El apagón analógico de la televisión avanza. El 17 de diciembre será en el Distrito Federal, el Estado de México y otras ciudades.

Sin cifras totalmente confiables sobre la entrega de los televisores digitales y de los hogares preparados para el cambio tecnológico, se aproxima la fecha límite: 31 de diciembre de 2015.

En este espacio de SinEmbargo (27 de octubre 2015) afirmé que se postergaría el apagón ante la maquinaria político-comunicacional puesta en operación por Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, para retrasar la transición tecnológica hasta junio o diciembre del 2016.

Acostumbrados a su capacidad de persuasión en la clase política y su estrecha relación histórica con el PRI, dimos por hecho que se cumpliría el objetivo del magnate de la televisión, pero algo sucedió en el transcurso de las horas y días siguientes. ¿Por qué disminuyó la presión de la Televisa al gobierno? ¿por qué no se hizo un escándalo mediático similar al que protagonizaron las televisoras cuando la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) resolvió llevar a cabo el apagón analógico en Tijuana, en 2013?

¿Podría interpretarse esta actitud como un cambio en las relaciones institucionales de Televisa? ¿o hubo un acuerdo en los más altos niveles del gobierno federal y los empresarios del sector para detener la guerra? Si fue esto último ¿que se negoció?

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Independientemente de los acuerdos y los apagones que vendrán en otras ciudades antes de que termine el año, es un hecho que no habrá una transición tecnológica total.

En primer lugar porque una importante cantidad de televisoras públicas no se han digitalizado. Al respecto, la presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Culturales y Educativas, Susana Solis, ha dicho que de 39 sistemas estatales de televisión, 29 no están no están preparados. Era de esperarse ante el desdén de los gobiernos estatales hacia su propia televisión. Por eso la Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre o TDT (Diario Oficial de la Federación, 11 de septiembre de 2014) señala en el artículo quinto transitorio que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) “establecerá un programa, en el ámbito de su competencia, para que la población continúe recibiendo este servicio público de interés general”.

En segundo lugar porque hay cientos estaciones complementarias -ubicadas en regiones remotas y rurales- de la televisión comercial y pública que tampoco han digitalizado sus transmisiones y no hay tiempo para que lo hagan antes de que termine este año.

Y en tercer lugar porque un número indeterminado de hogares no estarán listos para recibir las transmisiones digitales. Si nos basamos en la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de entregar televisores digitales al 90 por ciento de los hogares del padrón de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quedaría un 10 por ciento en la indefinición, tan sólo de ese listado de beneficiarios. Pero es obvio que serán muchos más -sobre todo las familias más marginadas- y el Estado está obligado a establecer condiciones para garantizar el acceso al servicio de televisión. ¿Se podría considerar el uso de la tecnologia satelital, como el DTH, para que nadie quede sin servicio, como lo prevé el artículo 14 de la mencionada política a la TDT?

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La transición hacia la TDT será incompleta.

En efecto, así ha ocurrido en otros países, como Estados Unidos o Canadá, pero el caso mexicano queda como uno de los ejemplos más notables de lo que no debe ser una política pública en radiodifusión por las siguientes razones: a) la incertidumbre ante el cambio de fechas del apagón y las ciudades en las que se llevaría a cabo este proceso, b) la litigiosidad por los amparos promovidos por las televisoras y la controversia constitucional impulsada por legisladores en 2010 para detener los cambios regulatorios, c) el uso electoral del programa de entrega de televisores, d) la opacidad en la toma de decisiones (¿a quién se le ocurrió regalar televisores en lugar de decodificadores? ¿qué presupuesto se ha destinado realmente para el equipamiento de hogares y el gasto operativo de entrega?), e) la nula participación de la sociedad en la definición de la política, y f) ante todo, el alto, el altísimo costo que tuvo para los mexicanos este programa, de al menos 26 mil millones de pesos sólo por la adquisición y distribución de los equipos, y adicionalmente el gasto por el reciclaje de las TV’s obsoletas.

Si todo se desarrolla conforme a lo previsto, el 31 de diciembre de 2015 viviremos un momento histórico en materia de medios de comunicación. El gobierno federal y el IFT estarán celebrando la llegada del nuevo año y la nueva etapa de la televisión mexicana. Pero no todo será miel sobre hojuelas. Además de que mucha gente se quedará sin servicio de televisión abierta, se habrá concretado uno de los más grandes dispendios de recursos -y sin consecuencia para los involucrados- en aras de la “inclusión digital”.

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Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), logró sentar en la misma mesa a sociedad civil, periodistas, gobiernos, órganos reguladores y empresarios de medios de comunicación para hablar sobre libertad de expresión y concentración mediática. Lo hizo los días 18 y 19 de noviembre en Bogotá, durante la Conferencia internacional “Medios libres e independientes en sistemas mediáticos plurales y diversos”, a la que también convocó la UNESCO.

Al final del foro, Lanza presentó un anteproyecto sobre estándares para prevenir y reducir la concentración mediática, es decir, lo que están obligados a hacer los Estados para que los medios de comunicación dejen de estar en pocas manos. El documento es sólo un borrador y podría cambiar antes de ser aprobado por la CIDH, pero refleja el propósito de impulsar desde este órgano internacional el pluralismo y la diversidad en los medios de comunicación para un ejercicio pleno y universal del derecho a la libertad de expresión. Enhorabuena.

Gabriel Sosa Plata

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