El caso que ha presentado públicamente el gobernador de Chihuahua, en el que destapa una compleja trama para trasladar recursos del erario federal a las campañas electorales del PRI con la complicidad de su antecesor en el cargo, pero también de otros gobernadores, resulta a simple vista verosímil. No sorprende a nadie en este país, donde el empleo público es un botín que se reparte entre validos y clientelas, que se puedan tejer contubernios de ese estilo con la participación de los funcionarios del Estado que deberían ser los garantes de la recta distribución de los dineros provenientes de los impuestos. Tampoco sorprende que se tejan contubernios con los gobernadores estatales para lavar esos recursos y llevarlos a sus destinatarios. Lo que sorprende es que un gobernador haya auspiciado una investigación concienzuda que rompe con el pacto de impunidad al que nos han acostumbrado los políticos mexicanos de los tres partidos que han ganado gobiernos estatales en las últimas tres décadas.

Que los intereses de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda son esencialmente políticos, a pesar de su cacareada neutralidad técnica, resulta una obviedad: ante la inexistencia de un servicio público profesional de carrera con horizontes de largo plazo despolitizados, los incentivos de los altos cuadros de la secretaría están alineados con los de sus jefes políticos, pues de su disciplina y lealtad dependerá su promoción.

De ahí que resulte normal que supuestos cuadros técnicos salten con enorme facilidad a la búsqueda de la promoción externa que implica la competencia electoral. En el México de la época clásica del PRI, la administración pública fue el espacio privilegiado de la circulación política y la supuesta capacidad técnica de los funcionarios no ha sido más que un criterio entre muchos para la promoción, vinculada a la pertenencia a una camarilla política. Es precisamente la falta de separación entre la política y la administración pública una de las taras nodales del Estado nacional.

Pero de la politización del trabajo burocrático al robo desfachatado de recursos públicos para trasladarlos a las campañas de un partido hay un trecho. En los buenos tiempos del monopolio político ese tráfico se hacía a los ojos de todo el mundo: no solo dinero en efectivo, sino empleados comisionados, vehículos y otros recursos materiales pasaban alegremente de las dependencias burocráticas a las ostentosas campañas tricolores. La reforma política de 1996 otorgó los montos ingentes de dinero a los partidos con el pretexto de que así se evitaría el traspaso declarado ilegal. Sin embargo, cada nueva campaña riadas de dinero en efectivo inundan al país; parte de esos fondos pueden provenir del crimen organizado, pero es perfectamente posible que buena parte de ellos provenga de operaciones como la que Javier Corral ha desvelado como resultado de las investigaciones de la fiscalía de Chihuahua.

La indagatoria de la fiscalía de Chihuahua demuestra, además, que con independencia de la existencia de un sistema anticorrupción ahí están los mecanismos legales y las capacidades técnicas para armar casos en contra de los delitos de corrupción. Sin embargo, y esta es la mala nota del asunto, solo se actúa cuando hay un interés político detrás. Sin duda ha sido una muy buena noticia que las autoridades chihuahuenses se hayan aplicado a fondo en este caso, pero no cabe duda de que no lo hubieran hecho sin el apoyo del gobernador y su decisión calculada políticamente. Para que surjan una, dos, tres Chihuahuas y se logren desmantelar las muchas tramas de este mismo tipo que sin duda existen se requiere de fiscalías profesionales y autónomas, que actúen no por consigna política sino por una responsabilidad profesional premiada por sistemas de incentivos internos.

El otro episodio de la historia sería un sainete si no mostrara la tremenda contrahechura del sistema federal mexicano, donde –como en la frase atribuida a Lucas Alamán– a los estados se les dejó su soberanía, pero la federación se quedó con el dinero. Según denuncia el propio gobernador de Chihuahua, en represalia por la investigación que ha mostrado los malos manejos de sus altos funcionarios, la Secretaría de Hacienda ha retenido fondos federales que le corresponden al estado y lo ha dejado en la inopia. La distribución presupuestal como mecanismo de disciplina a los designios del centro de unos estados sin autonomía fiscal alguna.

La eficacia del garrote presupuestal se ha hecho evidente en la absoluta falta de solidaridad del resto de los gobernadores de los partidos integrados en frente electoral. Ningún otro panista, pero tampoco ningún perredista ha roto una lanza por la causa de Javier Corral; y ningún otro gobernador se ha comprometido como el chihuahuense en un proceso de indagación parecido, lo que los muestra como cómplices del arreglo de captura de rentas estatales con fines particulares. El gobernador de Veracruz, por ejemplo, limitó las investigaciones sobre Javier Duarte a un asunto de enriquecimiento personal, pero no ahondó en la existencia de una trama similar a la que se ha exhibido en Chihuahua. La complicidad interpartidista como garantía de impunidad.

Javier Corral ha mostrado el camino a seguir si de combate a la corrupción se trata: investigación sólida y aplicación de la legalidad existente. Lástima que se trate de un llanero solitario que recorre los áridos campos de su estado, mientras en el resto del país se obstaculiza la construcción de fiscalías que sirvan aun en contra de los designios políticos.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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