a los particulares que incurran en hechos vinculados con faltas administrativas graves.

Las sanciones podrán consistir en inhabilitación para participar en adquisiciones, servicios, obras, e incluso en la disolución

Asimismo se establece la figura de “extinción de dominio” para los casos de enriquecimiento ilícito.

Otro avance es el relativo a la prescripción de delitos graves, el cual pasó de tres a siete años.

El dictamen será puesto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados este jueves, donde se prevé se le dispense primera lectura, se someterá a votación y será aprobado por más de dos terceras partes de los presentes.

No obstante las bondades que señalaron los propios legisladores, también consideraron que para combatir de forma efectiva el flagelo de la corrupción  será necesaria elaborar la legislación secundaria y suficiente voluntad política para sancionar a los servidores públicos que incurran en ilícitos.

“Esa será quizás, una lucha que no terminará con la aprobación de este Sistema Nacional Anticorrupción, pero que hoy inicia y sobre todo, sienta las bases para que podamos tener un país más democrático”, afirmó el Diputado panista Fernando Rodríguez Doval.

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