La lucha judicial contra el narcotráfico tiene grandes lagunas; una de ellas, la actuación de los jueces. ¿Cuántos de los narcos detenidos con bombo y platillo fueron puestos en libertad luego?
La corrupción y la presión de los delincuentes sobre quienes procuran justicia en México resulta cotidiana. Pero podemos saber fácilmente si los jueces deciden plata o plomo. ¿Dónde están los jueces amenazados por mantener en prisión a los peces gordos del crimen organizado? ¿Dónde están los jueces asesinados por condenar a 30 o 40 años a los grandes capos?
No hay una lista de jueces amenazados, tampoco nombres de jueces asesinados. Los hechos hablan por sí mismos. Y la duda surge de inmediato: ¿Están haciendo bien su trabajo los jueces para luchar desde el estamento judicial contra el crimen organizado?
Después de los reflectores, de los sujetos exhibidos con chalecos fosforescentes, con camisetas polos y otros elementos dentro de la parafernalia propagandistica del gobierno, tres cuartas partes de los narcos detenidos son liberados.
Nuevamente queda al descubierto que la guerra contra el narco iniciada por Felipe Calderón no es integral, porque no incluye un combate frontal contra el lavado de dinero, ni una lucha judicial para mantener en prisión a los delincuentes.
Las ultimas estadísticas disponibles hablan muy bien del vacío judicial que existe en torno a la guerra contra el narco. En los últimos nueve años de los 266 mil 525 presuntos narcotraficantes, fueron liberados 207 mil 732, casi el 80 por ciento. Y de los 266 mil 525 detenidos, sólo 37 mil 92 han sido sentenciados, lo que representa sólo el 13 por ciento, según datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.
Más concretamente, según datos obtenidos por la agencia de noticias Associated Press, de 2006 a 2009 arrestaron a 226,667 sospechosos de delitos relacionados con el narco, pero a menos de una cuarta parte de ellos se les logró fincar cargos y sólo el 15 por ciento recibió una sentencia.
Las cifras son desoladoras. Ejemplos: en Tamaulipas, el feudo de Cártel del Golfo detuvieron a 3,600 personas, pero luego de ellas quedaron liberadas 2,083; en Sinaloa arrestaron a 9,700 presuntos delincuentes, pero posteriormente dejaron en libertad a 5,606 y en Baja California de las 33,000 personas detenidas, 24,000 volvieron a disfrutar su libertad.
Estos números nos dicen que mucho de la narcoguerra es show y relumbrón. Son pocos los resultados, particularmente en esta materia. Tampoco en la incautación de droga. Hasta hace dos años, el gobierno presumía de haber incautado más de 78 toneladas de cocaína en el sexenio, pero resulta que durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se incautaron tres veces más, un total de 243 toneladas.
Pareciera que la guerra se produce sólo en el campo de batalla, es decir, en las ciudades y en el número de bajas, las cuales también hablan de un fracaso: 50 mil muertos muestran más bien un fracaso estrepitoso. ¿Dónde está entonces la eficacia de esta guerra? ¿Cómo piensa librarnos Felipe Calderón desde su actitud mesiánica de los narcos, si los como los detienen los liberan?
La figura del juez sin rostro, por tanto, parece innecesaria a la vista de los números. Sin embargo, hay propuestas interesantes, como la de Graciela Buchanan, presidenta del Tribunal de Justicia de Nuevo León quien acaba de anunciar que a los narcomenudistas los están juzgando desde el 5 de octubre tres jueces sin rostro. De manera valiente, Buchanan ha abierto camino en esta materia a pesar de que no se ha legislado a nivel local para aplicar la reforma de la Ley General de Salud. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló recientemente que la falta de legislación no era obstáculo para asumir la competencia en el narcomenudeo.
Los jueces sin rostro surgieron primero en Perú en 1981 en el poblado de Ayacucho. Esos jueces juzgaron los casos de terrorismo de Sendero Luminoso, dirigido por Abimael Guzmán. Luego fue necesario imitar la medida en Colombia para hacer frente a la narcoguerrilla de las FARC, los paramilitares y los crímenes de Estado.
Hay voces contra los jueces sin rostro como la de Juventino Castro y Castro exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro, diputado federal del PRD, que afirman que “si los ciudadanos dan la cara para acusar a los criminales, los jueces deben hacer lo mismo para juzgarlos”. Pero el éxito de los jueces sin rostro se ha visto en otros lugares, como en Perú, donde dictaron 365 sentencias; 269 condenatorias.
En un país como México donde el nivel de impunidad supera el 97 por ciento, es necesario reformar la procuración de justicia de manera urgente, considerando propuestas como estas. El primer problema que se presenta surge a la vista: la corrupción tiene infestado el sistema judicial mexicano. Y por tanto, cabe la posibilidad de que los jueces sin rostro sean delatados por sus propios compañeros corruptos.
Ante el colapso judicial que paraliza el flujo de justicia y reparación a las víctimas, la pregunta surge de manera esperanzadora: ¿Tendrán futuro los jueces sin rostro en México?
